Hoy el Congreso retomará la discusión sobre el otorgamiento del voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez. Esta pausa, forzada por el lamentable fallecimiento de un congresista, fue considerada por los analistas como un salvavidas para el Gobierno, porque Pedro Castillo, en simultáneo a la exposición de la Premier, invocaba al Congreso en Bagua, a trabajar en conjunto una ley para estatizar o nacionalizar el gas de Camisea. Como decía el Chavo del Ocho, será difícil confirmar si lo hizo “sin querer, queriendo”.
El aplazamiento habría servido, en condiciones normales, para ponerle paños fríos a la tensión generada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero, por el contrario, pareciera que, en la última semana, todos en el Ejecutivo se hubiesen puesto de acuerdo para hacerlo peor.
Sólo bastaría con hacer un recuento rápido, para enumerar las sumas que restan. La solicitud de facultades del ejecutivo para legislar tributos, sazonadas por la envidia y escozor que le produce la riqueza a Pedro Francke. El ataque terrorista al campamento en Ayacucho, considerado como acto heroico por algunos líderes de Perú Libre. La reiterada violencia y agitación social respaldada por la posición anti minera del Gobierno, que ha llevado a paralizar la operación de Antamina. La “criollada” del ministro del interior que ocasionó su salida. Sin considerar todavía las consecuencias de los acuerdos con Bolivia, que aún no conocemos.
Si en un gobierno de Keiko Fujimori o de Rafael López Aliaga, se hubiesen cometido tantos exabruptos en sus primeros cien días de gestión, con toda seguridad ya tendrían denuncias del Ministerio Público e incluso prisión preventiva. No podemos entender cómo se le permite a Pedro Castillo, tomándose la atribución de todo un pueblo, amenazar con prepotencia, abusar con impunidad y decidir con negligencia.
Buscando la racionalidad de la inacción de la justicia y la de algunos legisladores, sólo nos quedaría “especular” que el virus del Covid-19 después que nos aplican la vacuna podría estar produciendo en algunas personas efectos secundarios que nos vuelve permisivos ante la ineptitud, indolentes ante el abuso e indiferentes ante la mediocridad de este Gobierno.
Algo de esto debe de estar sucediendo porque no podemos explicar la razón por la que APP ha decidido apoyar al gobierno en TODO, menos en el cambio de la Constitución. Acción Popular ha supeditado el otorgamiento de confianza si prescindieran de algunos ministros. Ojalá veamos una reacción que permita cambiar su actitud ante el riesgo que enfrentamos. La posición de estos dos partidos será trascendental para contar con los votos suficientes para frenar las perversas iniciativas del Ejecutivo.
Los coqueteos del Gobierno, con congresistas de ambos partidos, son notorios. ¿Se imaginan lo que podría lograr si contara con gran parte de los votos de APP y AP?. Para comenzar obtendría la confianza de sus Gabinetes, evitaría la censura de sus ministros, legislaría sobre tributos sin fiscalización, podría tentar sin restricciones la realización de un referéndum para cambiar la Constitución o en caso contrario, podría hacer las reformas constitucionales que permitirían realizarlo.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional “en funciones”, por sus antecedentes con Vizcarra, podrían dar luz verde a un referéndum y hasta avalar nuevamente un posible cierre del Congreso. A esto le debemos sumar la poca confianza que han manifestado tener, los partidos demócratas, en los funcionarios aún a cargo del JNE y la ONPE. Sus controvertidos fallos en las últimas elecciones generan dudas sobre su imparcialidad en un proceso en que podría decidirse el cambio de la carta magna.
El Gobierno parece tener el poder alineado a su favor, lo que permitiría a los grupos radicales, cumplir el “sueño” de cambiar la Constitución vigente. Pero nos preguntamos, para qué quieren cambiarla, si cada día con sus actos muestran que no son capaces de respetar siquiera las normas y leyes que ellos nos imponen.
Sería un gran error permitir que nuestro país siga gobernado por funcionarios que no dan la talla, que vienen demostrando no estar preparados para desempeñar cargos en los que se define el futuro del Perú y las expectativas de millones de peruanos.
En este escenario, ante indicios flagrantes de incapacidad moral para gobernar, la vacancia presidencial es una opción que debería ser permanentemente evaluada por los partidos políticos que nos representan en el Congreso.
Los partidos demócratas en el Congreso tienen que unirse para consolidar un frente común, junto a los colectivos ciudadanos y marchar de la mano de un pueblo cada vez más indignado, que cada día comprueba que, con lo poco que gana, ahora compra menos y cansado de tantas promesas incumplidas está tomando las calles exigiendo la renuncia de Pedro Castillo.
Luis Otoya Trelles
Comunicador con 42 años en la publicidad y el marketing. Columnista de VOX POPULI y DIARIO EXPRESO. He sido: Director de la APAP, Director de United Way International Perú, Presidente del Tribunal de Ética de la SNRTV, Presidente y fundador del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR). Director Divisiones Menores de Alianza Lima. Soy una persona libre que persigo mi sueño de contribuir con mi país, He decidido participar activamente en política asumiendo el riesgo de terminar frustrado y salir chamuscado en el intento.
Completamente de acuerdo con usted sr Otoya….cómo hacer para que nuestros políticos demócratas despierten y se den cuenta del terrible peligro que corre nuestra patria….el tiempo se acorta….a los que estamos en nuestras casas sólo nos queda orar para que más personas como ud, den la cara se armen de valor y defiendan nuestra Democracia.