Los intocables

En el Perú actual hay autoridades que se creen intocables, se puede allanar a un Presidente de la República pero es un sacrilegio investigar a un periodista con claros indicios de operador político o a un policía que maneja una división con jugosos recursos públicos. Existen aquellos a los que la autoridad les levanta el secreto de las comunicaciones pero se niegan a entregar sus aparatos celulares y no pasa nada, algo que no podría ni debería hacer la mismísima primera ciudadana de la nación sin que la prensa, con toda razón, la exponga en portadas y titulares a diario. Uno se pregunta por qué el Señor Gorriti y sus protegidos Rafael Vela y José Pérez obstruyen la justicia sin que sean conminados a colaborar con la justicia, mientras la prensa gruesa obvia el hecho o mira hacia otro lado contribuyendo a la impunidad.

La aplicación de la ley doble rasero es la que nos gobierna hoy, al ex Fiscal de la Nación,  Pablo Sánchez, no se le destituye por haber detenido una diligencia fiscal en IDL en respuesta a la exigencia del intervenido y a la Junta Nacional de Justicia no se le mueve  una ceja ante la manifiesta interferencia que Sánchez ejerció a las competencias del fiscal adjunto Rodrigo Rurush. Para Sánchez, Vela o Pérez  no hay procedimientos exprés como sí para Patricia Benavides, a la que una magistrada inhabilitada por el Congreso de la República pretende destituir pese a que hoy ejerce provisionalmente el cargo gracias a una cuestionada medida cautelar de una sala constitucional de la Corte Superior.

Otros personajes como la fiscal Marita Barreto “frenan” una diligencia de Inspectoría de Policía Nacional que investiga al Coronel Harvey Colchado con el argumento que como maneja casos de corrupción en el poder no puede ser investigado, ni relevado, ni tocado. El señor Colchado no debe ser inmune a investigaciones, no es propietario de la jefatura DIVIAC, debe rendir cuentas de sus actos y del presupuesto que ha manejado durante los años que ocupó el cargo, debe responder por sus actos, incluso por aquello de lo que se vanagloria. Que sus abogados  ensayen la teoría que “se tiene que demostrar si él posteó la torta del allanamiento o que la temática no es referida a la tumbada de puerta de Dina” es ridículo, nadie se los cree. Aún así, si es la única falta que Inspectoría le atribuye a don Harvey sería un abuso destituirlo; sin embargo, es hora que su comando asuma responsabilidades y lo transfiera a otra unidad porque nadie es indispensable y la concentración de poder corrompe.

Hay otros funcionarios como la señora Inés Tello que transitan por encima de la Constitución y la ley permaneciendo en un cargo por encima de la edad límite que señala expresamente nuestra Carta Magna. Bajo el lamentable argumento que la “discriminan por ser adulto mayor”, la magistrada continúa administrando justicia ilegalmente, respaldada por sus compañeros que, sin ningún empacho, se valieron de un informe anti técnico de SERVIR para respaldar su interpretación auténtica. A estos ciudadanos no les pasa nada, pueden adecuar la ley a sus intereses y nadie los procesa por “organización criminal”. Otros personajes con corona, como Tuesta Soldevilla, pueden trabajar en el estado “para lo que se presente”, recibiendo salarios fijos disfrazados de asesorías bajo el argumento que son “expertos” y no se puede prescindir de su sabiduría; sin embargo, el flamante Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, estuvo  punto de ser censurado por haber incorporado a su equipo a su secretaria de confianza.

Esta doble vara tiene un socio poderoso, la prensa que, tras la caída de Fujimori, se convirtió en un operador político más;  y que, lejos de alejarse del poder para fiscalizar a los actores políticos con imparcialidad, se sumó a este circo del doble rasero plagado de las interpretaciones auténticas más disparatadas de la ley y la Constitución; mientras ello no cambie, nada cambiará, seguiremos asistiendo a la dualidad de la valoración ética, legal y legítima, seguiremos observando que periodistas hagan lobby a favor de empresas corruptas, que constitucionalistas opinen a favor o en contra de una causa sin exhibir sus conflictos de interés, que magistrados, jueces y fiscales administren justicia violándola a su conveniencia, que ciertos funcionarios públicos se nieguen a rendir cuentas o que se crean con derecho a ocupar sus plazas a perpetuidad. Con estos administradores de justicia al mando algo puede cambiar?

Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.