La educación vinculada a la defensa no puede concebirse como un beneficio para las familias militares. En un país territorialmente fragmentado, puede constituir una capacidad estratégica del Estado, formar ciudadanos con sentido de deber y fortalecer la integración nacional.
La educación administrada por las Fuerzas Armadas debe evaluarse por lo que produce, no solo por quién la administra. Puede asegurar continuidad escolar, sostener disponibilidad operativa y ampliar oportunidades donde la infraestructura pública resulta insuficiente. Reducirla a un privilegio impide medir su valor.
La carrera militar implica traslados y cambios de destino determinados por las necesidades del servicio. Para las familias, esa movilidad no debería interrumpir la trayectoria educativa de los hijos. La continuidad escolar reduce costos familiares y facilita que el personal responda a las exigencias operativas sin añadir incertidumbre.
En el Perú, este argumento adquiere una dimensión territorial. Costa, sierra y selva presentan realidades distintas, mientras persisten brechas de infraestructura. Garantizar calidad exige locales, equipamiento y condiciones adecuadas. Allí donde existe infraestructura militar, su utilización puede tener un valor que trascienda al sector Defensa.
Existe, además, una fortaleza formativa: la transmisión de valores cívicos, disciplina, responsabilidad, respeto, servicio y pertenencia nacional. Ante el debilitamiento de referentes de convivencia y ciudadanía, esos valores pueden ser relevantes. Su enseñanza no debe confundirse con adoctrinamiento; debe ser compatible con la Constitución, el pluralismo y los derechos.
Pero estos colegios tampoco viven aislados de su tiempo. Sus estudiantes están expuestos a tendencias sociales, culturales, digitales y generacionales que atraviesan a toda la juventud. Por ello, la disciplina institucional debe acompañarse de prevención, orientación, convivencia, supervisión y formación ciudadana para identificar riesgos y neutralizar sus efectos perjudiciales, sin desconocer los cambios generacionales.
Ese potencial cobra mayor relevancia cuando los colegios atienden también a estudiantes civiles. Una instalación puede convertirse, con reglas claras, en un activo de servicio público. No se trata de militarizar la educación, sino de aprovechar capacidades existentes sin perder la rectoría educativa del Estado.
Las familias militares enfrentan contingencias derivadas del servicio. Una red educativa estable puede proporcionar continuidad y comunidad frente a traslados, lesiones o pérdidas humanas. Pero esa protección no debe reducir controles, estándares ni transparencia. La solidaridad institucional exige resultados verificables.
Por eso, la discusión debe trasladarse de la ideología a la gestión. Corresponde medir resultados de aprendizaje, costo por estudiante, utilización de infraestructura, permanencia escolar, ejecución presupuestal y articulación educativa. La supervisión sectorial debe complementarse con evaluación objetiva.
La pregunta decisiva no es si las Fuerzas Armadas deben administrar colegios, sino si esa capacidad genera valor público y bajo qué condiciones. La gestión directa puede mantenerse con controles, resultados y transparencia. Si presenta deficiencias, corresponde corregirlas sin sacrificar una capacidad que puede cumplir funciones operativas, educativas y sociales.
En un Estado con recursos limitados y enormes distancias territoriales, desaprovechar capacidades instaladas sería tan inconveniente como administrarlas sin control. Las decisiones sobre capacidades estratégicas corresponden al propio Estado y deben responder al interés nacional. La educación vinculada a la defensa debe conservar su finalidad operativa, fortalecer valores y demostrar resultados. La soberanía significa decidir qué capacidades necesita el Perú para sostener su presencia territorial: no conservar por costumbre ni desmontar por prejuicio, sino administrar las capacidades nacionales con evidencia, autoridad y sentido de Estado.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.