En el Perú, la justicia enfrenta un problema grave que ya no se explica solo por la demora de los expedientes. Cuando una investigación penal se alarga sin resultados claros y proporcionales, el proceso mismo puede convertirse en un castigo anticipado. Una denuncia puede dañar a una persona antes de que exista una sentencia firme. El Estado tiene la obligación de perseguir el delito con firmeza, pero sin destruir injustamente a quien aún no ha sido condenado. Esta tensión entre eficacia y garantías es uno de los mayores desafíos del sistema actual.
El daño no afecta solo al investigado. Las pesquisas, los allanamientos, las filtraciones a los medios y la exposición pública golpean el honor, la dignidad, el patrimonio y la carrera de la persona. También impactan de manera directa a toda su familia, que vive la incertidumbre, el estigma social y las consecuencias económicas del proceso. Cuando se trata de autoridades, policías o miembros de las Fuerzas Armadas, la sospecha prolongada puede dañar, además, el prestigio de las instituciones a las que pertenecen. Una absolución posterior no devuelve los años perdidos ni repara por completo la reputación afectada. El costo humano e institucional de una investigación excesiva o mal conducida es real y profundo.
A esto se suma un riesgo que debe analizarse con seriedad y sin exageraciones: la posible ideologización de algunas investigaciones. Un fiscal debe partir siempre de los hechos y de las pruebas disponibles, no de una conclusión política ya decidida de antemano. Cuando la hipótesis se antepone a la evidencia, existe el peligro de seleccionar solo los elementos que la confirman y de dirigir la investigación en una sola dirección. Esto debilita la imparcialidad del sistema y genera desconfianza en la ciudadanía. La justicia pierde legitimidad cuando parece responder más a una agenda que a la búsqueda de la verdad.
Investigar a autoridades y militares exige un cuidado especial. Es indispensable perseguir los actos ilícitos cometidos desde el poder, porque nadie está por encima de la ley. Pero quienes ejercen funciones de Estado, sobre todo en materias de seguridad y defensa, necesitan seguridad jurídica para decidir dentro del marco legal. Si cada decisión operativa puede convertirse, años después, en una investigación interminable, se corre el riesgo de paralizar al funcionario y de favorecer, indirectamente, a quienes desafían al Estado. El equilibrio entre control y protección es esencial para que las instituciones funcionen con responsabilidad y sin temor injustificado.
La solución no es debilitar a fiscales ni a jueces. Al contrario, se les debe exigir mayor rigor y responsabilidad. Se necesitan plazos razonables, control judicial efectivo, trazabilidad de las decisiones, protección frente a filtraciones, evaluación objetiva de la evidencia, reparación cuando haya errores y sanciones ante dolo o negligencia inexcusable. La reforma integral del sistema ofrece una oportunidad para corregir estos desequilibrios.
El Perú no necesita una justicia débil frente al crimen. Necesita una justicia firme, eficaz y plenamente respetuosa de las garantías constitucionales. La persecución penal es indispensable, pero pierde legitimidad cuando se prolonga sin límites razonables o se ejerce sin el debido control. Entonces, se convierte en una sanción anticipada que afecta a personas, familias e instituciones. El verdadero desafío no es elegir entre eficacia o garantías, sino asegurar ambas. Solo una justicia que investiga con rigor, pero también se autolimita con el derecho, puede ser verdaderamente justa, creíble y compatible con un Estado democrático.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.