El Perú enfrenta una transformación criminal. La extorsión, el sicariato, el secuestro, el homicidio, el narcotráfico y la minería ilegal convergen en un ecosistema que desafía la autoridad del Estado. Lima y Callao enfrentan violencia organizada, mientras que Trujillo, Chiclayo y Piura afrontan una presión creciente. Trujillo resulta emblemático: los hechos recientes muestran que los estados de emergencia pueden contener temporalmente la violencia, pero no desarticulan las estructuras que la producen.
El origen de buena parte de esta criminalidad se encuentra en las economías ilícitas. La minería ilegal genera recursos que pueden financiar corrupción, lavado de activos, armas, trata de personas, extorsión y sicariato. Cuando estas actividades se consolidan en lugares donde la presencia estatal es débil, crean redes económicas y criminales. El problema adquiere así una dimensión de seguridad nacional.
El dinero criminal necesita protección. De allí surge otro riesgo estratégico: la infiltración de intereses ilícitos en las instituciones públicas mediante corrupción, cooptación, tráfico de influencias, financiamiento ilegal o captura de funcionarios. Cuando una organización obtiene información privilegiada, anticipa operaciones o compra protección, la corrupción se convierte en un multiplicador de poder. La respuesta exige inteligencia financiera e investigaciones concretas.
La criminalidad también prospera por factores sociales y territoriales: informalidad, fronteras vulnerables, proliferación de armas, mercados clandestinos y debilidad institucional. Los penales agregan una vulnerabilidad crítica. Si los cabecillas mantienen acceso a celulares, recursos y canales de comunicación, pueden continuar ordenando delitos desde prisión.
Por ello, surge una pregunta esencial: ¿será eficaz emplear a las Fuerzas Armadas en el control exterior de los penales cuando el problema principal está dentro? La respuesta es solo parcialmente afirmativa. El control perimetral puede prevenir fugas, ataques externos e ingresos ilícitos, pero no elimina la corrupción interna, las redes de mando ni las comunicaciones clandestinas. Asegurar los muros sin recuperar los pabellones sería proteger la prisión mientras el crimen conserva el mando.
La solución requiere una arquitectura de seguridad por capas. Las Fuerzas Armadas pueden asumir funciones externas cuando la ley lo permita; el INPE debe recuperar el control profesional del interior; la Policía debe investigar y desarticular redes; y el Ministerio Público y el Poder Judicial deben garantizar la persecución penal y la aplicación efectiva de la justicia. La inteligencia conjunta debe conectar lo que ocurre dentro del penal con las estructuras que operan afuera.
Las capacidades militares constituyen un recurso estratégico. El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea aportan personal, movilidad terrestre, marítima y aérea, ingeniería, logística, comunicaciones, vigilancia y planeamiento. Pueden ser útiles para el control territorial, la protección de infraestructura crítica y la interdicción de economías ilícitas. Sin embargo, deben complementar, nunca sustituir, la investigación policial y la justicia.
En situaciones excepcionales, algunas organizaciones podrían requerir el empleo de capacidades militares especializadas si existe una calificación jurídica y factual que permita tratarlas como grupos hostiles. La gravedad delictiva no basta. Deben existir condiciones objetivas relacionadas con su organización, capacidad armada y nivel de confrontación con el Estado. Alcanzado ese umbral, las fuerzas especializadas podrían aportar eficacia táctica, con inteligencia, objetivos legítimos, mando definido y reglas claras para el uso de la fuerza.
El control externo es indispensable. El Congreso, la Defensoría del Pueblo y los órganos de control deben fiscalizar la legalidad, la proporcionalidad, los resultados y las responsabilidades. La autoridad militar se fortalece cuando actúa bajo mecanismos de rendición de cuentas.
La eficacia debe medirse por la reducción de homicidios y extorsiones, el control de los penales, la recuperación territorial y la desarticulación de redes. Cada operación debe producir inteligencia; cada captura debe conducir hacia la estructura superior; y cada decomiso debe permitir rastrear el dinero.
El Perú no necesita escoger entre fuerza y Estado de derecho. Necesita integrarlos bajo una estrategia permanente de seguridad nacional. Recuperar el perímetro sin recuperar el interior sería insuficiente; recuperar los penales sin atacar sus redes externas también. La batalla decisiva consiste en impedir que el dinero ilícito se transforme en corrupción, que la corrupción genere impunidad y que la impunidad termine convirtiéndose en poder criminal. Romper ese ciclo es recuperar el Estado.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.