La expansión del crimen organizado exige superar la improvisación, recuperar el control territorial y articular una estrategia soberana de Defensa Interior, con conducción profesional, respaldo jurídico y resultados verificables.
El crimen organizado ya no es una suma de bandas locales, sino una estructura transnacional que controla territorios, mueve dinero, penetra instituciones y utiliza cárceles, puertos y barrios como plataformas de poder. Por eso, la tesis debe ser clara: recuperar el control territorial exige una estrategia estatal permanente que combine fuerza operativa, inteligencia, justicia y control financiero, siempre dentro de la Constitución y con mecanismos verificables de rendición de cuentas. La legalidad no es un obstáculo para recuperar la autoridad; es la condición que permite ejercerla de manera legítima y sostenible.
Ecuador demuestra los límites de una respuesta basada principalmente en estados de excepción y despliegues militares. Según cifras difundidas por su Asamblea Nacional, el país cerró el 2025 con 9.282 homicidios, una tasa aproximada de 51 por cada 100.000 habitantes. Aunque durante el 2026 se registraron mejoras parciales, la persistencia de niveles elevados confirma que la presencia armada, sin una estrategia institucional más amplia, no garantiza el control territorial. La fuerza puede contener una crisis, pero no reemplaza la investigación, la justicia ni la administración efectiva de los espacios recuperados.
Tampoco basta con capturar a los cabecillas. Cuando las organizaciones conservan sus finanzas, redes de corrupción, armas y comunicaciones desde los penales, la detención de un jefe puede producir fragmentación y nuevas disputas por rutas y mercados ilícitos. Recuperar el territorio implica desarticular la capacidad completa de las mafias: sus mandos, recursos, reclutadores, operadores políticos y mecanismos de intimidación. La legalidad debe servir precisamente para investigar y sancionar cada eslabón con pruebas sólidas, no solo para ejecutar operativos de impacto.
Por esa razón, el éxito debe medirse con indicadores públicos y periódicos. La reducción sostenida de homicidios, extorsiones y secuestros importa tanto como el número de territorios recuperados, redes financieras bloqueadas, armas incautadas, funcionarios sancionados y condenas firmes obtenidas. Sin métricas comparables, cualquier gobierno puede presentar patrullajes y detenciones como victorias definitivas. La transparencia, en este contexto, no debilita la autoridad: impide que la propaganda sustituya a los resultados.
El Salvador ofrece una lección relevante sobre la importancia de la continuidad operativa. Su gobierno reportó una tasa de 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2025. Sin embargo, las denuncias de detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia muestran que la eficacia inmediata no puede separarse de los límites jurídicos. Un Estado que recupera las calles, pero debilita el debido proceso, corre el riesgo de trasladar el conflicto desde la criminalidad hacia la legitimidad institucional. El objetivo debe ser seguridad con garantías, no seguridad contra las garantías.
En el Perú, el estado de emergencia debe dejar de ser una respuesta rutinaria y convertirse en una herramienta excepcional, temporal y evaluable. El artículo 137 de la Constitución permite que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno cuando así lo dispone el Ejecutivo, pero esa facultad requiere objetivos delimitados, reglas de uso de la fuerza, conducción definida, plazos verificables y supervisión civil. La militarización indefinida no recupera el Estado; puede, por el contrario, diluir responsabilidades y aumentar los riesgos de abuso.
La Defensa Interior del Territorio puede organizar una respuesta nacional para proteger corredores estratégicos, asegurar establecimientos penitenciarios y concentrar capacidades en zonas donde la policía se encuentre desbordada. Su aplicación, sin embargo, debe preservar la especialización institucional. La policía debe mantener la inteligencia y la investigación criminal; el Ministerio Público debe dirigir la persecución penal; y el Poder Judicial debe controlar la legalidad de las medidas. Una cadena de mando clara no exige eliminar controles, sino asignar responsabilidades sin ambigüedades.
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También es necesario fortalecer la protección jurídica de quienes cumplen misiones legítimas. El Perú cuenta con un Código Penal Militar Policial y un fuero especializado para delitos de función. La prioridad no es restaurar indiscriminadamente el código de 1984, sino actualizar las reglas de actuación, asistencia legal y rendición de cuentas. La protección debe cubrir al agente que actúa conforme a la ley, no convertirse en impunidad para quien la transgrede.
*La soberanía se demuestra diseñando una estrategia propia, financiándola con continuidad y midiendo sus resultados. Recuperar el territorio exige quitar a las mafias dinero, armas, reclutas y capacidad de mando, pero también reconstruir servicios públicos y confianza ciudadana en las zonas intervenidas. La firmeza será eficaz únicamente si se apoya en instituciones depuradas, inteligencia integrada y legalidad exigible. Sin esa arquitectura, cada operativo será apenas una pausa antes de la siguiente ofensiva criminal.*
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.