Durante la segunda vuelta electoral para elegir presidente de la República (el 07/06/2026), observando serenamente los resultados, ya se veía «venir» la probabilidad de que continúen las «confrontaciones políticas», no solo entre las organizaciones que participaron en las elecciones generales (del 12/04/2026), sino entre los electos para el Poder Legislativo —60 en la Cámara de Senadores y 130 en la de Diputados— y el Ejecutivo. Ya opinamos al respecto.
En esa segunda vuelta, la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, obtuvo 9 223 396 votos (50,13 %) y Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, 9 173 755 (49,86 %). Estaban casi mitad y mitad. En ese momento ya se conocía que, en la Cámara de Senadores, Fuerza Popular obtuvo 22; Juntos por el Perú, 14; Renovación Popular, 8; El Buen Gobierno, 7; Obras, 5; y Ahora Nación, 4. Y en Diputados, Fuerza Popular obtuvo 41; Juntos por el Perú, 32; Renovación Popular, 18; Buen Gobierno, 15; Obras, 14; y Ahora Nación, 10.
En ambas cámaras se presentía que Fuerza Popular recibiría el «apoyo» de Renovación Popular y ambos sumarían 30 senadores, mientras que los probables aliados —Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras— sumarían 26. Y en Diputados, Fuerza Popular más Renovación Popular sumarían 59 y, por otro lado, juntándose Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras, tendrían 61. Para dar mayoría en ambas cámaras, Ahora Nación, con sus 4 senadores y 10 diputados, sería la que se incline por uno u otro para dar mayoría. Y se presagiaba que habría confrontaciones políticas para «afectar» a la presidenta electa. ¡Y ya comenzaron!
En el Senado, Miguel Ángel de Torres, de Fuerza Popular, ganó la presidencia del Senado en una votación ajustada (de 30 contra 29) y, en Diputados, Óscar Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno, con 74 votos. Evidenciaba que Juntos por el Perú, Obras, el Buen Gobierno y Ahora Nación integraron el bloque opositor denominado «Consenso por la Democracia» en el Congreso bicameral. Este grupo político ha emitido diversos pronunciamientos conjuntos para oficializar su alianza y postulación a las Mesas Directivas del Parlamento [sic].
Esa «alianza» política de los partidos opuestos a Keiko Fujimori y a su partido, Fuerza Popular, no solamente buscaría confrontarla en ambas cámaras del Legislativo, sino que iba a generar problemas en las decisiones que se adopten en el Ejecutivo —Presidencia de la República y ministros— para ejecutar intervenciones en infraestructura contempladas en su plan de gobierno. De ellas, gran parte no son proyectos nuevos, sino obras pendientes y ampliaciones y/o modernizaciones que ya fueron planteadas en administraciones anteriores. Están: primero, adoptar medidas para evitar estragos causados por el Fenómeno del Niño; la lucha contra la delincuencia; los accesos al Aeropuerto Jorge Chávez; la Nueva Carretera Central; la Línea 2 del Metro de Lima; la construcción de nuevos penales y aeropuertos regionales, etc.
Un efecto claro de las confrontaciones generará la desconfianza de los empresarios que deseen invertir en el Perú en la mayor exploración y explotación de nuestras riquezas naturales, las que, a su vez, con valor agregado, se destinen a los mercados nacionales y, principalmente, a los internacionales. Si hubiera nuevas inversiones, se requerirían muchos más trabajadores estables y con remuneraciones racionales para atender las necesidades familiares.
Las confrontaciones entre políticos desde el Legislativo —que no son nuevas en el Perú— perjudicarán al Perú y a su pueblo, pues generarán inestabilidad institucional, parálisis en la gestión pública, polarización social y desconfianza ciudadana en el sistema democrático, porque frenarían el crecimiento económico al espantar la inversión privada y deteriorar la calidad de vida de la población, incrementando el trabajo informal y la pobreza. Paulatinamente habrá protestas; obviamente, la tensión política se trasladará a las calles, afectando la paz interna.
Ante ello, es imprescindible que los «candidatos» electos para el Congreso y el Ejecutivo comprendan que los ciudadanos han votado por ellos para que, una vez electos, se ocupen, en sus respectivos cargos, de trabajar con inteligencia, honestidad y responsabilidad —alejados de la corrupción— para no solo resolver los problemas nacionales que están agobiando a los ciudadanos, sino para que generen un permanente desarrollo del país, consolidando la economía nacional para que, sin inflación ni devaluación monetaria, todos los trabajadores, sin excepción, tengan una buena calidad de vida y el Estado —cada vez con mayores ingresos por impuestos— pueda cumplir su obligación constitucional de brindar óptimos servicios de salud, educación, seguridad, infraestructura, etc.
José Roberto Rendón Vásquez.
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).