Ante el diario y escalofriante incremento delincuencial efectuados individual o en organizaciones de malhechores nacionales y extranjeros (venezolanos, colombianos, ecuatorianos y otros países), a pesar del glamor de la sociedad que el Estado adopte las medidas no solamente para sancionar penalmente a los autores de delitos, sino que extinga la delincuencia combatiéndola audaz y legalmente.
En ciudades, distritos, barrios y calles los vecinos presencian asaltos para hurtar, robar, extorsionar, raptar, lesionar, asesinar en las vías públicas, vehículos de transporte público, establecimientos y viviendas. Como se visualiza en sistemas de video, los delincuentes aprovechan del intenso tráfico para hurtar y/o robar celulares, carteras y mochilas de los viandantes; y en establecimientos asaltan a los dueños, trabajadores y los clientes y les roban sus pertenencias. También ingresan a los domicilios trepando paredes y forzando las puertas y se apoderan de artículos de valor. En plena vía pública los sicarios usando armas de fuego matan a una o más personas. Otros delitos son la estafa, extorción, tráfico de personas para la prostitución, secuestros de personas para exigir cantidades de dinero para su rescate. Los autores son delincuentes que actúan en “grupo” y que son transportados en motocicletas y hasta vehículos motorizados en los que también huyen; muchas veces ubicados por la Policía, se enfrentan a los custodios y hasta los hieren o causan a muerte.
En informativos periodísticos muchos delincuentes son presentados por la Policía y dan a conocer que luego de las investigaciones policiales son puestos a disposición del Fiscal competente y éste debe cumplir con presentar la denuncia respetiva ante el Juez Penal para que lo procese. Sin embargo, la Policía también informa que delincuentes antes detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía, han vuelto a ser detenidos por nuevos delitos. El Fiscal o el Juez Penal les dio libertad y los malhechores continúan en las calles cometiendo delitos. Este hecho indigna no solamente a los agraviados sino a la población.
En los últimos años nuestro país ha sufrido con la llegada de bandas internacionales que actúan en varios países. Se ha incrementado la cantidad de organizaciones delincuenciales que operan conjuntamente con peruanos hombres y mujeres y hasta usan menores de edad. Han “traído” nuevas modalidades y operan armados hasta con granadas y dinamita. Estas bandas han inundado varios distritos de Lima y otras ciudades del país. Algunos son dirigidos por delincuentes encarcelados. Muchos de esos delincuentes han sido detenidos y encarcelados, pero en calles quedan cientos que continúan delinquiendo.
Un hecho que no debe pasar inadvertido es que en el Perú las cárceles están saturadas de detenidos y sentenciados. Se carece de suficientes centros de reclusión. Hay necesidad de edificar nuevos distribuidos en todo el país que sean seguros y en cada uno haya centros de trabajo (producción) de bienes destinados a los mercados; fabricas donde trabajen los detenidos; Los locales pueden ser alquilados a empresas privadas para producir las mercaderías de su rubro.
Actualmente todos los detenidos y sentenciados recluidos en cárceles, son mantenidos gratuitamente por el Estado proporcionándoles alimentación y servicios de salud. El dinero proviene de impuestos que pagan los ciudadanos. O sea que las víctimas de los delincuentes tienen implícitamente que sostenerlos.
Otros hechos que “dan ventaja” (o beneficios) a los delincuentes es que en la tipificación de los delitos en el Código Penal no establecen penas severas de cumplimento obligatorio por los sentenciados. Se debe legislar que bajo ninguna modalidad (o pretexto) los fiscales y/o jueces les concedan libertad hasta que cumplan su pena. Igualmente debe establecerse penas severas (de tiempo) a los receptadores y duplicarse el plazo para la prescripción aplicables hasta los mayores y/o menores de edad.
Un hecho que no debe “pasar” desapercibido por los legisladores es obligar a que los administradores de justicia, sean fiscales o jueces de todos los niveles jerárquicos, es que cumplan con procesar las causas (expedientes) a su cargo dentro de los plazos procesales establecidos en el Código Procesal Penal o normas legales procesales, bajo su personal responsabilidad jurisdiccional, administrativa y penal y sin las “clásicas” excusas de la “carga procesal. No olvidar que las leyes no se dejan sin efecto por acuerdos directrices o por oficios institucionales.
José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
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