Harvey, el niño símbolo anticorrupción

A ciertos funcionarios públicos y periodistas no les queda claro que los cargos en el estado no les pertenecen, que una persona no representa una institución por tanto su permanencia debe ser de acuerdo a la norma, más aun cuando se pertenece a una institución tutelar jerárquica como la Policía Nacional. Por eso llama la atención la cerrada defensa por la remoción del Coronel Harvey Colchado tras el allanamiento con torito y torta de celebración incluida de la mandataria Dina Boluarte.

Sería ingenuo no creer que a Colchado se le vino la noche tras la incursión a la casa presidencial, si bien es innegable fue legal y autorizada judicialmente, hay que decir fue innecesaria. A don Harvey el poder se le subió a la cabeza y creyendo que se trataba de la casa de un narcotraficante o sicario no dudó en tirar la puerta de una casa rodeada de agentes de Seguridad del Estado, alguien podría huir? no debió advertir previamente a los parientes de la intervenida ausente que si no procedían a autorizar ingreso inmediato irían con la entrada forzosa? Es obvio que el show tendría consecuencias, principalmente, porque Colchado vulneró protocolos y ante el superior no pudo justificar la necesidad de la violenta acción, sus acciones generaron una seguidilla de investigaciones a cargo de Inspectoría General de la Policía en la que se han encontrado varias perlas sobre el manejo a su cargo de 72 millones de soles de presupuesto asignados a DIVIAC desde 2019.

Una de las investigaciones en curso es la referida a la compra subrepticia de un equipo de escucha o interceptación telefónica  en México ascendente a S/ 1’270,000 que data de 2019 a pedido del ex jefe DIVIAC y autorizada por el titular del Interior de entonces, Carlos Morán; de esta compra se sabe que fue ingresada por la DIVIAC  sin autorización, se sabe que fue una mala compra porque el supuesto equipo de “chuponeo” no sirvió, se trataba de un localizador de llamadas, se sabe que trataron de devolverlo pero necesitaban previamente homologarlo lo que  no fue posible porque Aduanas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se negaron, la respuesta fue categórica “no se puede homologar lo que ha sido ingresado como contrabando”.  Otra línea que maneja la Contraloría General de la República es el hallazgo de duplicidad de boletas y facturas de los mismos gastos por un monto de 120 mil soles, cuya verificación está en proceso. A esto hay que añadirle algo más, el secuestro de diciembre 2020 denunciado por el Mayor PN Edgar Mesía Vargas aduciendo el robo de la laptop, de una Tablet y el celular que registraba los gastos de DIVIAC, sobre este hecho se investiga si se trató de un auto secuestro para desaparecer pruebas tal como refiere el suboficial Cristian Gonzáles Santillán que fue testigo presencial del hecho y ha revelado a DIRNIC en 2021 que el hecho fue fingido y que Mesía le relató que tenía que desaparecer pruebas por temor a que lo detengan por la compra sobrevalorada de un equipo de interceptación telefónica y otros actos delictivos en su calidad de Jefe de Recursos Humanos de  la citada división policial; genera suspicacia que, con esos antecedentes, el Mayor Mesía continúe en actividad desempeñándose en la actualidad  como Comisario de Aucayacu y mantenga cercanía con Harvey Colchado, extraño no? A todo este manejo poco transparente de recursos del estado se agrega un hecho más no menos importante,  el abogado Mateo Castañeda, ex defensa legal presidencial formalizó una denuncia policial de intento de instigación al delito que compromete al agente DIVIAC, suboficial PN Francisco Lázaro, quien junto a otras dos personas contactó a su abogado Eduardo Barriga en mayo pasado e intentó venderle documentos fílmicos de EFICCOP por 63 mil soles que “necesitaba para reponer un equipo”, este hecho ha quedado registrado en video y la denuncia se formalizó el mismo día.

En medio de toda esta trama oscura, aún hay cierta prensa que reprueba se esté investigando la utilización de recursos de una entidad del estado que a todas luces no ha tenido control alguno ya que los primeros indicios de la investigación apuntan a un manejo oscuro, prácticas delincuenciales y desaparición de evidencias. No puedes ser el símbolo anticorrupción vulnerando la ley,  de nada sirve que don Harvey se victimice, lo que debe hacer es ponerse a derecho, dejar los psicosociales, transparentar las cuentas y explicar detalladamente en que gastó los 72 millones que recibió DIVIAC desde su creación.

Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.