La memoria de la violencia política peruana continúa dividida porque el país aún no ha construido un consenso mínimo sobre sus causas, responsabilidades y consecuencias. Más de dos décadas después del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el debate permanece atrapado entre interpretaciones parciales: unas explican la violencia principalmente por la pobreza y la exclusión; otras, al destacar la derrota del terrorismo, tienden a minimizar los excesos cometidos por agentes estatales. La reconciliación exige superar ambos reduccionismos y reconocer la complejidad de la historia.
La CVR estableció que la decisión de Sendero Luminoso de iniciar la lucha armada constituyó la causa inmediata y fundamental de la violencia y atribuyó a esta organización la principal responsabilidad por las víctimas fatales. Su estimación de 69.280 muertos o desaparecidos convirtió aquel periodo en el episodio de violencia más letal de la República. También documentó asesinatos, desapariciones forzadas y torturas cometidos por algunos agentes estatales. Ambas realidades deben reconocerse simultáneamente: condenar el terrorismo no significa justificar los excesos del Estado, y reconocer estos últimos no puede diluir la responsabilidad de quienes desencadenaron la violencia.
Sendero Luminoso fue una organización terrorista de inspiración maoísta que pretendió destruir el Estado mediante la violencia y el terror. La CVR le atribuyó aproximadamente el 54 % de las víctimas fatales estimadas. El MRTA, aunque tuvo una responsabilidad menor, también cometió asesinatos, secuestros, atentados y otras violaciones a los derechos de las personas. Estas responsabilidades deben enseñarse con claridad, sin eufemismos ni falsas equivalencias.
La violencia, sin embargo, no puede comprenderse únicamente desde las organizaciones subversivas. También estuvieron presentes la debilidad institucional, profundas fracturas sociales, respuestas estatales ilegales y la defensa de numerosas comunidades. Los comités de autodefensa desempeñaron un papel importante en la derrota de Sendero Luminoso, aunque algunos de sus integrantes también cometieron excesos. Reconocer su sacrificio implica evitar tanto la idealización como la descalificación colectiva.
La disputa por la memoria tiene consecuencias estratégicas. Cuando el Estado no ofrece una narrativa sustentada en evidencia, el espacio es ocupado por propaganda, intereses políticos y simplificaciones. Esto afecta la confianza ciudadana, la educación histórica y la legitimidad de las instituciones encargadas de la seguridad nacional.
Por ello, el Perú necesita una política de memoria basada en documentos, testimonios, archivos accesibles e investigaciones independientes. Debe enseñar el carácter terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA, explicar que las Fuerzas Armadas y la Policía tienen el deber de proteger la democracia dentro del marco constitucional y reconocer tanto a las víctimas como a quienes defendieron al país.
La reconciliación no consiste en imponer una interpretación única, sino en establecer un piso factual común. Para alcanzarlo se requieren educación histórica, cumplimiento de las reparaciones también a los deudos de las fuerzas del orden, preservación de archivos y una justicia capaz de investigar sin privilegios ni venganzas. También es necesario que las instituciones armadas asuman su historia con responsabilidad, diferenciando el honor de quienes cumplieron su deber de los excesos que deben ser sancionados.
El Perú no necesita una verdad oficial impuesta, sino una verdad pública respaldada por evidencia. Solo así podrá honrar a las víctimas sin instrumentalizarlas, reconocer a quienes defendieron la democracia sin encubrir excesos y transmitir a las nuevas generaciones una convicción esencial: ningún proyecto político justifica el terror y ningún Estado puede proteger la libertad violando la ley. La reconciliación será posible cuando esa convicción se transforme en educación, instituciones y políticas permanentes.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.