Potenciar la cultura de la defensa y por lo tanto promover la gestión del conocimiento y el análisis y el debate de temáticas vinculadas a los ámbitos de seguridad y defensa, debería ser tema de actualidad en todos los institutos y centros superiores de enseñanza militar y civil.
En la actualidad, a juicio de los analistas contemporáneos, somos un tablero donde se desarrolla una nueva Guerra Fría en la que compiten geopolíticamente EE. UU., Rusia y China. Es el reinicio de una competencia geoestratégica entre grandes potencias con posibles impactos para el sistema internacional, donde Venezuela, fungiría de escenario de un futuro escenario bélico. La declaración sobre Seguridad de las Américas correspondiente al año 2003, elaborado por la OEA, constato la diversidad de amenazas que enfrentaba el hemisferio, pero no previo dicho escenario ni tampoco la que podía producirse en la relación bilateral Irán-Bolivia.
En materia de seguridad y defensa, diremos que, la política de seguridad y defensa de un país puede considerarse como el conjunto de grandes opciones y principios políticos, estratégicos y militares que define y adopta para garantizar sus intereses nacionales y su propia seguridad. Incluye todas las decisiones que un Estado adopta relativas a la organización y la activación de sus capacidades militares necesarias para preservar la vida y la seguridad de sus ciudadanos y la defensa del territorio nacional, al mismo tiempo que garantizar el cumplimento de sus compromisos internacionales y el normal funcionamiento de las instituciones del Estado (Fuente, 2016). Teóricamente, existen los escenarios de riesgos y los de amenaza. Los primeros, es una condición de futuro en la que los actores internos y/o externos, poseen la intencionalidad o bien la capacidad para afectar los intereses del Estado. Y los segundos, difieren de los primeros, cuando hay intencionalidad y capacidad, y, en consecuencia, implican adoptar medidas para neutralizar o minimizar la potencialidad de dicha amenaza.
En la revisión de conceptos de seguridad podemos ver que, la seguridad del país es el producto de un conjunto de actividades que el Estado realiza para avanzar hacia el logro de sus objetivos y resguardar los intereses nacionales, en relación con los riesgos y amenazas e interferencias evidenciados. Las nuevas amenazas y riesgos a la seguridad son de naturaleza intersectorial, superando la tradicional noción de la defensa militar. Los desafíos y amenazas vigentes en los inicios del Siglo XXI son: terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, tráfico de personas, migraciones ilegales, corrupción, tráfico de armas, etc. (Rojas Aravena, 2011). Se deben contemplar la fragmentación e integración de la globalización, la desigualdad económica en aumento, rápidos cambios sociales, desafíos relacionados con la identidad cultural, ideológica y religiosa de los pueblos, crisis económica mundial, armas de destrucción masiva, problemas medioambientales, expresiones ciudadanas cada vez más violentas, falta de confianza en la clase política (Guzmán, 2012). A estos se suma, uno emergente, cual es, la irrupción de uso malicioso del ciberespacio por agentes privados o estatales.
Para hacerles frente, preguntémonos, ¿la sociedad necesita más policías o más militares? Como están las cosas, pareciera que una versión intermedia podría ser una solución para los desafíos arriba detallados con mandatos legales y presupuestos separados, con personal de dedicación exclusiva y capacidad especializada (Pion-Berlín, 2010). Un idea que últimamente se ha ido imponiendo en algunos países latinoamericanos es la de que las Fuerzas Armadas deberían ser reconfiguradas en dirección a la seguridad interna (Bertonha, 2012). Mas parecería ir en la dirección de una profunda reformulación del rol de las Fuerza Armadas en aquellos Estados donde se ha puesto en jaque su gobernabilidad, referidas a la capacidad que tiene un Estado para gozar de la legitimidad y eficacia que garantice su vigencia mientras ejerce el poder político mediante la obediencia cívica del pueblo. Siguiendo esta línea de pensamiento, la gobernabilidad, no sería atributo del Estado, sino de la sociedad, dependiendo de la capacidad de los gobernantes, de los ciudadanos y de sus intermediarios para lograr consensos que hagan posible formular políticas que respondan a las demandas ciudadanas (Guzmán, 2012). Empero, las nuevas misiones basadas, por ejemplo, en el compromiso del país con la paz, libertad y los derechos humanos requieren, igual que antaño, de un espíritu de servicio y entrega de parte de las fuerzas militares, mas ahora, se orientan a objetivos e intereses relacionados con la cooperación internacional, los que para ser asumidos integralmente demandan un involucramiento explícito de la autoridad civil en la determinación de las condiciones en que se cumplen estas misiones, puesto que muchos de los problemas que debe enfrentar las fuerza militar distan de la practicas convencionales de empleo de la fuerza, y exigen una activa interacción civil militar con actores no nacionales (Piuzzi, 2016). Otra postura, nos dice que es posible establecer una tendencia en América del Sur, respecto a la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas que no tienen relación directa con su doctrina y formación. Estas tareas se relacionan principalmente en las denominadas “nuevas amenazas”; “amenazas emergentes” o amenazas “no convencionales”, dentro de las cuales, las primordiales son aquellas funciones ligadas al combate al narcotráfico y sus asociados. Pero también es posible atisbar la utilización de las Fuerza Armadas en casos en que las fuerzas que proveen seguridad interna, se vean sobrepasadas en sus tareas de proveer seguridad a la ciudadanía (Benítez, 2013).
A modo de reflexión, hay muchas evidencias que nos dicen que tenemos una visión cortoplacista en la que enfocamos nuestras acciones. Esta visión nos induce enfocarnos en la solución de urgencias sin preparar el camino para eliminar los motivos de fondo que las suscitan. De otro lado, la falta de credibilidad institucional, tanto pública como privada, se constituye como uno de los principales obstáculos para lograr la cohesión y el compromiso necesario para construir conjuntamente un objetivo nacional. Este hecho propicia posiciones individualistas donde el interés principal radica en el bienestar propio más allá del crecimiento grupal, actitud que se evidencia en la ausencia de asociaciones civiles que tengan presencia dentro el sistema, salvo contadas excepciones (Gros, 2015). Y que, en muchos casos, los fracasos militares más sonados han sido causados porque los responsables de la elaboración de la estrategia han dedicado más esfuerzos a extraer consecuencias del conflicto inmediatamente anterior (lo que se conoce por “prepararse para ganar la última guerra”, en lugar de tener la necesaria visión prospectiva para estimar cuales serían las condiciones en que se desarrollaría el conflicto futuro, ello no quiere decir que la transformación del arte militar se deba hacer partiendo permanentemente de cero, ignorando las teorías de los clásicos y despreciando el estudio de los casos históricos más relevantes (Ruiz, 2009).
Victor Velasquez Perez Salmon. Coronel del Ejército del Perú en Situación de Retiro. Se ha desempeñado como Catedrático de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra, Director de la Comisión Permanente de Historia, y miembro del Proyecto Ejercito 2001. Es autor de varias publicaciones de historia, ensayos, poesía y cuento.
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