La semana que pasó los peruanos asistimos a una puesta en escena que nos presentó en un solo día tres mociones de vacancia presidencial y el pedido de prisión preventiva para una presunta organización criminal ligada a Dina Boluarte. Esta vez la sangre no llegó al río.
Habría que ser ingenuo para pensar que las bancadas de izquierda autoras de los pedidos para destituir a la mandataria lo hicieron en aras de su incansable e indiscriminada lucha contra la corrupción, máxime si aún tenemos fresco el recuerdo que son precisamente Perú Libre, Cambio Democrático y Juntos por el Perú las bancadas que blindaron a Pedro Castillo en todos los escándalos de corrupción que protagonizó, gritando por calles y plazas que “la derecha vacadora” quería licenciar al “presidente de los pobres” porque no aceptaba haber perdido las elecciones. Al unísono, entre 2021 y 2022 la izquierda progre representada en diversas ONG’s sustentaba en distintos escenarios que era necesario regular el procedimiento, legislar el antejuicio político antes de usar la figura de la vacancia promovida por una “dictadura del Congreso”, hoy ya no hay comunicados al respecto. Esa es la izquierda oportunista, la de la congresista bermejista Susel Paredes que en diciembre de 2021 argumentaba que la vacancia no era la ruta correcta ni constitucional para cesar del cargo al presidente de la República pero que hace pocos días sustentó enérgicamente que Boluarte debía irse por los Rolex recibidos de su “wayki”; el oportunismo de Ruth Luque , a la que presentar 3 pedidos de vacancia el mismo día a sabiendas que no llegarían ni a los 40 votos ya no es “una evidencia de un plan golpista”; o, peor aún, el oportunismo de los No agrupados con Pasión Dávila a la cabeza que ni siquiera se tomó la molestia de acudir presencialmente al Congreso para respaldar su pedido.
Pero este juego irresponsable “que se vaya ella pero nosotros nos quedamos” lo que sí ha logrado es desnudar la extrema desorganización de la izquierda, ha logrado mostrarnos su incapacidad para unirse en un objetivo común y exponer su inmenso aprovechamiento político para conseguir pantalla y exposición a costa de la desestabilización. Pantomima y oportunismo puro y duro, es claro que ninguno de las tres bancadas autoras de las sendas mociones tienen la mínima intención de abandonar el Parlamento junto a la vacada lo que probablemente se les exigiría si lograran su cometido. Alguien duda que si la calle arrecia y les exige irse por ser también parte del problema, estos héroes de 48 horas estarían dispuestos a renunciar al sueldo que jamás podrían haber ganado? A esa izquierda de Cerrón, Bermejo y Verónica Mendoza hay que refregarle que Pedro Castillo y Dina Boluarte son sus hijos, que ese par de improvisados sin formación política y baja preparación intelectual llegó a Palacio gracias a ellos, el logro de Castillo ha sido la degradación de la política y el de Dina Boluarte el de la desfachatez. La herencia de esa izquierda es un rosario de políticos camaleónicos que no responden a nadie porque no tienen partido político a quién responder y que han ido mutando de tienda política de elección a elección. Esa es el legado de esta izquierda hipócrita para el que la lucha contra la corrupción es selectiva.
Si bien la feria de vacancias fue archivada en todos sus extremos fue amenizada con un circo de pedido de prisiones preventivas prematuras, cuya función no salió como se esperaba porque una sala de apelaciones garantista mandó a su casa a Nicanor Bolarte, Mateo Castañeda y otros 3 investigados en el caso “Los waykis en la sombra” pese al road show mediático por los medios de su preferencia del ex ministro Carlos Morán y sus waykis de DIVIAC. Aun así, la historia tiene por escribir varios capítulos, ya algunos voceros mediáticos vienen anunciando que pronto se harán públicos los audios de las proposiciones ilícitas que supuestamente el abogado presidencial le hizo al “agente encubierto” Harvey Colchado. Y como para no desentonar en esta aplicación de la justicia sin respetar lo jurídico y razonable, la fiscal suprema Delia Espinoza hizo suya de inmediato una propuesta publicada por IDL y elevó al Poder Judicial un pedido de suspensión a la suspendida Fiscal de la Nación por 36 meses, una solicitud abiertamente inconstitucional a juicio de no pocos constitucionalistas de prestigio consultados.
Como peruanos es legítimo preguntarnos si en aras de la lucha contra la corrupción nuestros operadores de justicia pueden continuar atropellando lo jurídico; es posible que salas constitucionales fallen provisionalmente para favorecer facciones a sabiendas que sus fallos podrían ser corregidos en otras instancias? Es válido preguntarse si el Ministerio Público está persiguiendo el delito respetando la presunción de inocencia o está persiguiendo enemigos y, para conseguir esos fines, apela a la técnica del “todo vale”.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.
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