El Perú enfrenta una coyuntura excepcional. El gobierno de Keiko Fujimori, iniciado el 28 de julio de 2026, recibe un Estado amenazado por tres factores que ya no pueden analizarse separadamente: la inseguridad y la criminalidad organizada, el fenómeno de El Niño global y la corrupción. Los tres convergen en una misma exigencia: autoridades capaces de anticipar riesgos, coordinar instituciones y actuar con firmeza. En esta tarea, el ministro de Defensa y el comandante general de la Policía Nacional tienen una responsabilidad que no admite improvisación.
Aquí cobra vigencia el principio de Peter, formulado por Laurence J. Peter: “En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia”. Una persona puede ser competente en una función y fracasar cuando asciende a otra que exige conocimientos, liderazgo y capacidades diferentes. En el Estado, ese desajuste puede traducirse en pérdida de autoridad, recursos desperdiciados y vidas humanas.
El primer caso corresponde al ministro de Defensa. Dirigir esta cartera exige conocimientos especializados en estrategia, doctrina militar, inteligencia, geopolítica, logística, planeamiento y relaciones político-militares. Cuando el titular carece de una trayectoria desarrollada específicamente en el ámbito de la defensa, la Presidencia debe compensar esa brecha con un equipo profesional de alto nivel. No basta con administrar políticamente el ministerio: hay que comprender las capacidades militares, sus límites constitucionales y su empleo frente a amenazas complejas.
La primera amenaza es la inseguridad. El crimen organizado, el sicariato, la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y la minería ilegal ya no son únicamente problemas policiales: representan una amenaza directa a la autoridad del Estado. Estas organizaciones buscan controlar territorios, penetrar instituciones y corromper funcionarios. Por ello, Defensa y la Policía deben compartir inteligencia, coordinar operaciones y recuperar progresivamente el control territorial.
La corrupción constituye el puente entre la criminalidad y el debilitamiento institucional. El dinero ilícito puede comprar información, protección, contratos y silencios. Un funcionario que filtra una operación, un agente que protege a una organización criminal o una contratación fraudulenta de equipos de seguridad reducen directamente la capacidad operativa del Estado. Combatir el delito sin desmantelar sus redes de corrupción significa enfrentar solamente sus consecuencias.
El fenómeno de El Niño global agrega otra dimensión estratégica. Inundaciones, huaicos, destrucción de carreteras, interrupción de comunicaciones y desplazamiento de poblaciones pueden generar vacíos de autoridad y nuevas oportunidades para las organizaciones criminales. La corrupción puede multiplicar el daño mediante obras deficientes, sobrecostos, contratos direccionados o el desvío de recursos destinados a la prevención y reconstrucción. Las capacidades militares de transporte, ingeniería, comunicaciones y logística deben integrarse anticipadamente a la respuesta nacional.
El segundo caso es el comandante general de la Policía Nacional. Su experiencia en inteligencia e investigación criminal constituye una fortaleza, pero la pregunta decisiva es si esas capacidades están produciendo resultados frente a la dimensión actual de la amenaza. La crisis de Trujillo, con cuatro asesinatos y el secuestro de un empresario, volvió a mostrar la necesidad de fortalecer la prevención, la inteligencia y la coordinación operacional.
La posterior exposición pública de diferencias entre autoridades durante las explicaciones sobre el operativo reveló una deficiencia que no puede repetirse. En una crisis, la coordinación comunicacional también forma parte del mando. La ciudadanía necesita saber quién conduce, qué se está haciendo y cuáles son los resultados.
La conclusión es integral. Defensa y la Policía no pueden actuar como compartimentos separados. Necesitan una arquitectura común de seguridad que integre inteligencia, prevención, operaciones, lucha anticorrupción y respuesta ante desastres. El ministro de Defensa debe demostrar conducción estratégica; el comandante general de la PNP, eficacia operacional.
La respuesta no consiste simplemente en cambiar nombres. Se necesitan objetivos medibles, evaluación permanente, inteligencia compartida, controles anticorrupción, transparencia en las adquisiciones y rendición de cuentas. Si los responsables cumplen, deben continuar; si fracasan sistemáticamente, deben ser reemplazados.
El principio de Peter advierte sobre sistemas que colocan a funcionarios por encima de sus capacidades. En el Perú de 2026, permitirlo en Defensa y la Policía no sería solamente un error administrativo: podría facilitar la expansión criminal, profundizar la corrupción y reducir la capacidad del Estado para enfrentar simultáneamente la violencia, la emergencia climática y la defensa de la institucionalidad nacional.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.