Desde que un ciudadano que candidatea para ser congresista debe presumirse que conoce las funciones del Poder Legislativo y los deberes y obligaciones de un congresista. Si es electo, lo imprescindible que debe preocuparle es conocer las atribuciones del Congreso y por tanto tiene que actuar con arreglo a lo que dispone el artículo 102° (Incisos 1 y 2) de la vigente Constitución que entre otras son “dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes… Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores”). Esto es indiscutible.
El actual Congreso, sin duda alguna, es el Poder del Estado sumamente cuestionado por la población. No obstante, a que cada vez se agravan los problemas nacionales, ni siquiera tiene una agenda legislativa que busque resolverlos; los congresistas son vistos como privilegiados interesados en cautelar sus “intereses”. De las elecciones del 2021 hubo 10 bancadas, ahora son 12 y 18 congresistas están en los no agrupados. Ni siquiera han respetado su composición original ni a las organizaciones por las que fueron elegidos. Probablemente hay algunos que comprenden sus obligaciones y procuran actuar dentro de las funciones de un congresista, pero la mayoría no es así; “justos pagan por pecadores”. Eso sí, todos perciben un sueldo base, asignación por función congresal, viáticos de S/2.800 durante la semana de representación. total, mensual estimado en S/29.400 mensuales.
Los congresistas debido a sus reciprocas confrontaciones políticas y las que tienen con el Ejecutivo no atienden los problemas nacionales en salud, educación, trabajo, transportes, seguridad ciudadana, falta de nuevas importantes inversiones, etc., pero se “empeñan” en generar problemas futuros a los trabajadores que lleguen a la edad jubilatoria debido a que se “aprobó” que puedan retirar su compensación de tiempo de servicios y sus fondos jubilatorios en la ONP o AFP, sin meditar que cuando lleguen a la edad jubilatoria sus citados fondos jubilatorios estarán “empequeñecidos”. Tampoco resuelven modificar los actuales códigos penales y procesal penal estableciendo penas severas de privación de la libertad a los delincuentes aun prescindiendo de su edad y fijando plazos breves para el procesamiento de los expedientes, plazos que obligatoriamente deben cumplir fiscales y jueces de todas las jerarquías; eliminar las concesiones de libertad indebida. Debe normarse que, en cada comisaria de lugares poblados, haya un fiscal que intervenga en las investigaciones policiales para que de inmediato se formule el atestado y denuncia correspondiente al juez penal; también modificar el código procesal civil fijando los plazos de los procesos sean de cumplimento obligatorio por los jueces. Igualmente promulgar nuevas Leyes Orgánicas del Ministerio Público y del Poder Judicial y la selección de magistrados.
Si se superan las confrontaciones políticas, los empresarios nacionales e internacionales considerarán garantizadas sus inversiones. Con ello se incrementará las actividades mineras, pesqueras, textiles, agrarias, turísticas, etc. y habrá apertura de nuevos centros de trabajo para producir bienes y servicios para los mercados nacionales y principalmente los internacionales. Esas actividades originarán la constitución de empresas subsidiarias y todas pagarán mayores aportes (impuestos) al erario nacional, los gobiernos regionales y municipales y también generarán muchísimos estables puestos de trabajo con remuneraciones racionales. Resolverán el problema de la informalidad y la pobreza.
En materia de salud, en el país se carecen de suficientes hospitales, postas sanitarias, asistencias públicas y el mejoramiento de muchas actuales con personal médico y paramédico suficiente y el debido equipamiento de medicinas. En educación debe aprobarse asignar fondos necesarios para recuperar locales escolares y edificar nuevos. En transportes reorganizar los servicios locales e interprovinciales promulgándose una nueva legislación que subsane las ahora vigentes. En el servicio urbano, que la entidad correspondiente establezca las líneas necesarias que sean solamente utilizadas por servicios municipales y/o empresas debidamente constituidas con el numero sufriente de vehículos; debe obligarse que haya sólo rutas y paraderos fijos para evitar la anarquía de los actuales servicios de pasajeros en ciudades.
El Congreso debe resolver los problemas e incluso puede legalmente controlar y obligar a que los Ministerios correspondientes cumplan sus obligaciones de solucionar los que correspondan a sus áreas.
Los Congresistas deben razonar para el cumplimento de sus obligaciones.
José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
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