La ciudadanía, sin distingos sociales, económicos, políticos, ideológicos, ocupacionales, etc. reiteradamente, no solamente reclama, sino exige a las autoridades de los tres Poderes del Estado que les garanticen la seguridad ante el actuar cotidiano de la delincuencia que cada vez se incrementa más. Nadie está seguro de día o noche en las vías públicas, establecimientos, transportes ni siquiera en sus viviendas; los delincuentes, actuando individual o en bandas criminales, agravian a las personas (varones, mujeres, ancianos y niños) apoderándose de sus bienes, dinero hasta causándoles lesiones y la muerte.
Los miembros del Legislativo, Ejecutivo, el Poder Judicial y Ministerio Público, no obstante, a que están obligados a garantizar la seguridad de los bienes y la vida de los ciudadanos, lamentablemente no lo hacen debidamente. La demostración está en el constante incremento delincuencial y la diaria detención que realiza la Policía Nacional de un sin número de delincuentes. Los políticos del Legislativo y Ejecutivo y los magistrados fiscales y jueces posiblemente lo ven y escuchan en medios periodísticos que dedican espacios significativos informando de hechos delictuosos.
Algunas situaciones que evidencian la carencia de seguridad respecto a la delincuencia, son: Que los Códigos Penal y Procesal Penal deben modificarse totalmente sin calcos ni copias, y sustentarlos en la realidad nacional. En el actual Código Penal se establecen penas que realmente son benignas y conceden al delincuente la “acumulación” de penas en lugar de sumar todas las que corresponden por cada acto delincuencial. Es necesario que el Código Procesal Penal establezca plazos breves y precisos para los procesos y que sean sin dilaciones – incluyendo las se merecen los reducidores – bajo la responsabilidad personal de los fiscales y jueces que no cumplan con procesar en los plazos establecidos. Otro hecho: La Policía suele informar que al detenido que está poniendo a disposición del Fiscal en lo penal, ya antes fue detenido por otro/s delito/s y “ahora” los volvieron a detener por nuevos delitos (¿Quién y porque le dieron libertad?). Es necesario que en forma permanente haya un fiscal en cada Comisaria para que intervenga y participe en las investigaciones que realiza la Policía a cada delincuente detenido por haber cometido delitos, y que ese Fiscal suscriba las actas levantadas en el establecimiento policial por la/s investigación/es al delincuente; este hecho determinará el inmediato enjuiciamiento y la sentencia sin dilaciones.
Debe establecerse nítidamente en los Códigos Penal y Procesal Penal que el delincuente devuelva al agraviado todos los bienes y pague la reparación civil establecida en la sentencia firme y ejecutoriada, condición que debe cumplirla antes que obtenga su libertad. Además, en el caso de lesiones causadas al agraviado debe sufragar su curación y recuperación total y si causó la muerte la reparación civil que debe ser indemnización a los deudos de la víctima. Actualmente en los indicados Códigos no está establecido tal responsabilidad del delincuente. En efecto, los juzgadores “conceden” su libertad sin exigirle la devolución mencionada ni el pago señalado. Total: el delincuente – aunque sea condenado – se beneficia porque no devuelve el dinero y/o bienes de su agraviado ni paga su curación o indemnización si lo lesionó o mato.
Se ha señalado reiteradamente, el delincuente que es recluido en una cárcel, desde que ingresa a ella es sostenido gratuitamente por todo el tiempo de su encarcelamiento. En efecto tiene “casa”, comida y salud sin pagar suma alguna; virtualmente es sostenido por el Estado con la recaudación que hace de los impuestos. Tal situación debe cambiar inmediatamente. Al delincuente encarcelado debe obligársele que trabajé en forma permanente durante todo el tiempo que duré su prisión para que por lo menos pague su alimentación y servicio de salud. Todos los ciudadanos trabajamos para sostenernos. ¿Por qué a los delincuentes que nos hacen daño, tenemos que mantenerlos gratuitamente?
En el Perú hay hacinamiento en los penales. Cada día ingresan nuevos. Es imprescindible edificar más penales, pero … que al mismo tiempo que sean establecimientos de reclusión penal, deben ser centros de trabajo para que laboren los encarcelados y obtengan una remuneración con la que paguen sus alimentos y salud. Para ello en cada cárcel deben existir uno o más locales para fabricación de bienes para los mercados.
José Roberto Rendón Vásquez.
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
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