El Congreso desde hace algunos años aprueba con frecuencia leyes que declaran de necesidad pública e interés nacional la ejecución de tal o cual obra pública. ¿Esas leyes tienen algún valor jurídico? Ninguno, porque no son vinculantes para el Estado, limitándose a expresar un buen deseo sustentado en el valor de una norma que no se puede cumplir por sí misma. Es una forma de darle la vuelta a la Constitución cuyo artículo 79 señala en su primer párrafo que: “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”. Entonces como los congresistas no pueden ordenar el gasto público ni disponer cantidades que no estén previamente señaladas en el Presupuesto General de la República, evitan esa prohibición mediante una ley declarativa que inicia el camino económico administrativo para la ejecución de una futura obra pública.
El presidente Castillo en su más reciente visita a su tierra pronunció un discurso en el cual se comprometió a construir un aeropuerto en la provincia de Chota. Lo hizo entre bombos y platillos, todo lo cual originó que mucha gente se preguntara cuál era el propósito de ese ese aeropuerto y su justificación técnico- económica en términos de tráfico aéreo de pasajeros y carga. Pronto saltó a la vista que semejante justificación era inexistente. Entonces alguien calificó de ignorantes a los críticos de la propuesta aludiendo que por la Ley No 30828 (El Peruano 24/7/2018) se declaró de necesidad pública e interés nacional la construcción de un aeropuerto en la provincia de Chota, región de Cajamarca, “sin afectar las áreas naturales y arqueológicas protegidas así como el medio ambiente”. Dicha ley contiene las restricciones antes indicadas, lo cual significa que en el supuesto de su futuro cumplimiento deberán cumplirse tales limitaciones. A lo anterior debemos agregar que la ciudad de Chota se encuentra aproximadamente a 130 kilómetros de distancia del aeropuerto de Cajamarca a través de una carretera sinuosa y difícil, razón por la cual los chotanos supuestamente prefieren utilizar el aeropuerto de Chiclayo, al cual pueden acceder con más facilidad considerando la supuesta mejor calidad de la carretera interprovincial que comunica ambos lugares.
Todas estas razones, sin embargo, no justifican técnica ni económicamente la construcción de un aeropuerto en Chota. ¿Entonces cuál es el interés en su ejecución? Pregunta del millón. Aquí debemos profundizar el análisis incidiendo en algunos aspectos relativos a las actividades fundamentales de la región Cajamarca. Sabemos que en las últimas décadas la actividad minera se ha expandido teniendo en cuenta la apertura de ciertas minas como Yanacocha dedicada a la producción aurífera, que por diversas circunstancias no aumentó en la forma y volumen planificado. Tales circunstancias no fueron otras que la oposición liderada por el ex sacerdote Arana y la ONG Grufides, cuya asesora jurídica, Mirtha Vásquez, hoy ejerce la PCM, a raíz de un accidente automovilístico que originó un derrame de mercurio contaminando a ciertas personas que pretendieron recoger sus restos pensando que era oro. Tales personas fueron tratadas e indemnizadas por la empresa pero de ese incidente se construyó una oposición sistemática a la apertura del cercano yacimiento aurífero de Conga, ubicado debajo de una laguna. Su desarrollo hubiera originado una sustancial inversión destinada al traslado de las aguas de dicha laguna así como a la construcción de reservorios para su almacenamiento, que habrían beneficiado a la actividad agropecuaria de la zona, sin perjuicio de facilitar la producción aurífera de Conga. Ese proyecto fue postergado indefinidamente por los socios de Yanacocha ante la oposición del gobierno de Humala provocada por algunos antimineros de la región. En realidad los grandes perdedores fueron Cajamarca y por cierto el Perú al desvanecerse la apertura de nuevos centro de trabajo, mayor demanda de otros productos, sin perjuicio de la merma de sus ingresos fiscales a nivel local y regional.
Cajamarca es una región de una estructura económica equilibrada por el desarrollo de otros prospectos mineros que no fueron afectados por el tema de Conga y además porque tiene una importante producción agropecuaria derivada de su altitud moderada, suavidad del clima, disponibilidad de agua y relativa facilidad de comunicación a través de carreteras, algunas asfaltadas pero la gran mayoría afirmadas. A lo que debemos agregar el turismo vinculado a la historia de la conquista del Perú y la captura de Atahualpa por Francisco Pizarro. Todo lo cual constituye un factor positivo que beneficia la región, la cual cuenta por lo menos con un aeropuerto destinado al servicio aéreo nacional. Sin embargo en los últimos tiempos ha corrido información de que se estaría sembrando amapola, precisamente en la provincia de Chota entre otras localidades, lo cual circula en redes sociales, con unos mapas bastante indicativos de esa nueva actividad de narcotráfico en el norte y en el centro del Perú. ¿El nuevo aeropuerto de Chota serviría a esa actividad tal como ocurre con el aeropuerto de Chapare en Bolivia al que no llegan vuelos comerciales? He ahí la terrible incógnita que no podemos resolver en el presente artículo.
Martín Belaunde Moreyra
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.
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