Perú necesita pasar de una política predominantemente reactiva a un ciclo táctico permanente de prevención, inteligencia, intervención y evaluación. El problema no se resuelve únicamente aumentando patrulleros o decretando estados de emergencia. El propio Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028 plantea una intervención multisectorial, territorial y orientada a resultados, obligatoria para los tres niveles de gobierno.
La primera fase debe ser identificar rápidamente los territorios y delitos prioritarios: homicidio, sicariato, extorsión, robo violento, trata y economías ilegales. La información de la Policía, Fiscalía, Poder Judicial, municipalidades, sistema penitenciario y registros públicos debe interoperar para producir mapas de riesgo actualizados y permitir decisiones operativas diarias. Actualmente, existen importantes brechas de información y coordinación institucional que reducen la capacidad de respuesta.
Instituto Peruano de Economía.
La segunda fase es una respuesta táctica focalizada. La PNP debe concentrar investigación criminal e inteligencia en organizaciones y mercados delictivos, mientras el patrullaje preventivo se dirige a puntos críticos y horarios de mayor riesgo. La tecnología —cámaras, botones de emergencia, análisis de datos y sistemas de comunicación— debe servir para reducir tiempos de respuesta y no convertirse simplemente en adquisición de equipos. Ya se ha planteado integrar cámaras del transporte al sistema 105.
La tercera fase corresponde a la prevención a todo nivel. Seguridad significa también recuperar espacios públicos, iluminación, transporte seguro, prevención escolar, atención de jóvenes en riesgo, protección de víctimas, intervención frente a la violencia familiar y fortalecimiento de la seguridad municipal. La prevención debe comenzar antes de que una conducta delictiva se convierta en violencia organizada.
La cuarta fase es justicia y sistema penitenciario. Una detención que no termina en una investigación eficaz, sentencia cuando corresponde y control penitenciario adecuado no genera seguridad sostenible. El plan nacional reconoce, precisamente, la necesidad de fortalecer la administración de justicia y el control de los establecimientos penitenciarios.
Finalmente, cada operativo debe tener indicadores públicos de resultados: reducción de homicidios y extorsiones, tiempo de respuesta, organizaciones desarticuladas, investigaciones concluidas, reincidencia y percepción de seguridad. El Estado debe corregir semanalmente lo que no funciona, en lugar de esperar meses para evaluar.
Conclusión
Perú necesita una emergencia de seguridad y prevención integral, pero con objetivos concretos, duración definida, control institucional y evaluación permanente. La emergencia debe significar acelerar la coordinación del Estado, no sustituirla. La seguridad sostenible requiere combinar inteligencia, Policía, justicia, cárceles, gobiernos regionales y municipales, educación, salud, tecnología y participación ciudadana.
El dato sobre extorsión muestra la magnitud del desafío: las denuncias pasaron de 11,5 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 77,8 en 2025. Por ello, el ciclo táctico nacional debe funcionar como una cadena continua: diagnosticar → prevenir → intervenir → investigar → judicializar → evaluar → corregir. Solo así la respuesta de emergencia puede convertirse en resultados medibles y sostenibles.
El Peruano, la esperanza, es la solución, pero es con tecnología y coordinación interinstitucional.
Con responsabilidad.
Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.