Las democracias constitucionales enfrentan una amenaza menos visible que el golpe de Estado clásico: la erosión institucional mediante el uso excesivo o distorsionado de mecanismos legítimos. El problema no es la existencia de controles, sino convertirlos en instrumentos de bloqueo. Fiscalizar no significa paralizar, del mismo modo que gobernar no significa sustraerse al escrutinio.
La democracia atraviesa un período de incertidumbre y deterioro institucional. Diversos países han registrado retrocesos en aspectos esenciales de su desempeño democrático durante los últimos años. La conclusión relevante para países como Perú es que la democracia necesita instituciones capaces no solo de limitar el poder, sino también de producir decisiones y resultados.
En el Perú, este equilibrio adquiere especial importancia desde la instalación del gobierno de Keiko Fujimori el 28 de julio de 2026. Su primer gabinete, encabezado por Luis Galarreta, asumió en un contexto de fuertes demandas ciudadanas en seguridad, economía y gestión pública. Apenas semanas después, varios ministros habían sido convocados o enfrentaban iniciativas de interpelación en el Congreso por asuntos vinculados, entre otros, con seguridad y gestión sectorial.
El control parlamentario, sin embargo, no es una anomalía ni una concesión política: forma parte del diseño constitucional. La Constitución establece mecanismos como pedidos de información, interpelaciones y censuras. El Congreso puede hacer efectiva la responsabilidad política de los ministros mediante la censura, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico.
Pero una facultad constitucional debe ejercerse con responsabilidad. Interpelar debería servir para obtener información, esclarecer decisiones y exigir explicaciones; censurar requiere una consideración adicional sobre la responsabilidad política y las consecuencias institucionales. La frecuencia de estos mecanismos no constituye, por sí misma, una medida de calidad democrática. Importan la evidencia, la proporcionalidad y los resultados.
La responsabilidad también recae directamente sobre el Ejecutivo. El presidente tiene el deber de seleccionar ministros con preparación, experiencia, integridad y capacidad de gestión. Un gabinete técnicamente sólido reduce vulnerabilidades políticas y mejora la ejecución de las políticas públicas. Por ello, no toda fiscalización puede atribuirse a una supuesta obstrucción parlamentaria: algunas crisis ministeriales pueden originarse en decisiones deficientes del propio Ejecutivo.
El contexto actual añade otra dimensión. El Gobierno ha solicitado al Congreso facultades legislativas extraordinarias y ha colocado la seguridad y la lucha contra el crimen organizado entre sus prioridades. Estas decisiones incrementan la necesidad de controles transparentes sobre objetivos, recursos, resultados y límites legales.
La gobernabilidad democrática no consiste, por tanto, en reducir el poder del Congreso ni en otorgarle capacidad ilimitada. Consiste en preservar la separación de poderes mientras Ejecutivo y Legislativo cumplen sus responsabilidades. El Gobierno debe gobernar con competencia y rendir cuentas; el Parlamento debe fiscalizar con evidencia y evitar que el control se transforme en sustitución de la función ejecutiva.
La verdadera métrica del sistema no es cuántas interpelaciones o censuras se producen, sino qué problemas resuelven. Una democracia fuerte no es aquella donde existe menos conflicto, sino aquella donde el conflicto institucional puede procesarse dentro de las reglas, producir correcciones y preservar la capacidad del Estado para gobernar.
El desafío peruano es, finalmente, construir ese equilibrio: ni un Ejecutivo sin controles ni un Congreso convertido en gobierno paralelo. La fiscalización protege la democracia cuando mejora la responsabilidad pública; se vuelve disfuncional cuando destruye la capacidad institucional de decidir. La salida no es menos control, sino mejor control: constitucional, técnico, proporcional y orientado a resultados.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.