En “Expreso” se ha informado que “se preparan embargo a la empresa corrupta Odebrecht y aliados. – Anulación de beneficios a Jorge Barata abre puertas a medidas drásticas contra corrupción empresarial” (SIC).
Las corrupciones de Odebrecht no fueron “descubiertas” en el Perú. El 22/12/2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que en 12 países que a cambio de contratos se han recibido millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Recién entonces en el Ministerio Público comienzan las “investigaciones” en el Perú. Desde entonces se ha informado periodísticamente que la corrupción comprende a Presidentes, ministros y altos funcionarios y otros “personajes” y empresas que ya son públicamente conocidas. Nota, estamos hablando de hechos conocidos a partir del 2016; hace muchos años calendarios.
Es imprescindible señalar que la Ley N°27785 (22/07/2002) expedida por Alejandro Toledo, establece las atribuciones de la Contraloría General de la República y las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho Sistema que en su artículo 7° dice: “El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior.”(SIC). Esta obligación es necesaria tenerla en cuenta.
Están comprendidos en investigaciones fiscales y/o procesos penales Alejandro Toledo (2001 al 206), Alán García (2006 al 2011), Ollanta Humana (2001 al 2016) Pedro Pablo Kuczynski (2016 al 2018). También los alcaldes de Lima Susana Villarán, Luis Castañeda. Son anteriores al 2016 en que se “dice” que comenzó a Intervenir el Ministerio Público; es Conocida la conformación del “caso Lava jato” de los Fiscales auto publicitados (constantemente) Rafael Vela y Domingo Pérez. Ya van por los 8 años.
Si la obligación de la Contraloría es “propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos” y “El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior” (Artículos 2° y 7°); si esta entidad hubiera cumplido sus deberes y obligaciones, durante los proyectos tendría que haber descubierto las posibilidades de la corrupción. No lo ha hecho. Tampoco lo hizo durante los contratos con las corruptoras. Si lo hubiera hecho se habría descubierto la corrupción en el Perú que envolvía a la Presidentes, Ministerios y funcionarios.
Recién se “reacciono” después que el Departamento de Estado de EE.UU. publicó sobre los actos de corrupción. Pero ¡oh problema!, desde entonces, como está expuesto, han transcurrido 8 años y aún continúan las investigaciones de los fiscales del Caso Lava jato y tampoco concluyen los procesos penales. Esto evidencia que la Contraloría no cumplió sus obligaciones y deberes. Pero de esto todavía no se dice nada. Tampoco en el Ministerio Público no demuestran la capacidad e idoneidad de fiscales “encargados” de esos asuntos. Más aun, en las acciones judiciales a algunos Presidentes y procesados por “corrupción” se da el caso que las “declaraciones testimoniales” de Jorge Barata se han “anulado” legalmente y por ende los “acuerdos de colaboración eficaz” han servido virtualmente para proteger a la empresa corruptora”. Recién en el Congreso, después de 8 años, esta “preparando un embargo a la empresa corruptora brasileña” y otras empresas corruptoras. Se embargarían “los peajes que continúan cobrando empresas vinculadas a escándalos millonarios. Recién se estaría tramitando un proyecto de ley para “revertir la protección legal a Odrebrecht y Graña y Montero” (SIC). Si se aprueba este proyecto, quedaría demostrado que fiscales no han actuado correctamente. Se comenta que abrían protegido a la corruptora perjudicando al Perú con decenas de millones de dólares.
¡Y nadie dice nada de la ineficacia de “investigaciones fiscales! Tampoco en medios periodísticos han señalado que la Contraloría no cumplió sus obligaciones establecidas en la N°27785 (22/07/202).
¿Qué opina Ud.? ¿Ha habido corrección?
José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
Efectivamente nuestro pais vive sumido en una corrupcion generalizada, extendida a todos los niveles de Gobierno. Las instituciones del Gobierno han sido practicamente tomadas por delincuentes disfrazados de burocratas o politicos que sin importar quien es el Presidente de turno se han dedicado a esquilmar el pobre presupuesto nacional a costa del sufrimiento de todos los peruanos. El Estado cada vez mas grande debe reducirse para reducir la corrupcion, tenemos que quitarle al Estado la cantidad de oficinas que controla mal y llena de familiares, amigos y compadres del partido de turno. Elegir mejor es nuestra obligacion, informemonos antes de regalarle nuestro voto a improvisados, ineficientes y corruptos.