En plena elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, en uso de la potestad exclusiva y excluyente del Congreso de la República, se conoció que Walter Ayala González, hoy flamante Ministro de defensa, obtuvo una medida cautelar del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Lima, fechada 6 de julio de 2021, por la cual se ordenaba al Congreso la suspensión provisional de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
Pocos constitucionalistas dimos crédito a que algo así pudiera producirse. Una evidente colisión entre el Legislativo y el Poder Judicial que no resiste ninguna lógica jurídica ni política. Peor aún ante la oposición de varias bancadas de hacer caso omiso a tan malhadada resolución, la presidenta del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y algunos abogados se sumaron a la controversia desde la óptica puramente legal, sin reparar en que el proceso de elección de magistrados había sido afectado en el fuero parlamentario, en que se preparaba el escenario político del futuro Tribunal Constitucional. Es evidente que la rauda y muy oportuna medida cautelar no fue para fortalecer la legalidad sino para lograr por otra vía lo que sus opositores no podían hacer en el Congreso y con ello beneficiar o perjudicar, grandes intereses, altos cargos y personas.
Tamaño despropósito pasó a un segundo plano, pero se actualizó cuando el 29 de julio de 2021 el demandante contra el Congreso, abogado Walter Ayala González, juraba como Ministro en la Cartera de Defensa incurriendo en la enorme contradicción de ser un Ministro de Estado que demanda al Estado. Situación clamorosa que afectará al Gabinete Bellido que intenta lograr el voto de confianza del Congreso de la República.
El ministro, digno emulo del Dr. Jekyll y Mr. Hide, es demandante y parte en un proceso de amparo en contra del Congreso que es el Estado mismo que ahora paradojalmente representa. A ese Estado que solo días antes estaba enfrentando y ahora ha jurado defender.
La Investidura del Consejo de Ministros no es mera formalidad constitucional o reglamentaria de exponer y debatir la política general del gobierno, es muestra inequívoca de la reafirmación de la separación y equilibrio de poderes y de la autonomía de sus titulares políticos. ¿Es posible que se presente ante el Congreso un Consejo de Ministros cuando uno de sus integrantes continúa agrediendo al Parlamento e impidiéndole cumplir con una de sus atribuciones constitucionales más importantes? A estas alturas el flamante Alto Funcionario debería estar convencido de que no puede actuar como Vidaurre contra Vidaurre y por tanto debe retirar dicha demanda por respeto al equilibrio de poderes al cual apela el Gabinete cuando solicita la confianza. Debe permitir que el Poder Judicial quede atrás en esta penosa ejecutoria que lo ha convertido en artífice procesal de este error in judicando. Si el Ejecutivo pretende gobernar con el apoyo del Parlamento le toca empezar el diálogo desatando las manos del Congreso de la República para que cumpla su fundamental atribución.
Eduardo Arana.
Abogado de profesión
Estudios de Maestría en Derecho Constitucional
Estudios de Maestría en Ciencia Política
Master en Justicia Constitucional y Derechos Humanos
Docente Universitario 22 años en la Cátedra de Derecho Constitucional Secretario Técnico en el CNM
*Asesor Principal Congreso 2016-2017-2018 y 2021
*Jefe de Gabinete asesores Poder Judicial
Excelente artículo, claro y conciso. Buen aporte de Vox Populi.