Andrés Manuel López Obrador: persona no grata

Los acontecimientos avanzan vertiginosamente. Cuando me preparaba a escribir un artículo sobre las impertinencias del susodicho Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso lo acaba de declarar persona no grata. Mi primera reacción ha sido bien hecho porque se lo merece ese tal por cual. Pero la verdad es que bien calificado y mucho más. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conforme s su título oficial y al nombre de su país, que curiosamente no es México, está interviniendo en la política interna peruana con todos los medios a su alcance para arruinarnos, con el torvo propósito de fomentar una guerra civil entre peruanos.

Como bien ha dicho el ex canciller José Antonio García Belaunde en una entrevista publicada en El Comercio “el Presidente de México está desconociendo un tratado internacional”, concretamente el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico que vincula al Perú, Chile, Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto “de construir de manera progresiva y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas”. Y efectivamente en los primeros diez años de su existencia, la Alianza para el Pacífico avanzó en forma gradual pero ininterrumpida en ese objetivo principal, tal como cualquier analista económico podrá observar estudiando el incremento de las cifras comerciales.

Es evidente que un tratado multilateral como es el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, obedece a la decisión política y jurídica de sus integrantes de llevarlo a cabo, dentro de un conjunto de condiciones vinculadas al mantenimiento de la Democracia y del Estado de Derecho tal como están definidas en el Artículo 2 del citado acuerdo. Pero nada en sus estipulaciones  señala la autorización de uno de sus integrantes para intervenir en la vida política interna de cualquiera de sus miembros. AMLO en sus actos y declaraciones ha violado la obligación de cualquier Estado de respetar la soberanía e independencia de los Estados, en este caso Perú, contrariando el principio universal consagrado en el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, “de la igualdad soberana de todos sus miembros”.  Diera la sensación, como en los cerdos de la ficción orwelliana de “La Granja de los Animales”, que hay algunos más iguales que los otros. Bajo ese supuesto AMLO es más igual como presidente de México que la presidenta Dina Boluarte del Perú, quien se encuentra en una escala inferior de esa jerarquía. Lo cual, por cierto, es totalmente inaceptable.

Conforme al artículo 7 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico existe una Presidencia Pro Tempore “que es ejercida sucesivamente por cada una de las Partes, en orden alfabético, por períodos anuales iniciados en enero”. En estricto rigor jurídico la entrega de la Presidencia Pro  Tempore debería ser un paso automático acompañado de ciertas formalidades esenciales para puntualizar hechos concretos, pero en la práctica existía alguna ceremonia formal de transferencia. Basado en esa práctica AMLO se niega a que su colega Dina Boluarte como Presidenta Constitucional del Perú, asuma ese cargo, pretendiendo justificar su arbitrariedad calificándola de usurpadora. Estas frases son inadmisible y reflejan  la voluntad inequívoca de violar el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

¿Qué hacer frente a esa violatoria arbitrariedad? El artículo 12 del Acuerdo sobre Solución de Controversias señala en su primer párrafo que “las Partes realizarán todos los esfuerzos para alcanzar una solución satisfactoria ante cualquier diferencia sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones de este Acuerdo Marco”.  Y en el párrafo segundo se establece que en un plazo de seis meses contados a partir de la suscripción…iniciarán negociaciones de un régimen de solución de diferencias…” Hasta donde el autor de estas líneas conozca no  se ha suscrito tal acuerdo, ni menos que haya sido ratificado por las Partes. Esto significa, por consiguiente que nos encontramos ante un vacío internacional.

¿Eso significa entonces que el gobierno del Perú debe quedarse con las manos cruzadas? De ningún modo, frente a tal ausencia normativa Torre Tagle debe tomar la elemental iniciativa de responsabilizar al gobierno de AMLO de cualquier daño y/ o perjuicio que pueda derivarse de la arbitraria y violatoria retención de la Presidencia Pro Tempore por parte de México. Es lo menos que se debe hacer y no hay ninguna razón para que nuestro gobierno no lo haya hecho hasta ahora. En estos momentos resulta imperativo actuar en ese sentido y mientras más rápido mejor.

Martín Belaunde Moreyra. Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.