La delegación de facultades al Ejecutivo puede acelerar decisiones, pero no sustituye la capacidad estatal. La seguridad y la prevención de desastres se medirán por resultados verificables, no por la cantidad de decretos.
En América Latina, las crisis suelen abrir paso a una promesa recurrente: entregar más atribuciones al gobierno para recuperar el control. La fórmula ofrece rapidez política, pero también encierra un riesgo conocido. Cuando la autoridad confunde poder normativo con capacidad de gestión, la excepción termina sustituyendo al trabajo ordinario del Estado. El problema no es solo cuánto poder se concede, sino qué instituciones están preparadas para ejercerlo.
El Perú enfrenta esa disyuntiva en un contexto de alta inseguridad y creciente desconfianza pública. La delegación de facultades legislativas debe evaluarse con precisión: no equivale a un cheque en blanco si establece materias, plazos y controles, pero tampoco puede tratarse como un trámite menor. Cada atribución transferida concentra responsabilidad en el Ejecutivo y obliga al Congreso a fiscalizar de manera permanente, no únicamente cuando aparezcan los primeros resultados negativos.
La urgencia es indiscutible. Las denuncias de extorsión, los homicidios vinculados al crimen organizado y la percepción de inseguridad muestran que el problema excede la falta de nuevas leyes. La ciudadanía enfrenta cobros ilegales, amenazas y violencia cotidiana mientras las instituciones compiten por competencias y reaccionan tarde. La métrica decisiva no será el número de normas aprobadas, sino la reducción sostenida de delitos, la identificación de responsables y la capacidad de proteger a víctimas y testigos.
Las facultades sobre inteligencia, cárceles, armas, migración y apoyo excepcional de las Fuerzas Armadas pueden corregir vacíos relevantes. Sin embargo, ninguna reemplaza la investigación policial, la coordinación con las fiscalías ni el control penitenciario. Una norma puede ampliar instrumentos; solo una organización competente consigue utilizarlos sin improvisación, abusos ni pérdida de tiempo. La seguridad requiere mando claro, información compartida y presencia territorial continua.
El frente climático exige igual realismo. Las alertas sobre lluvias intensas, desbordes y posibles impactos de El Niño obligan a acelerar prevención, asistencia e infraestructura. Pero simplificar trámites carece de sentido si faltan expedientes técnicos, mantenimiento de quebradas, sistemas de alerta y obras terminadas. La prevención debe medirse antes de la emergencia, mediante metas regionales, cronogramas públicos y supervisión independiente. Después de la inundación, la promesa de reconstrucción llega demasiado tarde.
Existe además una consecuencia política decisiva. Al obtener mayores herramientas, el gabinete asume una responsabilidad proporcional por los resultados. Culpar después al Congreso perderá credibilidad. El Legislativo, por su parte, tampoco queda liberado: debe examinar cada decreto, exigir información verificable y corregir cualquier exceso. Delegar competencias no significa abdicar del control democrático ni convertir la fiscalización en un trámite posterior.
La evaluación debería partir de indicadores públicos: extorsiones denunciadas y esclarecidas, investigaciones que culminen en sanciones, desarticulación de redes criminales, reducción de homicidios y obras preventivas operativas antes de las lluvias. Deben publicarse costos, plazos, responsables y avances regionales. Sin esa trazabilidad, la contabilidad de decretos se convertirá en otro ejercicio de propaganda. La transparencia es la condición mínima para saber si la delegación funciona.
La prioridad no es legislar por volumen, sino gobernar con método. Inteligencia sometida a controles, presupuesto vinculado a metas, intervención territorial focalizada y ejecución de infraestructura auditada constituyen una ruta más exigente que la retórica de emergencia. La conducción nacional debe conservar la decisión soberana dentro de la Constitución, sin renunciar a la fiscalización. Un Estado eficaz se reconoce por los resultados que entrega, no por los poderes que acumula.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de división en retiro, excomandante general del Ejército del Perú, especialista en seguridad y defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE. UU. y la ONU.