Sin una dirección política capaz de fijar prioridades y sostener decisiones, el Perú no podrá contener la inseguridad, preservar la previsibilidad económica ni defender sus intereses frente a la competencia internacional.
La crisis peruana tiene una causa transversal: la falta de conducción estratégica. No se trata solo de delincuencia, rotación ministerial o enfrentamiento entre poderes. Cuando el Gobierno carece de rumbo, la respuesta ante el crimen se vuelve reactiva, la economía pierde confianza y la política exterior queda expuesta a circunstancias que otros actores saben aprovechar. El vínculo es directo: sin autoridad para ordenar la administración pública, no hay protección duradera; sin ella, la inversión se encarece; y sin una base económica sólida, la autonomía nacional se debilita.
El contexto internacional hace más costosa esa fragilidad. El mundo atraviesa una etapa de guerras, fragmentación comercial, competencia tecnológica y disputa por recursos. El crecimiento global enfrenta riesgos vinculados con conflictos, energía, proteccionismo y volatilidad financiera. En este escenario, un Estado que reacciona tarde no solo administra mal sus problemas internos: también pierde margen para negociar, proteger activos estratégicos y anticipar presiones externas.
El Perú conserva fortalezas relevantes. La economía mantiene perspectivas de crecimiento, apoyada en los precios de los metales y la inversión en infraestructura. Pero la estabilidad macroeconómica no puede compensar indefinidamente la debilidad institucional. La criminalidad, la incertidumbre política y la minería ilegal reducen el crecimiento potencial y encarecen los proyectos. Tener minerales, reservas y puertos no basta si las autoridades no consiguen protegerlos, regularlos y convertirlos en bienestar.
En materia de orden público, el problema se expresa en medidas fragmentarias. Existen indicadores de criminalidad y percepción ciudadana, pero las políticas continúan concentradas en anuncios y operativos antes que en resultados verificables. El pedido de facultades legislativas por 120 días confirma la urgencia, aunque también revela una tentación recurrente: presentar la delegación como sustituto de la gestión. La respuesta seria exige objetivos precisos, responsables identificables, plazos y evaluación independiente. Sin esos controles, se legisla mucho y se gobierna poco.
El mismo déficit afecta la economía y la política exterior. El Puerto de Chancay ofrece una oportunidad estratégica, pero su valor dependerá de una supervisión pública eficaz. La inversión privada debe operar dentro de reglas claras y bajo una fiscalización firme. Frente a China, Estados Unidos y otros socios, el Perú necesita una diplomacia de intereses: abierta a la cooperación, firme en la defensa de sus prioridades y cuidadosa con su autonomía.
La independencia nacional no consiste en levantar barreras ni repetir consignas. Consiste en contar con instituciones capaces de negociar, corregir y hacer cumplir las reglas. Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, sistema penitenciario, aduanas y gobiernos subnacionales deben funcionar como una cadena. La rotación de funcionarios puede cambiar nombres, pero no reemplaza una estrategia.
El Perú aún conserva margen de maniobra, aunque no es ilimitado. La coyuntura externa ofrece oportunidades en minerales, infraestructura y comercio, pero también amplifica los errores internos. Recuperar autoridad exige prioridades acotadas, indicadores públicos, disciplina fiscal, regulación firme y continuidad administrativa. El vacío de conducción afecta simultáneamente la seguridad, la economía y la soberanía. Superarlo requiere anticipar riesgos, ejecutar decisiones y sostenerlas. Solo así el control del destino nacional dejará de ser una aspiración y se convertirá en una función efectiva del Estado.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.