Siempre las sociedades han sufrido la comisión de delitos cometidos en diversas modalidades, las que están tipificadas en códigos penales estableciendo las penas correspondientes a los autores. Los gobiernos las han combatido y han establecido centros de reclusión para los delincuentes. Antes la seguridad de las personas no era tan alarmante. Pero la delincuencia ha crecido y terriblemente; se han incrementado los delincuentes como sus modalidades delictivas; ya no es solamente cometida individualmente o en pequeños “grupos”, sino que ahora se padece de las organizaciones que se están extendiendo internacionalmente. En efecto, ha crecido en “modalidades” y suma de delitos operando incontroladamente ante la carencia de idoneidad y/o ausencia de los servicios de seguridad urbana. “En la actividad privada” las organizaciones delictivas llegan a controlar barrios, espacios públicos (malls, estaciones, etc.) afectando a personas naturales y jurídicas, pues hasta tienen “organizaciones” internacionales (Por ejemplo: estafa, contrabando, tráfico de personas, tráfico de drogas). Refiriendo a hechos delictivos, usando “organizaciones” no puede omitirse señalar que la corrupción (que es la realización de diversos delitos) ha llegado a instituciones públicas que también tiene ribetes internacionales.
La delincuencia organizada se está volviendo incontenible en el Perú. Se va incrementando la peligrosidad en muchas modalidades (en los robos, hurtos, lesiones, crimen, estafas, chantajes, extorciones, secuestros, intimidación, sicariato, prostitución, delitos informáticos, etc.). El número de delincuentes está aumentando porque están llegando de Venezuela, Colombia, Ecuador y otros países y están operando en distritos de Lima; no sólo es realizada por hombres sino por mujeres, ancianos y hasta menores de edad (usados para el sicariato) que actúan con violencia en agravio hasta de niños y mayores de edad; no contamos con la debida seguridad en calles, plazas, establecimientos, transportes citadinos e provinciales ni en nuestras viviendas.
“Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 26,9% de la nuestra población a partir de los 15 años a nivel nacional urbano, ha sido víctima de algún delito en el primer semestre de 2023” (SIC). Es decir, la delincuencia – criminalidad – se ha convertido en un grave problema nacional que no ha sido prevenido ni combatido eficientemente por el Estado.
Son graves deficiencias de los sistemas de seguridad que ha “materializado” el severo incremento de la inseguridad ciudadana. Hay factores que no se deben silenciar; veamos algunos: Las deficiencias en el desarrollo de la economía nacional que ha acareado el cierre de centros de trabajo, carencia de empleos, la informalidad y la pobreza extrema; la inconciencia de “gobernantes” que abrieron las fronteras peruanas a la inmigración entre ellos de miles y miles de delincuentes; no haber previsto que los delincuentes estaban constituyendo organizaciones nacionales e internacionales (muchas dirigidas por sentenciados desde las cárceles); la falta de personal policial y vehículos patrulleros debidamente conservados, agravado por no legislar dando seguridad personal a los policías; la carencia de suficientes centros de reclusión en diversos partes del país; el hacinamiento de las actuales cárceles. No puede dejar de señalarse la falta de una eficiente y pronta investigación fiscal y la asombrosa lentitud en la administración de justicia en las acciones penales; tampoco puede callarse que muchos delincuentes detenidos por la Policía y puestos de disposición del correspondiente fiscal han sido vueltos a detener por la comisión de nuevos delitos en las callea. ¿Qué fiscal y/o juez les dio libertad, sabiendo que con la concesión de “esas” libertades se agobiaba y perjudica al vecindario?
El agravamiento de la delincuencia – criminalidad – que se ha convertido en un gravísimo problema nacional, es responsabilidad de quienes ejercen los Poderes Ejecutivo y Legislativo, (en particular del Ministerio del Interior – Policía Nacional – y Justicia) y también del Ministerio Público y del Poder Judicial (en todas las instancias de estas dos entidades), Poderes estatales e instituciones que lamentablemente están desprestigiadas ante los ojos de la sociedad por incumplir su obligación constitucional, legal, profesional y moral, pues, deben velar por la seguridad de los ciudadanos ante los inocultables hechos de violencia, y también por los diversos y bien documentados casos de corrupción.
La Constitución establece que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de sus derechos fundamentales y su dignidad.
José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
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