No solo el Ejecutivo goza de un desprestigio bien ganado; el Legislativo también ha hecho de las suyas en esta competencia desbocada. ¿Cómo es posible ubicar al gato de despensero? Se come todo. Así está pasando con la “nueva ley de contrarreforma universitaria”, promulgada por el Congreso en primera votación, recientemente. Hubo mucho qué hacer con el objetivo de elevar el nivel de la Educación Superior en el Perú; ahora, negocios de propios y extraños traen abajo todo lo actuado.
Si una universidad queda sin licenciamiento de SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) es porque lo merece. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, se brindaron licencias a granel para crear nuevas casas de estudios, pero esto derivó en la apertura de las llamadas universidades chicha o bamba, porque no reúnen los estándares de calidad que un centro universitario debe poseer para su funcionamiento. Sobre todo, brindar una formación competitiva, de muy alta calidad. No ha sido así. Esta ley de apertura avalada por la extinta ANR (Asamblea Nacional de Rectores) derivó en una verdadera estafa. Brotaron por doquier instituciones que cumplían apenas con el mínimo requerido en la oferta de una formación de nivel óptimo; otras, no satisfacían lo indispensable para ser consideradas verdaderas universidades. Los estafados fueron los alumnos, cuyos padres malgastaban el dinero al tener a sus hijos en instituciones que no garantizaban una decorosa salida al mercado laboral.
A fin de evitar todo esto, se creó la SUNEDU como organismo regulador y supervisor de la Educación Superior. Este dejó de otorgar licencias a instituciones sin las condiciones requeridas; puso la valla muy alta e incentivó así la excelencia del servicio educativo. Allí cayeron varias cabezas, como la Universidad Telesup y la Inca Garcilaso de la Vega. Por supuesto que esto no agradó a operadores de toda laya; menos aún, que la SUNEDU estuviera dirigida por personas capaces, de amplia formación y plenamente autónomas. Esto afectó a los emprendimientos del ex congresista Luna Gálvez, quien no solo fundó Telesup, sino que además compró el local de la institución por una cuantiosísima suma y después lo alquiló a sí mismo, usando a su hijo como testaferro. Presiones de este tipo determinaron que se produjera una contramarcha en el Congreso, cuando este votó por una ley según la cual la SUNEDU debía ser dirigida por representantes y delegados de las universidades, al estilo gremial o corporativo. He ahí el quid del asunto. Se intenta retornar a lo que fuera la Asamblea Nacional de Rectores. El gato queda como despensero de modo galopante. Aún falta una segunda votación, con la que se confirmará el desaguisado o este quedará sin efecto.
No es posible ser juez y parte; la SUNEDU no debe funcionar incluyendo en su Consejo Directivo a representantes de las casas de estudios que a lo mejor quedaron fuera de todo licenciamiento. Para colmo de males, se ha intentado resucitar el bachillerato automático. Este, en primer lugar, debió ser escolar en el sistema público y privado. Al no existir en el Perú, lo mínimo que se solicita es que un alumno próximo a egresar sustente un trabajo de investigación que avale sus conocimientos y su grado universitario. Esta modalidad fue abolida por el gobierno de Fujimori y restaurada por Humala.
Para completar el cuadro, el ex presidente Sagasti entra en contrapunto con la Rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, porque la susodicha autoridad, quién está de acuerdo con la contrarreforma, afirmó que los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU fueron puestos a dedo. Sagasti, indignado con justa razón, le ha exigido a Ramón que rectifique lo dicho; sino tendrá que enfrentarse a una querella. Todas estas idas y venidas, en rechazo y defensa de intereses subalternos y clientelistas, no deben mermar la educación superior. Esperemos que el Congreso rectifique y la SUNEDU no vuelva a ser una réplica de la ANR. Más bien, aquella tiene que apuntalarse como un organismo independiente que salvaguarde los intereses de los ciudadanos en lo que esta actividad formativa concierne. Que así sea.
Miryam Patricia Falla Guirao
Licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Exbecaria de Investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la República Argentina en el área de Ética y Bioética. Docente Universitaria en pre y post-grado. Conferencista en universidades, colegios profesionales e instituciones jurídicas y de salud.
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