La fiscalía de Ecuador pidió el pasado jueves hasta ocho años de cárcel para el expresidente Rafael Correa y una reparación al Estado por US$1.130 millones. El exmandatario cuenta con una orden de prisión preventiva desde agosto del año pasado por supuestos sobornos pedidos a contratistas para financiar campañas electorales entre 2012 y 2016. Para febrero de este año, arrancó un juicio penal por delito de cohecho contra unos 21 exfuncionarios y empresarios, en donde el exmandatario está incluido. Actualmente, Correa reside en Bélgica.
La fiscal Diana Salazar solicitó al tribunal de la Corte nacional de Justicia ecuatoriana la pena máxima para el expresidente considerándolo como el «autor mediato por tener el dominio de la organización y poder absoluto sobre la estructura, así como por ser beneficiario de los sobornos». La fiscalía acusó a Correa de liderar una “estructura jerárquica” para captar fondos de empresas contratistas del Estado por más de US$7,5 millones, y de este modo, financiar algunas campañas electorales a cambio de la adjudicación de contratos de obras de infraestructura. Asimismo, la fiscalía pidió una reparación integral de US$1.130 millones, unas disculpas públicas y la publicación de la sentencia en la prensa.
Por su parte, el exmandatario ha negado las acusaciones y ha declarado que todo se trata de una persecución del presidente Lenín Moreno. Correa enfrenta también una orden de prisión por supuesto secuestro a un político opositor. Por el momento, el expresidente no ha mencionado abiertamente si participará a la candidatura presidencial en 2021, sin embargo, habla frecuentemente de “recuperar la patria”, lo que podría verse perjudicado por una decisión judicial adversa.
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