¿Permisividad ante la prepotencia?

Pedro Castillo, en sus primeros cien días de gobierno, ha tenido tan pocos logros que podríamos enumerarlos en un “tuit” y tantos desaciertos que, varios de ellos siendo susceptibles de investigación, han sido tratados con mucha permisividad por la justicia, los órganos de fiscalización, incluyendo al mismo Congreso.

Esto último ha sido posible porque el oficialismo ha logrado circunstancialmente una mayoría en el Congreso, con la complicidad de APP y AP, que le ha permitido obtener la confianza de dos gabinetes, los que nos han impuesto con mucha prepotencia.

En los últimos días el gobierno se ha visto amenazado con las denuncias de los valientes excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea por una flagrante injerencia del gobierno, que habría interferido de forma irregular en los ascensos y pase al retiro de sus oficiales en actividad. Esto es considerado como un grave atentado contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

También ha trascendido que el presidente habría convocado a los “elegidos” para exigirles lealtad al gobierno. El objetivo es evidente, tomar el control de las FFAA. Pasar a situación de retiro, de esa manera, a los oficiales que defienden la institucionalidad de las FFAA es una clara muestra de abuso de autoridad.

Pareciera que la actitud de Castillo de destituir a los comandantes generales del ejército y la fuerza aérea, es una amenaza vedada a quienes en el futuro se atrevieran a no aceptar sus “sugerencias”.

Los especialistas consideran que el presidente habría sobrepasado las atribuciones que le otorga la Constitución y estaría faltando a la pública promesa que hiciera en su discurso de asunción al cargo de respetar la institucionalidad y meritocracia en las FFAA, para acabar así con el “amiguismo”.

Esto ha propiciado que la Procuraduría Anticorrupción haya solicitado, al Ministerio Público, se inicie una investigación preliminar contra Bruno Pacheco, el secretario de la presidencia, y contra quienes resulten responsables. Si la investigación llegara a involucrar a Pedro Castillo, podría poner en riesgo su continuidad en el cargo.

Es prematuro poder tipificar el delito, pero algunos analistas han adelantado que habría presunción de delitos de coacción, tráfico de influencias y abuso de autoridad. El presidente, a pesar de ser reconocido como el máximo jefe de las fuerzas armadas y policiales, en el caso específico de los nombramientos, no puede sugerir, ni imponer los nombres de quienes ascienden o pasan al retiro.  En un estado de derecho es considerada una arbitrariedad y está proscrito. De comprobarse el delito, la Comisión Permanente del Congreso aplicando el artículo 99º de la Carta Magna, podría acusarlo ante el Pleno por violación a la Constitución. La sanción podría llegar a una declaración de vacancia por incapacidad moral.

Castillo ha usado su poder político para imponer a ministros muy cuestionados. Por ello no nos sorprende ver que, hasta hoy, no ha pasado nada con el ministro de defensa que al poner su cargo a disposición del presidente había dejado abierta la posibilidad de renunciar, pero ya es conocido que el deporte favorito del presidente es respaldar con su silencio a sus “favoritos” para provocar, con su prepotencia, a la oposición.

 La situación para Pedro Castillo se complicaría si, en las pruebas que ha entregado el general José Vizcarra a la Comisión de Defensa del Congreso, se comprobara la responsabilidad e injerencia del gobernante. Aparentemente este favoritismo habría sido planeado desde meses atrás.

Nos preguntamos ¿Por qué tendría que mentir el general Vizcarra? ¿Por qué le tendríamos que creer a un desacreditado ministro de Defensa “vende humo”? ¿El presidente busca censuras de ministros para provocar el cierre del Congreso?

Para frenar los avances del comunismo, nos gustaría ver a César Acuña recuperando su cordura democrática. Nos gustaría tener a Acción Popular caminando, al lado de los partidos demócratas, con la valentía que mostró Belaúnde cuando enfrentó a la represión con su bandera en la mano.

Estoy de acuerdo con Enrique Ghersi cuando dice: “No se ganan las batallas rindiéndose”. Las fuerzas políticas que nos representan en el Congreso son nuestro sólido soporte legal, junto a los que lucharemos para defender la democracia. Más del 70% de los peruanos consideramos que el presidente Castillo, por sus actos inconstitucionales y su ineptitud, debería ser vacado por el Congreso. ¡No nos defrauden!

Luis Otoya Trelles
Comunicador con 42 años en la publicidad y el marketing. Columnista de VOX POPULI y DIARIO EXPRESO. He sido: Director de la APAP, Director de United Way International Perú, Presidente del Tribunal de Ética de la SNRTV, Presidente y fundador del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR). Director Divisiones Menores de Alianza Lima. Soy una persona libre que persigo mi sueño de contribuir con mi país, He decidido participar activamente en política asumiendo el riesgo de terminar frustrado y salir chamuscado en el intento.