En un país donde los procesos penales son eternos, durando años sino décadas y las diligencias de todo tipo interminables y por lo general extemporáneas, resulta altamente revelador sino sospechoso el inédito, expeditivo e inusitadamente violento allanamiento al domicilio de la presidenta Dina Boluarte el último Viernes Santo para encontrar afanosamente los benditos relojes Rolex.
La innecesaria prepotencia de un contingente de más de treinta policías y no sabemos cuántos fiscales para derribar -combazo de por medio- la puerta de una casa familiar donde se encontraba el joven hijo de la presidenta, en una alharacosa operación digna de la persecución a un capo de la mafia del narcotráfico o al líder de una banda de sanguinarios secuestradores para hurgar por unos relojes, ha sido tan aparatosa como inútil y hasta ridícula. Tan es así que hasta la fecha los relojes no han aparecido y todo indica que no aparecerán, con lo que esta nueva puesta en escena de nuestra bienaventurada justicia terminará como esos casos de comedias policiales donde el muerto nunca aparece y el consecuente proceso penal se desvanece.
Nadie en su sano juicio pretende desconocer la frivolidad y la sinvergüencería de una mandataria que exhibe costosos relojes y hasta exquisitas joyas de tan dorado resplandor como de una opaca y dudosa procedencia. Objetos que sin duda debe probar cómo los adquirió, pero dentro de un debido proceso para con quien detenta -nos guste o no- la personificación de la nación.
Como sabemos la presidenta es una funcionaria aforada, por tanto, goza de un trato privilegiado, diferente al común de los mortales, uno que está consagrado en la Constitución. Un maltrato innecesario, aplaudido por una prensa ávida de escándalos, que haciendo alarde de una matonería ramplona solo puede conducir a un efecto inversamente proporcional al deseado: que toda esta pantomima termine en una sucesión de memes.
Si en lo penal el tema viene resultando débil por el apresuramiento y la falta de rigor legal, en el plano político la situación se vislumbra ya casi definida…por ahora. Dina Boluarte sabe que la vacancia es un lejano e inalcanzable sueño húmedo de ciertos sectores rojos y de la siempre presta caviarada por la evidente imposibilidad de alcanzar el mágico número de votos requeridos y de paso, el recambio de anodinos ministros (salvo honrosas excepciones: ministro Mathews) por otros anodinos ministros pueden asegurarle los votos para la confianza a un flamante -y paradójicamente ya extenuado- gabinete Adrianzen en un Congreso tan desprestigiado como ultra hiper fraccionado.
En síntesis, la señora puede salir airosa -por ahora- en lo penal y en lo político, sin embargo, ello no significa que pueda respirar tranquila, su mediocre y anodina gestión plagada de severos cuestionamientos por corrupción le va a pasar la factura; quizás no hoy, pero mañana…de todas maneras.
Ricardo León Dueñas
Abogado por la Universidad San Martin de Porres con estudios culminados de Maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, post grado en la Universidad de Piura y diplomado en arbitraje por el Centro de Arbitraje de la PUCP. Ha sido gerente de administración y finanzas de Prom Peru, asesor legal de la SBS, gerente legal de la ONP y consejero en el Estudio Muñiz, gerente general y representante legal de AON Benfield Peru, asesor legal y director de C&J Constructores. Miembro de la Misión de Observación Electoral de la OEA para las elecciones en Guatemala 2007 y candidato a la alcaldía de San Isidro en el 2014. Actualmente se desempeña como abogado, consultor independiente y columnista en diversos medios de prensa.
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