Durante la última década, la administración de justicia en el Perú ha experimentado un progresivo deterioro institucional y una creciente pérdida de confianza ciudadana. La independencia de jueces y fiscales, elemento esencial del Estado de derecho, enfrenta debilidades derivadas de fallas estructurales, deficiencias en los mecanismos de control y cuestionamientos sobre la actuación de determinados operadores del sistema.
La justicia debe garantizar el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos fundamentales. Por ello, la función jurisdiccional debe ejercerse con independencia, competencia, imparcialidad y estricto respeto al principio de legalidad. En materia penal, nadie puede ser investigado o sancionado por una conducta que no constituya delito conforme a una norma previa. La presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa y la debida motivación de las decisiones no son obstáculos para combatir el delito, sino garantías indispensables contra la arbitrariedad.
Esta problemática adquiere especial sensibilidad cuando alcanza a integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participaron en operaciones de defensa, seguridad interna, lucha contra el terrorismo o restablecimiento del orden público. Ningún servidor público está por encima de la ley y toda vulneración de derechos debe ser investigada. Sin embargo, tampoco resulta compatible con el Estado de derecho someter a personas a procesos prolongados o a imputaciones insuficientemente individualizadas, sin evidencia objetiva que sustente su responsabilidad.
Particular atención merece el tratamiento de los niveles superiores de comando. Las Fuerzas Armadas poseen una estructura vertical y jerárquica indispensable para el cumplimiento de su misión. Sin embargo, la existencia de subordinación no significa, por sí misma, conocimiento, autorización, participación o responsabilidad penal del superior respecto de cada acto ejecutado por un subordinado. La responsabilidad penal debe ser personal, concreta y sustentada en pruebas.
Cuando la posición jerárquica se convierte en el principal fundamento de una acusación, existe el riesgo de generar una estigmatización particularmente perjudicial de los comandos. Se puede terminar asociando la condición de superior jerárquico con hechos cuya responsabilidad individual no ha sido demostrada. Esto afecta el honor, la trayectoria y la dignidad profesional de los oficiales y puede proyectar un desprestigio injustificado sobre toda la institución.
Las consecuencias tampoco se limitan al investigado. Una acusación prolongada puede provocar graves efectos económicos, profesionales y emocionales en su familia. Cónyuges, hijos y padres pueden enfrentar incertidumbre, gastos de defensa, pérdida de oportunidades y exposición pública durante años. Incluso una posterior absolución o conclusión favorable puede no reparar completamente el daño producido a la reputación y a la estabilidad familiar.
Para quienes han dedicado su vida al servicio de la nación, el honor, el deber, la disciplina, la lealtad y el compromiso con la patria constituyen valores esenciales de su identidad profesional. Una imputación que se perciba como arbitraria o insuficientemente sustentada puede ser experimentada como una profunda ofensa a esos valores y a toda una trayectoria de servicio. El respeto a la dignidad humana exige que estos efectos sean considerados dentro de cualquier actuación estatal.
El problema también tiene una dimensión institucional. Cuando determinados procesos terminan proyectando una imagen generalizada de sospecha sobre las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, puede deteriorarse la confianza ciudadana, la moral interna y la cohesión institucional. Investigar responsabilidades individuales no debe transformarse en una forma de deslegitimación colectiva. La fortaleza de las instituciones exige distinguir claramente entre la responsabilidad de una persona y la reputación de toda una organización.
Otro punto crítico es el uso de la prisión preventiva. Su naturaleza debe ser excepcional y estar justificada por circunstancias concretas previstas por la ley. No puede transformarse en una pena anticipada. Cuando una persona permanece privada de libertad durante largos períodos sin sentencia firme, se comprometen seriamente la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales. El problema se agrava cuando existe una intensa exposición mediática que produce una condena social antes de la judicial.
Del mismo modo, la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado requiere herramientas eficaces, pero estas deben aplicarse con precisión, evidencia verificable e individualización de responsabilidades. La eficacia investigativa no puede confundirse con procesos indefinidos capaces de destruir el honor, el patrimonio y la estabilidad de personas que finalmente podrían no ser condenadas.
Frente a este escenario, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de control de jueces y fiscales. La independencia judicial debe estar acompañada de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. La Junta Nacional de Justicia y las demás instituciones competentes deben contar con mecanismos eficaces para prevenir y sancionar arbitrariedades, corrupción o inconductas funcionales, respetando igualmente el debido proceso.
La reforma de la justicia peruana debe recuperar la meritocracia, la predictibilidad, la calidad de las investigaciones y la responsabilidad de quienes ejercen el poder jurisdiccional. En el ámbito militar y policial, debe garantizarse, además, seguridad jurídica para quienes cumplen legítimamente sus funciones constitucionales, sin crear espacios de impunidad.
El Perú necesita una justicia firme frente al delito, pero igualmente firme frente a la arbitrariedad. Investigar y sancionar a quien corresponda es una obligación del Estado; proteger al inocente frente a acusaciones injustificadas también lo es. La responsabilidad penal debe ser siempre individual y probada, nunca presumida por la jerarquía o pertenencia institucional.
Cuando la justicia pierde legitimidad, no solamente sufre quien enfrenta un proceso. Sufren también su familia, su honor, su profesión y las instituciones a las que pertenece. Finalmente, pierde la sociedad, porque un Estado de derecho solo puede ser fuerte cuando sus ciudadanos confían en que la ley constituye una garantía de justicia y no un instrumento de incertidumbre o arbitrariedad.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.