Vivimos un momento en el que la alerta frente a fenómenos como el del Niño que ya estamos experimentando en su fase moderada y el de los terremotos que han azotado a Venezuela, Colombia, Indonesia y el Perú con menor intensidad destructiva, es el comentario de todos los medios. En muchos periódicos se publican entrevistas de su página central en las que los entrevistados repiten hasta del cansancio que el pueblo peruano no está preparado para enfrentar eventos de esa naturaleza catastrófica.
¿Pues bien ante esas afirmaciones públicas recurrentes yo me pregunto en qué consiste estar preparados frente a la desgracia? No hay respuesta fácil a semejante desafío pero quisiera comenzar por lo más básico y fundamental: los servicios públicos de agua, desagüe, electricidad, combustibles, vialidad, puertos, aeropuertos, transportes, entre muchas facilidades esenciales que dependen del gobierno central, gobiernos regionales, municipalidades y empresas estatales e incluso privadas. Todas esas entidades en el nivel y régimen legal que fuere, deben examinar su situación interna y determinar sus fortalezas y debilidades para hacer frente a la posibilidad de un colapso por un desastre natural en el momento que se produzca. No deben esperar una orden del gobierno central para llevar a cabo ese examen, que se convierte en una tarea a ser ejecutada sin dilación alguna. Si ya lo están haciendo en buena hora, de no ser así que empiecen cuanto antes.
¿Pero qué hacer respecto de la infraestructura de las construcciones, edificios, viviendas, oficinas, fábricas, centros de trabajo, vialidad, carreteras, caminos, mercados y otras más? En ese aspecto debemos partir de la base que las edificaciones formales han debido ser autorizadas y supervisadas por las autoridades municipales correspondientes a nivel distrital, provincial y metropolitano. Tal enumeración no comprende a las edificaciones informales, muchas de las cuales se asientan sobre cerros, colinas, promontorios, arenas desérticas, playas, lechos de ríos, terrenos baldíos, etc.
En todos estos casos y muchos otros que se escapan de tal enumeración, solo queda un trabajo paciente y minuciosos de inspección en primer lugar por las autoridades municipales a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Podrán hacerlo? He ahí una pregunta que no resulta fácil responder que sin embargo debe ser planteada y resuelta en una forma que involucre a todos los sectores de la población, desde la Presidencia de la República, Consejo de Ministros, ministerios, empresas públicas y privadas, así como muy especial y primordialmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que cuentan con el personal, equipo y entrenamiento para coadyuvar en esa tarea.
Sin embargo, hay un aspecto adicional que se debe tener en cuenta, una moral nacional basada en una corriente de opinión pública que apoye semejante esfuerzo y que también involucre la decisión del pueblo peruano dispuesto a sacrificar parte de su tiempo y descanso para hacerlo realidad. El fenómeno del Niño podrá tener una mayor o menor intensidad con respecto a lo previsto. Los sismos podrán o no volver a ocurrir en nuestro tiempo de vida con igual o mayor efecto devastador, pero si tenemos la serena decisión de sobreponernos a todos estos fenómenos el Perú habrá ganado muchísimo.
Martín Belaunde Moreyra.
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.