Despertamos un domingo lamentando la triste noticia que trece jóvenes perdieron la vida por no respetar las normas que nos obliga el COVID-19. Esto es algo difícil de comprender, especialmente para los que tenemos hijos jóvenes.
No hay dolor más grande para un padre que enterrar a un hijo. Tampoco hay policía que duerma tranquilo después de participar en una intervención rutinaria a un local con un grupo de jóvenes a los que debían llamar al orden y ver que de pronto todo se convierte en desorden y en vez de llevarlos a la comisaría, terminaron en la morgue.
De nada han servido, para evitar esta tragedia, los largos discursos, las amenazas, multas y sanciones anunciadas por el Gobierno para los infractores. Como comunicador, he comprobado que las personas no reaccionan al “floro” que apela a su responsabilidad social individual. Las mejores campañas resultaron ser las que ejemplificaron las drásticas sanciones en personas, sin importar quién sea el infractor.
No soy abogado para defender a las víctimas, ni juez para juzgar a los policías. La investigación determinará la responsabilidad del dueño del negocio, autoridades municipales, ciudadanos y de la policía.
Sin embargo, me gustaría reflexionar sobre el principio de autoridad, tan venido a menos en nuestra sociedad. Hemos visto cientos de operativos policiales tratando de hacer cumplir el toque de queda. Recuerdo algunos en que el infractor insulta y agrede a un soldado, motivando su justa y firme reacción y luego ver incrédulo cómo la prensa y la autoridad tomaban posición a favor del infractor. Casos similares han sido una pésima señal que debilitaron y terminaron resquebrajando el principio de autoridad. Las malas decisiones empoderaron al infractor que hasta hoy se muestra irrespetuoso y beligerante ante la autoridad.
¿Estamos a tiempo para corregir? Nunca es tarde para imponer el respeto a la ley con decisión, firmeza y sancionado ejemplarmente a los infractores. El acto de no respetar a la autoridad, la ley y las normas, tiene que significar para el infractor más que la “alucinante” experiencia que cuente entre risas un faltoso joven entre amigos, con un trago en la mano. Para comenzar, la sanción no sólo debería ser económica. Qué pasaría si en vez de una noche en comisaría, pasaran 15 días limpiando cuarteles de las FFAA o si son tan inmunes entonces podrían hacerse cargo de dar, en los hospitales, información a las desesperadas personas que quieren saber de sus familiares internados. Que también sean responsables de su negligencia y asuman su respectivo registro policial y el riesgo de perder sus empleos.
Si se hubiese implantado y aplicado desde el inicio severas sanciones que linden con la vergüenza y hieran el amor propio de los infractores, quizás hoy no estaríamos escribiendo sobre un penoso tema que afecta a los hogares peruanos.
Finalmente, lo que pasa en la calle se tiene que hablar en casa y requiere nuestro compromiso de padres. Yo he optado por involucrar a la familia en las decisiones de mi hija, quien está en el furor de la edad discotequera. Siempre le repito, con firmeza y sentimiento, que si algo le pasará por no ser responsable…todos moriremos junto a ella.
Luis Otoya Trelles
Comunicador con 42 años en la publicidad y el marketing. He sido: Director de la APAP, Director de United Way International Perú, Presidente del Tribunal de Ética de la SNRTV, Presidente y fundador del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR). Columnista del Diario Gestión. Director Divisiones Menores de Alianza Lima. Soy una persona libre, que ahora puedo perseguir mis sueños de contribuir con mi país, por lo que recientemente he decidido participar activamente en política asumiendo el riesgo de terminar frustrado y salir chamuscado en el intento.
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