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Reformar la policía es una política de estado, no una promesa de gobierno

La crisis de seguridad exige una reforma policial integral, permanente y soberana. Mientras cada gobierno improvise respuestas parciales, el crimen organizado seguirá ocupando los espacios que el Estado abandona.
 
La reforma de la Policía Nacional del Perú ya no admite postergaciones ni medidas aisladas. No se trata de aprobar otra norma, anunciar más patrulleros o cambiar periódicamente a los mandos. Se trata de reconstruir una institución esencial para la supervivencia del Estado. La seguridad ciudadana dejó de ser un asunto sectorial: la extorsión, el sicariato, la minería ilegal y el control territorial afectan la economía, debilitan la autoridad pública y ponen en riesgo la gobernabilidad.
 
La magnitud del problema exige una tesis clara: sin una reforma policial integral y sostenida, cualquier estrategia contra el crimen será temporal, fragmentaria y vulnerable al cambio de gobierno. La Policía no puede seguir funcionando como una estructura que reacciona ante las crisis sin corregir sus fallas de fondo. Necesita una transformación permanente, dirigida por objetivos nacionales y protegida de la improvisación política.
 
El origen contemporáneo de la institución se remonta a la Ley 24949, que en 1988 integró a la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana. La unificación creó un mando único, pero no produjo automáticamente una cultura común ni una carrera basada en el mérito. Tres tradiciones profesionales fueron reunidas bajo una misma estructura sin resolver plenamente sus diferencias de especialidad, formación y conducción. La integración administrativa no bastó para construir cohesión institucional.
 
El deterioro actual confirma esa deuda. El INEI registra que la tasa nacional de denuncias por extorsión pasó de 3,2 a 4,1 por cada 10.000 habitantes entre el primer semestre de 2024 y el mismo periodo de 2025. El dato no representa solo un aumento estadístico: revela una presión criminal que supera la capacidad preventiva, investigativa y operativa del Estado. Cada denuncia no atendida erosiona la confianza ciudadana y fortalece la percepción de que la autoridad ha perdido el control.
 
Por eso, la reforma debe medirse por resultados y no por organigramas. Una policía que destina personal calificado a labores administrativas, custodia burocrática o servicios ajenos a su misión reduce su presencia en la calle. La respuesta exige transferir funciones de oficina a personal civil, recuperar efectivos para el patrullaje y fortalecer unidades de investigación criminal e inteligencia. La capacitación debe priorizar análisis de información, manejo de evidencia, policía comunitaria y coordinación fiscal, sin confundir disciplina con formación militar.
 
La conducción de este proceso debe partir del Consejo de Seguridad Nacional. Allí debe definirse una política de Estado con objetivos, presupuesto multianual, indicadores públicos y responsabilidades precisas. La reforma policial debe ser constante: revisar estructuras, actualizar capacidades, corregir fallas y evaluar resultados debe formar parte de un ciclo institucional que trascienda gobiernos y elecciones. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028 puede aportar una base, pero requiere continuidad, autoridad política y ejecución verificable.
 
También deben cambiar los incentivos. La exclusividad del servicio necesita una remuneración compatible y reglas estrictas sobre incompatibilidades. La carrera debe protegerse mediante concursos, evaluaciones periódicas y trazabilidad de ascensos y destinos. La corrupción debe enfrentarse con control patrimonial, análisis de riesgos, rotación en puestos sensibles, auditorías y supervisión independiente. La depuración, sin embargo, debe respetar el debido proceso y basarse en pruebas, no en purgas ni vendettas.
 
Una Policía profesional necesita disciplina efectiva, control civil y respaldo presupuestal. También requiere coordinación permanente con la Fiscalía, el Poder Judicial, el sistema penitenciario y los gobiernos locales. El objetivo no es tener una fuerza más grande, sino una institución más disponible, especializada, íntegra y eficaz.
 
Postergar la reforma también es una decisión política, y su costo lo pagan los ciudadanos. Si el Estado no recupera capacidad operativa, el crimen seguirá ocupando sus vacíos. La única salida responsable es convertir la reforma policial en una política de Estado: integral, sostenida, técnicamente evaluada y soberanamente conducida.

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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.

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