El paquete de 66 solicitudes constituye la primera gran prueba del nuevo sistema bicameral. El desafío consiste en convertir la urgencia en una estrategia nacional, fortalecer las capacidades del Estado y construir acuerdos orientados a resultados verificables.
El Gobierno de Keiko Fujimori ha solicitado facultades para legislar durante 120 días en ocho grandes materias: seguridad ciudadana, micro y pequeñas empresas, empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo, tributación, reforma del Estado, vivienda y saneamiento. La amplitud de la propuesta confirma que el país enfrenta problemas acumulados que atraviesan prácticamente toda la organización pública.
El Perú necesita respuestas rápidas frente a la criminalidad, la extorsión, la vulnerabilidad penitenciaria, el fenómeno de El Niño, la informalidad, la baja productividad y la lentitud administrativa. Sin embargo, la velocidad normativa solo producirá resultados cuando esté acompañada de estrategia, capacidad operativa, presupuesto, información, tecnología, responsables y mecanismos de control.
Una ley puede modificar procedimientos. Un decreto legislativo puede crear instrumentos. Pero ninguna norma, por sí sola, fortalece al Estado.
De una suma de facultades a una estrategia nacional
El principal riesgo del paquete radica en tratar las 66 solicitudes como una acumulación de iniciativas sectoriales. Seguridad, desarrollo productivo, financiamiento, infraestructura, transformación digital, empleo y reforma estatal forman parte de un mismo sistema y deberían responder a objetivos nacionales claramente priorizados.
El pedido necesita organizarse alrededor de cuatro misiones de Estado:
- Recuperar la seguridad y la autoridad democrática, fortaleciendo la Policía, la justicia, el sistema penitenciario, la inteligencia y la prevención del delito.
- Construir resiliencia frente a El Niño, protegiendo a las personas, la infraestructura, las empresas, los productores agrarios, los pescadores y las carteras crediticias expuestas.
- Impulsar la formalización, la productividad y la inversión, facilitando el crecimiento de las MYPE, el acceso al financiamiento y la ejecución responsable de infraestructura.
- Modernizar la gestión pública mediante la interoperabilidad, la transformación digital, la simplificación administrativa, la profesionalización del servicio civil y la toma de decisiones sustentadas en información.
Cada decreto debería señalar a cuál de estas misiones contribuye, qué problema específico resuelve, cuál es su línea de base, qué resultado espera alcanzar, cuánto costará, qué institución será responsable y en qué plazo se evaluará.
Sin esa arquitectura, el país podría terminar con decenas de normas desconectadas y una capacidad estatal prácticamente inalterada.
El fortalecimiento del Estado como propósito central
Reformar el Estado significa mejorar su capacidad para prevenir, decidir, coordinar, ejecutar y rendir cuentas. También implica distinguir entre aquello que requiere una norma y aquello que demanda una mejor gestión.
El fortalecimiento estatal debe traducirse en presencia territorial, funcionarios competentes, sistemas interoperables, procesos ágiles, compras transparentes, continuidad operativa y coordinación efectiva entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades.
La delegación debería incluir un mapa de capacidades institucionales. Antes de otorgar una nueva responsabilidad a una entidad pública, corresponde verificar si cuenta con personal, tecnología, presupuesto y autoridad suficientes para cumplirla.
Esta precisión resulta especialmente importante en seguridad, inteligencia, gestión de desastres, vivienda, saneamiento y formalización empresarial. La distancia entre una norma ambiciosa y una institución débil suele convertirse en frustración ciudadana.
Un Pacto por el Perú
La magnitud del paquete supera la relación ordinaria entre el Ejecutivo y el Congreso. Requiere un Pacto por el Perú construido alrededor de prioridades nacionales, responsabilidades institucionales y resultados medibles.
Este pacto no debe entenderse como una distribución de cuotas ni como un acuerdo para aprobar automáticamente las 66 solicitudes. Debe ser un compromiso público entre el Ejecutivo, la Cámara de Diputados, el Senado, los gobiernos subnacionales y los principales actores económicos y sociales.
El acuerdo debería contener, como mínimo:
- Prioridades nacionales expresamente definidas.
- Separación entre medidas urgentes, reformas habilitantes y transformaciones estructurales.
- Un cronograma público de los decretos que se proyecta emitir.
- Protección de los derechos fundamentales y de los datos personales.
- Evaluación fiscal, laboral, ambiental y territorial.
- Indicadores de cumplimiento y responsables identificados.
- Rendición periódica de cuentas ante el Congreso y la ciudadanía.
- Evaluación posterior de los resultados alcanzados.
El pacto debe orientarse a políticas de Estado capaces de mantenerse más allá de una administración. La seguridad, la resiliencia climática, la formalización y la modernización pública requieren continuidad institucional.
La doble responsabilidad del Congreso bicameral
El actual procedimiento legislativo incorpora una variable decisiva. La Cámara de Diputados constituye la primera instancia de evaluación, pero su decisión no es definitiva.
De acuerdo con la Constitución reformada, el Senado puede aprobar, modificar o rechazar las propuestas remitidas por la Cámara de Diputados. Si introduce modificaciones, puede remitir la autógrafa al presidente de la República para su promulgación. Si rechaza el proyecto, este se archiva. Posteriormente, el Senado también ejerce control sobre los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo.
Esto significa que la estrategia parlamentaria no puede concentrarse únicamente en la Cámara de Diputados. El contenido final de la delegación puede cambiar sustancialmente durante la revisión senatorial.
La bicameralidad ofrece una oportunidad para elevar la calidad normativa, pero su valor dependerá de la independencia técnica, la transparencia y la responsabilidad con las que actúen ambas cámaras. Cuando las mayorías políticas coinciden, la revisión podría reducirse a una formalidad. Cuando se enfrentan, el procedimiento podría convertirse en un espacio de bloqueo.
El Pacto por el Perú debe evitar ambos extremos. La deliberación bicameral necesita comenzar desde el diseño de la delegación, mediante criterios públicos compartidos y límites previamente acordados.
Una delegación por capas y resultados
La respuesta parlamentaria más responsable consiste en estructurar la autorización por capas.
La primera debe comprender medidas inmediatas frente a la inseguridad y El Niño: control de comunicaciones ilícitas, trazabilidad de armas y dispositivos, atención de desastres, vivienda temporal, agua, protección productiva y continuidad financiera.
La segunda debe incluir reformas económicas y administrativas con sustento técnico: MYPE, financiamiento productivo, innovación, infraestructura, simplificación y transformación digital.
La tercera debe reunir las materias de mayor sensibilidad constitucional e institucional: legislación penal, legítima defensa, participación de las Fuerzas Armadas, inteligencia, régimen laboral, tributación y reorganización estructural del Estado. Estas reformas requieren mayor precisión, evidencia y deliberación.
Los 120 días deberían acompañarse de hitos de cumplimiento. El Gobierno tendría que informar qué normas emitirá durante los primeros 30, 60, 90 y 120 días, así como los resultados esperados durante el primer año de implementación.
La oportunidad histórica
El Perú necesita un Estado con autoridad democrática, capacidad de ejecución y legitimidad. El paquete de facultades puede contribuir a construirlo si se integra dentro de una estrategia nacional y se somete a controles claros.
La Cámara de Diputados debe evaluar con rigor. El Senado debe ejercer una revisión técnica, transparente y responsable. El Ejecutivo debe transformar las autorizaciones recibidas en resultados medibles para la población.
El verdadero debate supera la pregunta de cuántas facultades serán aprobadas. La pregunta central es qué Estado necesita el Perú, qué capacidades debe desarrollar y qué compromisos asumirán sus instituciones para hacerlo realidad.
Las facultades legislativas son un instrumento. El propósito superior debe ser un Estado fortalecido y un país capaz de construir acuerdos.
Ese es el Pacto por el Perú que corresponde impulsar.
César Augusto Novoa Chávez
CEO de NOZA Investment Company SAC Perú y un líder estratégico con más de 25 años impulsando crecimiento, innovación y transformación en entornos altamente competitivos. Su trayectoria integra finanzas, gestión de riesgos, tecnología y dirección comercial, con posiciones clave en Derrama Magisterial, Banco Azteca / Grupo Salinas y Banco del Trabajo. Reconocido por convertir la visión en ejecución, diseña e implementa modelos escalables orientados a valor, rentabilidad y sostenibilidad. Es docente internacional de posgrado y columnista. Economista (Universidad Nacional de Piura) y MBA (ESAN), con especializaciones en Riesgos Financieros (ESAN & Tecnológico de Monterrey), Transformación Digital & Fintech (Copenhagen Business School) y Business Sustainability (University of London).