“Toda persona se enfrenta con la realidad de la muerte. La dimensión de este evento condiciona las actitudes fundamentales del ser humano: la pregunta sobre el sentido de la vida, la pregunta sobre el significado de la historia y la pregunta sobre la persona misma. Las respuestas que se sigan, muestran la densidad de quien las afronta” (Tomás y Garrido, 2006, 102)
La eutanasia es la respuesta más fácil, menos pensada y – paradójicamente – más inhumana, para dar solución a una situación que nos interpela como sociedad: la de los pacientes terminales, con enfermedades crónicas e incurables.
El debate, que tiene lugar en nuestro país a raíz de una acción de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo[1] para garantizar el “derecho a morir dignamente” de una paciente con una enfermedad degenerativa[2]; se caracteriza por tener una fuerte carga de sensibilidad (“imagina si es un familiar”, “no podemos dejar que las personas sufran”, “cada quien decide sobre su vida”, etc.) a la que el derecho debe adaptarse – según quienes la defienden – ; y por ello se acuñan frases como “derecho a morir”, “muerte digna”; o se tergiversan otras como “dignidad”, “libertad” o “derechos”.
Cuando hablamos de eutanasia, nos estamos refiriendo a aquella acción por la cual un tercero – profesional de la salud – termina deliberadamente con la vida de un paciente, a petición suya o de sus familiares, para evitar según su criterio, sufrimientos que atentan contra su dignidad. Así, deben concurrir algunos elementos: la acción del personal de salud con intención concreta; la decisión del paciente con enfermedad terminal, crónica e incurable y la existencia de un sistema jurídico que la ampara[1].
Ante el pedido de un paciente de ponerle fin a su vida, debemos preguntarnos las razones. Porque en el fondo estamos ante personas que han perdido el deseo de continuar viviendo y que, debido al sufrimiento causado por la enfermedad, consideran que es mejor la muerte. Es posible que en su situación los pacientes enfrenten síntomas de depresión que podría condicionar sus decisiones; incluso, el saberse sin compañía, o el deseo de evitar gastos y sufrimiento a su familia pueden ser factores condicionantes. Frente a ello, pareciera que lo más razonable es evitar su sufrimiento y la eutanasia sería la respuesta “más humana”. Pero nada más alejado de la verdad. En realidad, el camino contrario supone adquirir un compromiso de asistencia y acompañamiento a los que sufren, porque en esto consiste el verdadero respeto a la dignidad, el verdadero humanismo.
[1] Abogada, magíster en derecho privado empresarial, especialista en bioética. Docente universitaria.[2] Al presentar la demanda, la defensoría declaró que “El compromiso asumido ante los tribunales nacionales responde a nuestro rol de garante y promotor de los derechos fundamentales para que se respete y garantice la voluntad libre e informada de una persona de decidir el cese de su vida, cuando ante ciertas condiciones, como es este caso, se afecta grave e irreversiblemente su dignidad humana”. En: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-presento-hoy-una-accion-de-amparo-en-defensa-del-derecho-de-ana-estrada-atener-una-muerte-digna/ [3] Ana Estrada es una mujer de 43 años que padece de polimiositis, una enfermedad incurable y degenerativa que deteriora progresivamente sus capacidades motoras. Hace unos meses declaró empezar una campaña para lograr que se apruebe la eutanasia a su favor. [4] Actualmente el Art. 112° del Código Penal señala que “El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”.
Por otro lado, ¿realmente es compatible con la vocación médica, la acción de matar a otro? ¿Realmente no existe, considerando los avances tecnológicos y científicos, más opción para aliviar el sufrimiento de los pacientes con enfermedades terminales o crónicas que el acabar con su vida? Si las respuestas del personal médico son afirmativas, entonces, habremos perdido el sentido de la vocación médica. Como señala Hernanz (1991) “la aceptación de la eutanasia pervierte en su mismo núcleo la vida moral del médico. Sus mejores hábitos profesionales se convierten en factores multiplicadores de su capacidad destructora de la vida: su compasión se convierte en fanatismo; su acción preventiva de la enfermedad, en celo anticipador de la muerte; su obligación de aliviar y consolar, en aniquilación” (9). Aplicar la eutanasia como método “para aliviar el sufrimiento”, hace que toda la Medicina pierda su sentido.
Finalmente, ¿qué nos corresponde como sociedad? ¿Qué le corresponde al Estado? La respuesta sería no permanecer impasible frente al sufrimiento real y concreto de las personas que afrontan una enfermedad terminal, crónica e incurable. Sin embargo, aceptar y validar la eutanasia es darle la espalda al problema. Es asumir que hay quienes cuentan con la prerrogativa de juzgar que hay vidas de las que se puede prescindir. Es empezar por un camino en pendiente: que pasa por permitir que los pacientes terminales tomen esa decisión, y luego abrir la puerta para que los ancianos, las personas con grave discapacidad o aquellas que desean morir sin que su enfermedad sea terminal, crónica o grave. Incluso, se puede pensar que es posible eliminar a aquellos que, aún sin nacer, tienen malformaciones o discapacidades que harán “más difícil su vida”.
Decía que la eutanasia es la respuesta más fácil porque finalmente no nos involucra. Se deja al paciente solo con una decisión aparentemente pensada y meditada. Se deja al médico solo, para que vaya en contra de su propia vocación, y el Estado y la sociedad se desentienden de la persona y su sufrimiento, amparadas en un falso respeto por la libertad o la dignidad.
Si realmente se entendiera qué es la dignidad, la sociedad y el Estado lucharían por cada una de las vidas de estos pacientes. Para ello existen opciones, con mucha más empatía y humanidad – y acorde a derecho – que matar a quien sufre. Los cuidados paliativos son una opción importante y viable porque se trata del alivio de los síntomas, del dolor y del sufrimiento tratando al paciente de modo integral para mejorar su calidad de vida.
En nuestro país, el Art. 23° del Reglamento de la Ley 29414[1], establece que “toda persona tiene derecho a que se respete el proceso natural de su muerte y a recibir los cuidados paliativos que correspondan como consecuencia del estado terminal de la enfermedad…”, y mediante la Ley 30846, se creó el Plan Nacional de cuidados paliativos para enfermedades oncológicas y no oncológicas, con la que “se busca asegurar la inclusión de los cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud, a fin de lograr la máxima calidad de vida posible para el paciente y para su entorno familiar y cuidadores (…) y ha de contener apoyo espiritual y psicológico y las medidas necesarias que demanden los enfermos crónicos y terminales”.
Si la norma está vigente, ¿por qué la Defensoría del Pueblo no exige su implementación en lugar de pedir que se admita el homicidio de una paciente? Esto es una prueba que el Estado no es firme en la defensa de la vida y que morir es un proceso normal y natural, por lo que debe establecer las condiciones para garantizar la calidad de vida con un nivel óptimo de control del dolor y respeto a los pacientes.
Por temas como estos, vale la pena empezar campañas; porque no es posible que en pleno siglo XXI y con todos los adelantos médicos, los pacientes sigan sufriendo y afrontando sus enfermedades sin el debido acompañamiento material, pero sobre todo, espiritual y humano.
Si queremos debatir sobre la eutanasia, primero debemos reconocer el valor de la persona, un valor que nos obliga como sociedad, a estar al lado del paciente. Estar allí, para recordarle a él y a nosotros mismos, que cada día de su vida, merece ser vivido.
Referencias Bibliográficas Tomás y Garrido, G. (2006). Cuestiones Actuales de Bioética, Pamplona: Eunsa. De Remiro Velásquez, F. (1991). La eutanasia y la humanización de la medicina, Valladolid: Medina del Campo
Erika Valdivieso
Abogada, Magíster en Derecho Privado Empresarial (UDEP), Postgrado de especialidad en Derecho de la Empresa (PUCP), Postgrado de especialidad en Bioética y Biojurídica (USAT), Postgrado de Especialidad en Metodología de la Investigación (USAT). Doctoranda en etapa de investigación del doctorado en Derecho de la Sociedad Global: Desarrollo económico, riesgo e integración social de la Universidad de Navarra (España). Past Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (2011-2014). Past Directora del Instituto de Ciencias para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (2012-2017).
Indudablemente interesante e intricante el tema abordado. Las diferentes aristas que la eutanasia origina, seguramente le propondrán seguir enfrentando retos investigativos. Recomiendo seguir Dra. Valdiviezo en ese periplo, lo hace con claridad y convencimiento. Felicitaciones.
Estoy de acuerdo la compañía, el apoyo de la familia es importante, la estimulación que debe dar el medico con sus conocimientos es importante debe aplicar ese juramento en salvar vidas no acabar con ellas