El pasado primero de julio inició el juicio oral por el caso Cócteles mediante el cual el Equipo Lava acusa a Keiko Fujimori y otros 47 por organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsedad genérica. El inicio del juicio producto de la investigación que ha durado 7 años y ha llevado a la cárcel 3 veces a la lideresa del partido naranja ha sido calificado por el coordinador de Lavado de Activos, fiscal Rafael Vela, como el “momento estelar” de la lucha anticorrupción desde que inició funciones en 2016 pero que, en realidad, captura al Ministerio Público sin el testigo estelar de Odebretch, Jorge Barata, que, a través de sus abogados, ha anunciado que no volverá a declarar en ningún caso dada la revocatoria de su acuerdo de colaboración eficaz dictada por el Poder Judicial a pedido del Ministerio Público, lo que no sólo afectará a los procesos en curso a partidos por donaciones de campaña sino a los casos por sobornos entregados por la brasilera a funcionarios públicos en funciones.
Este nuevo escenario es consecuencia de la estrategia equivocada que emprendieron los fiscales Vela y Pérez en el caso Lava Jato; desde sus tribunas entonces poderosas y con ayuda del Poder Ejecutivo y voceros mediáticos tejieron el discurso que el mejor camino para luchar contra la corrupción era firmar el acuerdo de colaboración eficaz como única vía para ”conocer toda la verdad” y facilitar el castigo de los políticos peruanos corruptos; así, el gobierno, la Procuradoría y la Fiscalía otorgaron una serie de beneficios a los brasileros, les permitieron vender sus activos, se negaron a allanar y embargar a las empresas vinculadas a Odebretch, los eximieron de penalidades por incumplimiento del convenio, les permitieron abandonar el país y reciclar sus empresas para continuar contratando con el Estado. A 5 años de la firma del acuerdo de colaboración eficaz, ésta es la crónica de una muerte anunciada que revela una falsa lucha contra la corrupción y una agenda para aniquilar a enemigos políticos; hoy no conocemos “la verdad”, Jorge Barata no declarará en ningún caso, la Procuradoría anuncia que analizará la reversión de venta de activos, no tenemos los codinomes pese a que les pagamos para tal fin 524 millones por la venta de Chaglla, no tenemos una sola sentencia importante por el caso Lava Jato y los aclamados “héroes anti corrupción” están enredados en marañas paralelas que podrían confirmar que su prioridad nunca fue perseguir el delito sino eliminar a políticos de orillas contrarias acusándolos por donaciones de campañas de privados lo que no era delito antes de 2019.
Una vez más, los peruanos hemos sido estafados, está libre la ex alcaldesa Susana Villarán que confesó haber recibido más de 11 millones de dólares de Odebretch y OAS para atornillarse en el sillón municipal y no ser revocada, su juicio podría iniciar recién en 2026, ya no acepta la recepción de sobornos, sus delatores podría tomar en cascada la decisión de Barata de no declarar en ningún proceso y con ello hacer naufragar su proceso hacia la impunidad. Por ello, presenciar al fiscal José Domingo Pérez en chaleco antibalas y escucharlo sustentar la culpabilidad de los encausados por el caso Cócteles con argumentos anti técnicos y más bien políticos parece un sketch extraído de algún programa cómico, no se explica cómo el “agotado” representante del Ministerio Público podrá probar lavado de activos si tiene como testigos y no acusados a empresarios que generan recursos lícitos, es decir, cómo probará el delito fuente de conversión.
En el control de daños, merece mención aparte el Poder Judicial que homologó el acuerdo de colaboración eficaz, en pocas palabras, avaló que les demos todo a cambio de nada; también hizo lo suyo la Corte Suprema que tuvo la oportunidad de definir si recibir aportes de campaña antes del 2019 era delito pero prefirió prolongarle la agonía a fiscales ideologizados que optaron por perseguir políticos en lugar de perseguir corruptos; alguien puede creer que pronto tendremos a Barata entre barrotes y la Procuraduría podrá revertir a favor del Estado peruano lo que se llevó?
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.
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