La república que nunca nació

Definición de la república

Cuando hablamos de una república, hablamos de un sistema político fundamentado en el imperio de la ley (donde existe un orden jerárquico de dichas leyes y prima una constitución nacional) y la igualdad ante la ley (llamada Estado de Derecho). En otras palabras, este conjunto de leyes que rigen a la totalidad de la población deberían hacerlo por igual y sin distinción de ningún tipo de condiciones.

Según Aristóteles los pilares fundamentales de la República eran: La participación política activa por parte de los ciudadanos y la representación de todos los ciudadanos dentro de las instituciones de gobierno con iguales atribuciones y prevalencia de ninguna. De esto se advierte que si solo somos libres entre iguales no puede haber una clase gobernante, deben gobernar todas por igual.

Génesis del problema

El proceso de independencia que iniciaría en el 1820 con la expedición libertadora de José de San Martin, y que concluyera con la capitulación del ejercito realista en 1824 después de las victorias de Simón Bolívar en las batallas de Junín y Ayacucho, se da inicio a la “República” del Perú con la conformación del Primer congreso constituyente (22 de setiembre de 1822) conformándose la primera constitución promulgada por Jose de San Martin el 12 de noviembre 1823.

Sin embargo, la primera constitución fue casi inmediatamente suspendida dado que el mismo congreso dispuso la suspensión de sus artículos que fueran incompatibles con las facultades otorgadas al libertador Bolívar, que ya se hallaba en camino de instaurar la dictadura. Por ello, en la práctica, mientras duró la dictadura bolivariana, no estuvo en vigor ni un solo día. Esto encarnaría el problema cíclico que impediría el nacimiento de la república, el caudillo antes que el imperio de la ley, y el interés de un grupo sobre el de la nación.

Hablamos del nacimiento de una “República” sin Ley; dividido en todo sentido tanto a nivel social, y a nivel económico; sumido en múltiples luchas caudillistas organizadas (militares y no militares) para alcanzar el poder; permanente presencia de grupos de poder que quieren mantener sus beneficios a costa de las leyes que puedan obtener; y hablamos de una historia que se ha repetido en múltiples versiones en estos casi 200 años.

Todo esto ha generado una deformación institucionalizada que perdura hasta nuestros días, donde los caudillos políticos son más importantes que las instituciones que los cobijan, y donde los partidos políticos terminan siendo vientre de alquiler de intereses particulares, en vez de ser los articuladores del interés de la nación.

La danza de las constituciones

Bajo el principio del que fin justifica los medios, los diversos grupos de poder que fueron tomando el control de la nación durante los últimos 200 años han propugnado la creación de 12 nuevas constituciones (sin considerar las constituciones de la confederación Peruano – Boliviana), esto representa una vida promedio de 16.6 años por cada constitución.

Esto refleja la completa ausencia del imperio de la ley en nuestra nación, y pone de manifiesto nuestra incapacidad histórica de construir instituciones sólidas y perdurables en el tiempo, y con ello el cuestionamiento intrínseco: ¿De qué Republica hablamos, cuando los ciudadanos de dicha nación han permitido que las leyes que los gobiernan se muevan al son de las necesidades políticas y económicas de los gobernantes de turno?

Aun hoy en día hay voces que en vez de basarse en las leyes que rigen la nación están dispuestas a crear constituciones nuevas, cuando el problema no son las leyes, sino las personas que deberían cumplirlas y falta de instituciones serias que sancionen a quienes las incumplan. Las leyes pueden ser mejoradas y actualizadas, pero no existe la necesidad de arrasarlas y empezar de cero. Una República se basa en sus propias leyes para poder autocorregirse y evolucionar, y no viene de la voz de caudillos o políticos que ni siquiera entienden las leyes que nos gobiernan y nos definen como República.

El fraccionamiento ante la ley y el mercantilismo político

Como parte de estas luchas por tomar el control del estado como un botín de guerra durante estos 200 años, lo diversos grupos de poder han buscado crear grupos fraccionados para poder negociar mejor las prebendas a cambio del apoyo político para obtener el poder, en ese sentido los diversos grupos que han tomado el poder han ido creando leyes ad doc rompiendo otro de los principios básicos de una república, la igualdad ante la ley.

Las leyes deben ser iguales para todos, y por tanto es inaceptable que existan 39 regímenes laborales entre especiales y generales, que existan múltiples exoneraciones tributarias, y múltiples normas hechas a medida de los grupos de interés que ayudaron a los grupos políticos a llegar al poder.

Este fraccionamiento exprofeso ante la ley abre la puerta al mercantilismo político, donde “políticos” negocian condiciones de mejoras mediante leyes, entrega de obras públicas o consultoría a sus grupos de interés a cambio de recursos para lograr tomar el control del Estado. Esto no solo ocurre con los grupos de interés, sino que los partidarios, amigos y personas cercanas al grupo político terminan copando el Estado, destruyendo la institucionalidad y generando gastos innecesarios.

¿De qué Republica hablamos?

Nuestra nación aun no es una República, y recién nacerá como tal en la medida que realmente sea regido por el imperio de la ley y todos los ciudadanos tengamos las mismas obligaciones y los mismos derechos. En nuestras manos esta nuestro futuro, y nuestras armas son nuestros votos, busquemos opciones nuevas y no por partidos que ya tuvieron de hacerlo y fracasaron.

Yang Chang.
Mba por INCAE con especialización en finanzas y licenciado en economía por la Universidad de Lima. actualmente se desempeña como gerente general y director en Globokas Perú; director en agencias de cobros Kasnet; vicepresidente del comité de administración de coopera (cooperativa de ahorro y crédito); catedrático en UDEP (Universidad de Piura) en temas financieros; y consultor de empresas.