El honor viene del mérito

Hace apenas unas semanas, un ex ministro del Interior y luego una ex presidenta del Consejo de Ministros, renunciaron a sus cargos creando una crisis del gabinete, teniendo como causa principal, de acuerdo con lo manifestado por ambas autoridades, presuntos actos de corrupción en los procesos de ascensos e invitaciones al retiro en la Policía Nacional del Perú.

Esto no fue un hecho aislado y menor. Fue la erupción visible de una crisis que viene del manto profundo de la disfuncionalidad del Estado y en general de la carencia de una robusta meritocracia estatal en Perú.

La meritocracia es un principio para asegurar que siempre los mejores ocupen los puestos públicos que el país necesita para que el Estado funcione bien. Busca que haya equidad, igualdad de oportunidades y calidad del gasto público en las planillas del Estado, traducido en personas idóneas al servicio de la población.

Ingresos, ascensos, promociones y retiros, sea en el fuero militar, policial o civil, deben responder a criterios objetivos y con altos estándares, para asegurar que el empleo público, siempre responda con calidad e integridad, en favor del bienestar común y las necesidades de la población, por encima de intereses particulares o subalternos.

La meritocracia redunda en procesos de selección legítimos, legales y limpios, ajenos a prebendas, corruptelas o decisiones políticas “a dedo”, incluso en los cargos de confianza, cuando se cumple estrictamente con los perfiles exigibles.    

En este contexto, los sectores Defensa e Interior requieren de una meritocracia blindada, a prueba de las balas del abuso del poder y la corrupción. Cientos de miles de peruanos y peruanas forman parte de las fuerzas armadas y policiales, y su única oportunidad de avanzar profesionalmente aportando a la seguridad interna y la seguridad nacional, depende de un sistema meritocrático altamente predecible, incuestionable que le dé merito a los mejores y expulse a los peores.

Un primer tema de reflexión a propósito de estos presuntos hechos irregulares ocurridos recientemente es la discrecionalidad y subjetividad en las decisiones que adoptan las altas autoridades en un Estado débil y caudillista como el peruano, que ha originado profundas injusticias en el devenir de nuestra historia y que han impedido la construcción de una institucionalidad sólida y respetuosa del estado de derecho.

Esta discrecionalidad se ha traducido en abuso sistemático de poder. Solo en algunas ocasiones, estas injusticias se corrigen a través de las instancias jurisdiccionales, mediante procesos largos y engorrosos. Y al final, aunque la justicia modifique una decisión cuestionable, igual deja una huella dolorosa y mucha indignación en los afectados y sus familias, perjudicando de manera irreversible sus carreras profesionales.

Pero no menos afectadas se ven las propias instituciones. Más allá de los casos individuales, ante la ciudadanía y la opinión pública, las instituciones se desmoronan, como consecuencia de decisiones indebidas reñidas con la ley, que casi siempre quedan impunes. Entonces se pierde la confianza, se instala el deshonor y predomina el abuso del poder.

En este punto, es necesario y lamentable afirmar que nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional no solo no han sido ajenas al mérito prístino, sino en la mente de los ciudadanos, está instalada la idea que son las instituciones menos transparentes, honorables y más corruptas en cuanto se trata de las decisiones de ascensos, invitaciones al retiro y ocupación de puestos estratégicos. El mérito no es su divisa. Es injusto claro, generalizar, pero no se puede negar que tal percepción negativa, no es gratuita. 

No olvidemos el escándalo ocurrido en noviembre del 2021, cuando ex comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea fueron separados de su cargo a solo tres meses de su nombramiento, luego de denunciar presiones políticas para ascender a oficiales que no cumplían con los méritos y requisitos exigidos para ello, lo cual motivó no solo una respuesta por parte del Congreso de la República sino también la caída de otro ministro y el funcionario más cercano a la Presidencia de la República.

Existe evidencia de arbitrariedades en algunos procesos internos de ascensos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Son pasados al retiro oficiales de impecable trayectoria y méritos profesionales sin mayor justificación, inclusive sin haberse presentado a ascenso, mientras que se promueven a otros que sí deberían ser alejados de las filas institucionales por sus faltas o porque simplemente, ya cumplieron su ciclo profesional o porque sus compañeros de promoción ascendieron y ellos no.

Como ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 0090-2004-AA/TC (caso Callegari Herazo), si bien el pase al retiro por causal de renovación es una facultad discrecional del presidente de la República en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas que ahora se limita a firmar la resolución, pues quien en realidad hace la selección es el comandante general de cada institución, con su junta respectiva.

Por ello, es conveniente que los criterios, requisitos y consideraciones para la invitación al retiro por la causal de renovación deben estar expresamente especificados en la norma correspondiente, tratando que todo concepto, aún los más subjetivos, deben estar considerados en los méritos y deméritos de la hoja de vida profesional.

Solo así se puede garantizar una verdadera meritocracia, principio rector fundamental para una obediencia debida a la autoridad jerárquica, en nuestra Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Es importante recordar que recientemente, el Congreso de la República así lo ha entendido y ha aprobado dictámenes que establecen requisitos y perfiles mínimos para los cargos de confianza de alto nivel como los ministros de estado, los viceministros y otros altos funcionarios, estableciendo atribuciones y responsabilidades de la Presidencia del Consejo de Ministros para estos efectos.

Es decir, la discrecionalidad del presidente de la República será regulada para estos nombramientos en cargos de confianza, una vez sean promulgadas las leyes sobre dicha materia. Por lo que es imperativo asegurar esta regulación en un esfuerzo por fortalecer la institucionalidad militar y policial.

Deben ser, en este sentido, los comandantes generales, quienes deben predicar con el ejemplo. Y si existen vacíos normativos que permiten tropelías e irregularidades de algunos altos mandos, es el momento de perfeccionar las normas correspondientes, con la celeridad necesaria. Esto es muy urgente. 

Y las autoridades políticas del sector defensa e interior, ciertamente, no pueden ser los matasellos de las comandancias generales. Ellos deben dirigir la política de gobierno en sus sectores, pero además, asegurar, desde la mirada vigilante del poder democrático, los supervisores y fiscalizadores que estas instituciones militares, funciones perfectamente en el marco de la Ley.

Ello supone, por supuesto, que igualmente, e incluso con mayor celo, deben predicar con el ejemplo en el ámbito civil. Y no debemos olvidar la obligación irrenunciable de los organismos constitucionales y autónomos de control y fiscalización y defensa de la legalidad, de supervisar estos procesos de ascensos, retiros y promociones en Defensa e Interior.

Dichos sectores deben ser ejemplo de honorabilidad siempre, no la vergüenza pública por culpa de unos cuantos inescrupulosos.  

Los comandantes generales merecen absoluto respeto por parte del presidente de la República en cuanto a su periodo regular de designación, atendiendo al orden de antigüedad en el escalafón; de igual forma, son exigibles a estos comandos, el cumplimiento irrestricto de dichos parámetros al interior de sus propias instituciones.

Ante ello, es imperativo que se destierre en las entidades castrenses y policiales, el secretismo en los ascensos a fin de que la sociedad conozca los procesos de ascensos, pues solo ello permitirá garantizar que éstos se desarrollen bajo los parámetros de ley, en la línea de democratizar y fortalecer a las instituciones públicas, a fin de promover la transparencia y el acceso a la información pública. Se requiere transparencia absoluta. Resguardar su honor, depende de proteger el mérito por sobre todo.

Cada ascenso, cada invitación al retiro debe estar debidamente justificada y motivada en su resolución respectiva, así como en las actas correspondientes, basándose en la hoja de vida de cada concursante o miembro, con principios de igualdad y meritocracia para todos.

No es coherente, que los mandos militares exijan respeto a su institucionalidad, por parte de las autoridades políticas y democráticas, si ellos no ejercen ese mismo respeto y cautela de derechos de sus subordinados, en los procesos de ascensos. Se dicta, con el ejemplo.

Luis Miguel Iglesias.
Abogado, secretario general de la Contraloría General de la República. Comprometido en construir un sistema de justicia democrática, eficiente que fortalezca la convivencia social.