El Perú enfrenta una verdad incómoda: existe una profunda distancia entre buena parte de su clase política y la realidad cotidiana de los ciudadanos que dice representar. Mientras millones de peruanos enfrentan informalidad, inseguridad, servicios públicos precarios y un elevado costo de vida, el Congreso administra una estructura considerable de recursos y personal. Esa brecha entre las urgencias sociales y la percepción de beneficios parlamentarios termina erosionando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
El problema no radica en que un parlamentario reciba una remuneración acorde con la responsabilidad de su cargo, sino en los mecanismos mediante los cuales se determinan y fiscalizan sus beneficios. Que una prerrogativa sea legal no significa necesariamente que resulte razonable, proporcional o políticamente justificable. La legalidad es apenas el punto de partida; la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas son también exigencias propias de una democracia.
El presupuesto del Congreso alcanzó aproximadamente S/ 1,413 millones en 2025. Desde julio de este año, además, el Perú ha retornado al sistema bicameral, con un Senado y una Cámara de Diputados. Esta reforma puede contribuir a mejorar la deliberación legislativa y el control político, pero también plantea el desafío de impedir que la nueva estructura termine multiplicando burocracia, asesores, oficinas y gastos sin una mejora equivalente en los resultados que recibe el ciudadano.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿qué recibe el ciudadano a cambio de cada sol destinado al Parlamento?
Un Congreso legítimo debe producir mejores leyes, fiscalizar eficazmente al Ejecutivo, representar a la ciudadanía y ejercer un control riguroso sobre el presupuesto público. Si el gasto aumenta y los resultados no pueden ser demostrados, la institución enfrenta inevitablemente cuestionamientos sobre su eficiencia y sobre la manera en que administra los recursos confiados por los contribuyentes.
La bicameralidad debería ser una oportunidad para elevar esos estándares, no simplemente para reproducir las prácticas del antiguo Congreso en dos cámaras. El Senado y la Cámara de Diputados tendrán sentido para la ciudadanía si aportan una deliberación más rigurosa, mejores normas y una fiscalización efectiva. De lo contrario, crecerá la percepción de que el país construyó únicamente un Parlamento más grande y más costoso.
La discusión sobre remuneraciones y beneficios de los altos funcionarios merece también reglas que reduzcan los conflictos de interés. Una alternativa que debería formar parte del debate institucional es establecer criterios técnicos, públicos y objetivos para determinar remuneraciones, asignaciones y otros beneficios, evitando que quienes reciben esos recursos tengan un control prácticamente exclusivo sobre las condiciones económicas que los favorecen.
Los gastos de representación deben estar debidamente sustentados y ser accesibles al escrutinio ciudadano. La contratación de asesores debería responder a perfiles profesionales verificables, funciones claramente establecidas y responsabilidades identificables.
El Congreso ya dispone de mecanismos de transparencia mediante los cuales publica información sobre asistencia, votaciones, declaraciones juradas, informes de gestión, viajes e indicadores de actividad parlamentaria. El siguiente paso debería ser convertir esa información en instrumentos sencillos que permitan al ciudadano evaluar y comparar desempeño, productividad legislativa, funcionamiento de las comisiones, fiscalización y utilización de los recursos públicos.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto cuesta cada órgano del Estado, qué resultados produce y quién responde cuando esos resultados no llegan. La rendición de cuentas no debería ser un procedimiento que se activa únicamente ante un escándalo o una investigación periodística. Debe formar parte del funcionamiento cotidiano de las instituciones.
El Perú no necesita parlamentarios pobres; necesita parlamentarios responsables. Tampoco necesita un Congreso barato a cualquier precio, porque legislar, representar y fiscalizar adecuadamente requiere profesionales, equipos técnicos e infraestructura. Lo que necesita es un Parlamento capaz de explicar y justificar cada sol utilizado.
La legitimidad de la política comienza también por la manera en que quienes ejercen el poder administran el dinero de quienes los eligieron.
Por ello, el debate no debería limitarse a cuánto gana un diputado o un senador. La verdadera cuestión es cuánto cuesta el sistema, qué produce a cambio y cuáles son los mecanismos disponibles para sancionar la ineficiencia, el abuso o el uso indebido de recursos.
La nueva etapa bicameral ofrece una oportunidad para establecer controles más estrictos, auditorías efectivas, información presupuestaria accesible y criterios transparentes para remuneraciones, contrataciones y asignaciones.
El dinero público no pertenece al Parlamento. Es un recurso confiado temporalmente por los ciudadanos para que las instituciones cumplan determinadas funciones.
Y administrar ese dinero implica una responsabilidad mayor, no un privilegio.
Representar al Perú es un mandato. Quien administra recursos de todos debe estar dispuesto, antes que nadie, a explicar cómo los utiliza y qué resultados obtiene con ellos.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.