¡Doctor, me muero!

La pandemia no ha hecho más que desnudar nuestro débil sistema de salud. Muchas personas que han partido a causa del SARS-Cov-2 no lograron acceder a un programa decente e integrado. Este derecho fundamental de la persona se ha convertido en un servicio inexistente o caro. Los seguros particulares no lo cubren en su totalidad.  Las aseguradoras en la modalidad de EPS -Empresa Prestadora de Salud- han asumido casi el 100% de los tratamientos por Covid en clínicas privadas por tratarse de una emergencia sanitaria.

El SIS (Servicio Integral de Salud) sirvió escasamente en el caso de pacientes internados en entidades privadas. Lo mismo ocurrió para los que fueron a parar a instituciones públicas. El sector estatal empezó a cubrir costos en el sector privado solo en pacientes que llegaban a UCI desfalleciendo; antes, no.  Los hospitales quedaron chicos en número para la cantidad de personas necesitadas; las clínicas privadas han sido acusadas de exigir sumas excesivas a los que por urgencia terminaron en alguna de ellas. Un tratamiento en de esta naturaleza es oneroso y el sector privado no recibe un centavo del erario para subvencionarlo.

La cosa anda mal desde la raíz. No se trata de lanzarle a la población un seguro asistencial que poco o nada le servirá. El Estado es el responsable de que la crisis sanitaria se haya manejado con alta cuota de deficiencia. ¿A dónde van nuestros impuestos? Lo que sucede, sin ir lejos, -en países de la región- es un claro ejemplo que debemos imitar. En Argentina y Chile, el Estado suscribe convenios con las instituciones particulares y quienes gozan de un seguro estatal u “obra social” ingresan al sector privado sin problema, ya sea porque el Estado paga un porcentaje o incluso, en ciertos casos, llega al 100% de la cobertura. Esto opera tanto para la salud física como la mental.  Aquí, este contexto no lo avizoramos ni en los mejores o más placenteros sueños.

En general, y antes de la pandemia, si se cuenta con un seguro privado -que en algunos casos no tienen amplia cobertura-, los ciudadanos se tratan en clínicas. Estas trabajan con insumos verdaderamente costosos, además de gastos de personal, instalaciones y equipos tecnológicos y biotecnológicos. Es menester que el Estado cubra parte de estos gastos ofreciendo seguros en firme sincronización con lo privado. Solo existen los seguros que las clínicas proporcionan a sus usuarios o, en su defecto, el que procede una aseguradora. Las denominadas EPS alivian el problema para quienes disponen de ellas, pero no lo suficiente para sentir un verdadero respiro económico: no todos tienen la ventaja.  No se trata de expropiar clínicas ni cosa que se le parezca, por supuesto, sino que el Estado peruano tome la iniciativa y tienda puentes. Necesitamos buenos negociadores, no más burocracia.

Los Compañías Aseguradoras han demostrado con creces que no ejercen la “beneficencia pública” para solicitarles que se echen al hombro coberturas de amplio espectro, exceptuando las EPS en casos del nuevo coronavirus y sus variantes-.  Ellos siempre juegan a su favor con pólizas astronómicas solo al alcance de quienes las pueden pagar. ESSALUD también está colapsado. No se resuelve el lío fusionando los sistemas estatales con la seguridad social. Eso no soluciona el problema; todo lo contrario. Es el Estado el que debe intervenir y propiciar acuerdos con el sector privado, de modo que sean más los ciudadanos beneficiados: ello constituye un derecho constitucional.

Tenía que sorprendernos la peor crisis sanitaria que devasta al planeta para repensar nuevamente qué calidad de salud y de vida ofrece su país a los peruanos.  Las pruebas Covid deben ser subvencionadas, aunque ya han empezado a bajar sus costos. Ya es momento de poner manos a la obra y no echar culpas a quienes no la tienen.

A pesar de todo, en los países donde existe ayuda efectiva, los sistemas sanitarios se han venido abajo por la cantidad de gente afectada por el mal. Aquí,  es una verdadera catástrofe.  Si el Estado le adeuda a ESSALUD una cantidad importante de dinero, ¿cómo podemos pretender que la Seguridad Social funcione?

Es de suma urgencia que el gobierno de turno ponga pie en tierra firme con respecto a este tema. La salud es para todos; no sólo para quienes cuentan con recursos. El SIS solo ha servido para favorecer al ciudadano en los nosocomios públicos, principalmente, y poco o nada en centros de salud privados. El Estado establece, para el caso de la pandemia, requisitos cuestionables para poner en marcha el SIS ante el Covid 19. Ahí están esperando las clínicas: que el sector estatal firme alianzas en favor de los peruanos y peruanas de toda condición.  No se diga ahora que no se puede: simplemente, no se quiere.  No se exige solo una educación de calidad, sino también una salud de calidad.  Y es factible que el gobierno participe en ello. Debe negociar tarifas y porcentajes dado el caso, tanto en las clínicas como con médicos que desde la consulta particular deseen afiliarse a los seguros estatales, casas de reposo, instituciones geriátricas, clínicas psiquiátricas y comunidades o centros terapéuticos.

Que no exista esto en el Perú es una vergüenza. Es una forma de traicionar a la patria el hecho de no ofrecerle a la sociedad un bien básico.  El concepto de “traición a la patria” se manosea muchas veces y solo se endilga a algunas figuras de corte político; sin embargo, se está traicionando a la patria si dejamos morir sin piedad a los que la conforman. Basta de demagogias y populismos. El pueblo no necesita un caramelito. El pueblo necesita ser escuchado y atendido.

Miryam Patricia Falla Guirao
Licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Exbecaria de Investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la República Argentina en el área de Ética y Bioética. Docente Universitaria en pre y post-grado. Conferencista en universidades, colegios profesionales e instituciones jurídicas y de salud.