La fractura política y fiscal francesa amenaza con debilitar la cohesión europea, alterar los equilibrios internacionales y ofrecer lecciones urgentes para países como el Perú.
La crisis francesa plantea una advertencia para las democracias occidentales: la estabilidad económica no se sostiene cuando las instituciones pierden capacidad para representar y negociar. Las protestas del 17 de octubre, inicialmente vinculadas a las condiciones educativas y luego extendidas al costo de vida, exhiben una fractura más profunda que el desorden callejero. La violencia exige una respuesta legal proporcionada, pero confundirla con el conjunto de las demandas sociales sería un grave error político.
La Quinta República fue diseñada para producir gobiernos fuertes. Sin embargo, una Asamblea Nacional sin mayorías estables ha convertido esa fortaleza en fuente de tensión. En febrero, el presupuesto de 2026 quedó aprobado mediante el artículo 49.3 de la Constitución, tras fracasar las mociones de censura. El mecanismo es legítimo, pero su utilización reiterada revela la dificultad de construir acuerdos y alimenta la distancia entre gobernantes y ciudadanos.
El problema tiene un costo verificable. Según el instituto estadístico francés, la deuda pública alcanzó el 115,6% del producto bruto interno al cierre de 2025 y el déficit llegó al 5,1%. El proyecto presupuestario para 2027 propone nuevos ahorros, mientras el encarecimiento del financiamiento estrecha el margen de maniobra. Postergar el ajuste agrava la factura; ejecutarlo sin prioridades transparentes puede profundizar el rechazo social.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a escoger entre austeridad y gasto ilimitado. Francia necesita distinguir los desembolsos que sostienen oportunidades de aquellos que perpetúan ineficiencias. Educación, salud, seguridad cotidiana y transporte merecen evaluaciones rigurosas de resultados. Los recortes indiscriminados pueden ahorrar hoy y resultar más caros mañana, especialmente en barrios donde el Estado ya se percibe distante.
También pesa la dificultad para integrar social y económicamente a los habitantes de las periferias urbanas. La segregación residencial, las brechas educativas y el acceso desigual al empleo debilitan la promesa republicana de igualdad. Esa realidad no justifica disturbios ni permite reducir toda protesta a extremismo. Exige políticas medibles y autoridades capaces de hacer cumplir la ley sin convertir al ejército en instrumento ordinario de orden público.
Las repercusiones internacionales serían significativas. Una Francia políticamente inmovilizada limita la coordinación con Alemania y complica decisiones europeas sobre defensa, competitividad, energía y financiación. Su fragilidad fiscal puede elevar la incertidumbre en los mercados de deuda y reducir la capacidad de la Unión Europea para responder a conflictos, tensiones comerciales y nuevas presiones migratorias. La pérdida de influencia en el Sahel confirma que la capacidad diplomática depende también de la solidez interna.
Para el Perú, el impacto no sería inmediato, pero sí relevante. Una desaceleración europea podría reducir la demanda por minerales, alimentos y productos pesqueros, además de afectar inversiones y condiciones financieras. Francia también es un socio importante en cooperación, infraestructura, educación, defensa y transición energética. La inestabilidad europea obligaría a Lima a diversificar mercados, cuidar sus cuentas públicas y evitar una dependencia excesiva de un solo bloque económico.
La salida exige un pacto parlamentario de mínimos: una trayectoria fiscal plurianual creíble, revisión independiente del gasto, protección focalizada de los servicios esenciales y mayor responsabilidad de los gobiernos locales. Cada reforma debería acompañarse de metas públicas, plazos y rendición de cuentas. También resulta indispensable fortalecer la integración territorial, mejorar la formación laboral y recuperar la confianza mediante decisiones explicadas con claridad.
El futuro de Francia tendrá consecuencias que excederán sus fronteras. Si logra combinar disciplina fiscal, protección social y diálogo institucional, podría recuperar autoridad dentro de Europa y contribuir a una respuesta occidental más coordinada frente a la competencia geopolítica, las guerras, las crisis energéticas y la presión migratoria. Si fracasara, la parálisis podría alimentar a los extremos, debilitar el proyecto europeo y ampliar la incertidumbre en los mercados internacionales. Para el Perú y el resto del mundo, la lección sería concreta: la autonomía estratégica dependería de cuentas públicas sostenibles, instituciones legítimas y gobiernos capaces de anticipar los costos sociales de cada decisión.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.