Es oportunidad para reflexionar sobre la realidad en que vivimos. Medios periodísticos puntualizan sobre la grave e inocultable inestabilidad política, la corrupción, alarma económica y espanto de inversiones. La incapacidad gubernamental acarrea más problemas. Veamos los que se reconocen públicamente (en orden de gravedad), son: “Corrupción, delincuencia, bajos sueldos y aumento de precios y alto costo de vida, pobreza, deudas familiares, falta de credibilidad y transparencia del gobierno, falta de empleo, carencia de seguridad ciudadana, deficiencia educativa y en servicios públicos de salud y seguridad social, falta de apoyo a la agricultura, violación de los derechos humanos, carencia de viviendas, violencia contra la mujer y niños”. En fin, ciudadanos y empresarios dudan de la eficacia gubernamental y han perdido su confianza en los electos para el Ejecutivo y Legislativo y en los que administran justicia.
La incertidumbre en el accionar de los políticos repercute en la economía nacional; crecerá 0.4% al finalizar el 2023 y 2,3% en 2024. Se informó que la caída hubiese sido mayor sin la contribución de la minería, la cual tuvo un crecimiento de 12.0% impulsada por la consolidación de las operaciones de Quellaveco y los mayores volúmenes de minas como Las Bambas y Cuajone. Lo que evitó atenuar los efectos de la suspensión de la primera temporada de pesca en la zona norte-centro y sobre la manufactura primaria. Ello muestra el bajo rendimiento de la actividad productiva en general. El 2023 ha sido insuficiente la reactivación económica determinando la posibilidad que el 2024 el panorama de nuestra economía sea incierto.
La realidad política, evidenciada por las posturas y pregones hechos en el Ejecutivo, Legislativo y “personalidades” de otras instituciones públicas y el dedicarse a sus constantes confrontaciones han generado que no trabajen real y efectivamente para que se resuelvan los fundamentales problemas nacionales. Uno de ellos es que muchos peruanos han quedado sin empleo dependiente y subordinado a un empleador (de entidades privadas o públicas) deviniendo en el incremento de la informalidad laboral. Muchos empresarios han huido del país e inversionistas extranjeros tienen temor de emplear capitales en el Perú para la extracción de riquezas naturales dándoles valor agregado para abastecer los mercados nacionales y extranjeros. Somos un país rico en minería, pesca, agroindustria, etc. y tenemos virtudes turísticas que pueden incentivar significativas inversiones para reabrir o generar nuestros centros de producción, generando la necesidad de mucha mano de obra que debida y racionalmente remunerada puedan atender la vida digna de la familia. Con más empleos decrecerá – hasta podría extinguirse – la informalidad y reducirá la pobreza.
Si se consolidan los actuales centros de producción y hay cada vez nuevos, repercutirá en más fuentes de trabajo, debida y técnicamente capacitada, que con sus remuneraciones los trabajadores podrán adquirir cada vez los necesarios medios y productos de subsistencia, la educación de los hijos, obtener viviendas técnicamente edificadas en lugares seguros y paulatinamente se irá incrementando la producción para abastecer a los mercados; consecuentemente el Estado percibirá cada vez mayores cantidades de dinero por los impuestos que paguen los productores empresarios y sus compradores y por ende podrán mejorarse los servicios públicos en general para beneficios de toda la población peruana.
Es el momento que todos debemos recapacitar y reflexionar. Los electos gobernantes tienen la obligación de centrar su trabajo y actividad en el Ejecutivo y Legislativo, por unitariamente encontrar soluciones para cada problema que nos está afectando. No fueron elegidos “para que vivan cómodamente” y “acuerden bonos por la navidad 2023”. Uds. como candidatos “ofrecieron” servir a los peruanos y mejorar sus condiciones de vida. ¡Fueron palabras, palabras .…..¡ y electos se han dedicado a confrontarse mutuamente y muchos (electos Presidentes y/o nombrados y/o designados ministros y funcionarios públicos), aun en el Poder constitucionalmente independiente, autónomo y exclusivo, se ha evidenciado que han “caído” en la corrupción” (probablemente para enriquecerse ocultamente creyendo que nunca se sabría).
La actual situación en que vive el pueblo es inadmisible. Si no se resuelven los problemas, alejándose de la corrupción, paulatinamente crecerá el descontento en todas las clases sociales que viven del trabajo honesto. Lo expresaran de diversas maneras y podrían llegar a actos extremos.
¡Qué el 2024 sea de enmienda!
José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
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