Luego de recibir, el 14 de agosto, la sentencia que lo condena a 6 años de prisión por el caso Aimarazo, el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, ha decidido acudir a instancias internacionales. Alega que no existen garantías para su defensa, debido a que no se han tomado en cuenta los medios probatorios. Desde la clandestinidad, declaró que los 140 testimonios y documentación que posee el Ministerio Público, no son suficiente.
“Voy a tener que agotar todas las medidas legales que corresponden. Estamos en ese proceso”, sostuvo. “Posteriormente, vamos a tener que acudir a instancias internacionales”, añadió. “Nosotros creemos en una justicia objetiva en donde debería de sentenciar con medios probatorios. El hecho de condenar simplemente leyendo algunos periódicos e información de inteligencia, creemos que no es un medio probatorio justificable”, añadió.
“No hay audio en donde ordeno a un tercero y ese ejecuta el delito”, alegó Aduviri. Sin embargo, durante las protestas hubo daños a la propiedad pública y privada, lo cual configura un delito. Cabe recordar que existen normas constitucionales que enmarcan la legalidad de la protesta, en la cual no está amparado el daño a terceros. La sentencia incluye 2 millones de soles como reparación civil.
Los líderes sociales que incitan a protestas que luego se le van de las manos, consideran que no tienen responsabilidad. Se aprovechan de la presión que ejercen las masas incontroladas para alzarse como «mesías políticos» y convertirse en «intocables». Existe un estado de derecho que todos debemos respetar.