La predictibilidad y la razonabilidad son dos principios importantes para el sistema de justicia y la administración pública en el Perú. Según la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), la predictibilidad implica que la autoridad administrativa debe brindar a los administrados o sus representantes una respuesta coherente y previsible, basada en el derecho a la igualdad y la seguridad jurídica. La razonabilidad, por su parte, se refiere a que los actos de la administración deben ser proporcionales, adecuados y justificados, de acuerdo con el principio de juridicidad.
Estos principios se han desarrollado a través de diversas normas, jurisprudencia y doctrina, tanto a nivel nacional como constitucional. Sin embargo, también se han identificado algunos problemas y desafíos para su aplicación efectiva, como la falta de uniformidad, la discrecionalidad judicial, la corrupción, la demora y la carga procesal. Por ello, se han propuesto algunas medidas para fortalecer la predictibilidad y la razonabilidad de las decisiones judiciales y administrativas, como la generación de precedentes vinculantes, los plenos jurisdiccionales, la motivación en serie y la reforma del sistema de justicia.
Las reformas judiciales que se han propuesto para mejorar la predictibilidad del sistema de justicia en el Perú son las siguientes
Generar precedentes vinculantes que orienten la interpretación y aplicación del derecho por parte de los jueces y tribunales.
Realizar plenos jurisdiccionales que permitan unificar criterios y resolver conflictos de competencia entre las diversas instancias judiciales.
Motivar en serie las resoluciones judiciales que se basen en precedentes o jurisprudencia consolidada, evitando la repetición innecesaria de argumentos.
Reformar el sistema de justicia para garantizar su independencia, imparcialidad, eficiencia y transparencia, mediante la selección y evaluación de los magistrados, la modernización de la gestión y la digitalización de los procesos.
Estas reformas buscan fortalecer el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
Está reforma planteada desde 2021,al 2025 no muestra avances significativos, y debería realizarse una reforma total del sistema judicial que garantice la predictibilidad y la razonabilidad en los procesos de los administrados.
Un país con justicia, seguridad y democracia asegura el crecimiento y garantiza la inversión en todos sus niveles.
El camino está libre para actuar con prudencia y con excelentes decisiones, con aprecio Rafael aita c.
Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque
0 comments on “La disconformidad de nuestra justicia”