El Órgano de Control Institucional (OCI), dependiente de la Contraloría General de la República, de Provías Descentralizado, requirió a las autoridades de este organismo el expediente de todo el proceso de licitación que favoreció al Consorcio Puente Tarata III y designó a dos auditores. Además, el propio titular de Provías Descentralizado, Walter Pineda, ordenó una fiscalización posterior a la cuestionada licitación. La Procuraduría Anticorrupción se ha sumado al pedido de información sobre la buena pro, para determinar si formula denuncia penal, como hizo en el caso del ex secretario presidencial Bruno Pacheco.


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