En la anterior edición de Sí, el señor Armando Chávez Valenzuela insiste en su afirmación de que al hacerme cargo del mando el mariscal Oscar R. Benavides, su embajador en Colombia, el señor Belaunde, acordó la cesión definitiva de Leticia a Colombia. Esta frase carece de lo más elemental sindéresis y esta reñida con la verdad histórica. Para empezar el propio señor Chávez Valenzuela admita como no podría ser de otra forma, que el trapecio amazónico incluido Leticia fue cedido a Colombia como consecuencia del Tratado de Salomón Lozano. Dicho tratado limítrofe fue negociado, suscrito, aprobado, rectificado y consumado durante el segundo, tercero y cuarto periodos del presidente Augusto B. Leguía entre 1922 y 1930. Vincular a Víctor Andrés Belaunde, quien durante el oncenio sufriera un largo exilio por más de nueve años – desde marzo de 1921 hasta la caída de Leguía a fines de agosto de 1930 – resulta un caso clamoroso de tergiversación de los hechos.
Semejante tergiversación alcanza proporciones monstruosas si agregamos que desde el exilio Víctor Andrés Belaunde fue un tenaz opositor de la política externa de Leguía en general y del tratado Salomón-Lozano en particular, tal como aparece en su obra La realidad nacional, cuya primera edición salió en Paris en 1930. En ese libro Víctor Andrés Belaunde alude a una articulo suyo publicado en La Reforma Social de Nueva York algunos años antes en el que sostuvo que, con la cesión de Leticia, ubicada frente al puesto brasileño de Tabatinga, “el Perú perdía su entrada al Amazonas quedando a merced de Colombia”. No obstante, la cerrada oposición al tratado Salomón-Lozano, Leguía forzó su aprobación en el Congreso mediante Resolución Legislativa 5940 del 20 de diciembre de 1927. Tres meses después, en marzo de 1928, se efectuó en Bogotá el canje de instrumentos de ratificación. Y el 17 de agosto de 1930, pocos días antes que estallara el movimiento revolucionario de Sánchez Cerro que pusiera fin al Oncenio, el gobierno de Leguía consumó la ejecución del Tratado Salomón-Lozano con la entrega física a Colombia de la población de Leticia.
La cesión de Leticia ocasionó un profundo malestar en el pueblo de Loreto por múltiples razones de diversa índole. Este malestar condujo a que un grupo de ciudadanos peruanos actuara por cuenta propia para tratar de recuperar Leticia. Así fue que estos ciudadanos por iniciativa directa y sin conocimiento del gobierno, tomaron por asalto a Leticia en setiembre de 1932 y expulsaron a las autoridades colombianas. El gobierno de Sánchez Cerro, luego de algunas vacilaciones, optó por apoyar esta acción, con lo que se desató una situación de guerra con Colombia. En estas circunstancias, el Consejo de la Sociedad de las Naciones calificó al Perú de país agresor, conminándose a nuestra patria para que se desocupara Leticia. Estados Unidos, por su parte, a pesar de que no era miembro de la Sociedad de las Naciones, también adoptó un pronunciamiento similar. La crisis tomo un cariz más grave cuando el presidente Sánchez Cerro fue abatido a balazos al salir del Hipódromo de Santa Beatriz, después de pasar revista las tropas peruanas que iban a ser enviadas a la Amazonía para la defensa de nuestro territorio. Ese mismo día el Congreso Constituyente eligió al general, luego Mariscal Oscar A. Benavides, para suceder a Sánchez Cerro.
Antes de venir al Perú, precisamente frente a raíz del conflicto con Colombia. Benavides había representado a nuestra patria en Inglaterra, coincidentemente con el político colombiano Alfonso López Pumarejo quien después fuera electo presidente de su país. Es un gesto de gran dramatismo, Alfonso López felicitó a Benavidez luego de que asumiera la presidencia y este le invitó a Lima. Fue entonces que ambas personalidades acordaron iniciar negociaciones para evitar que se desencadenara la guerra, las mismas que se desarrollaron bajo el auspicio de la Sociedad de las Naciones. En junio de 1933, el grupo peruano se retiro de Leticia y esta fue entregada a una misión ad hoc de dicho otorgamiento internacional la cual pocos días después procedió a restituir la soberanía colombiana bajo la modalidad de una administración conjunta.
Pero aún era necesario negociar la paz con Colombia y acordar un régimen definitivo en la frontera peruano-colombiana. Para ello ambos países aprovecharon el ofrecimiento de Brasil de enviar delegaciones a Rio de Janeiro a fin de poner termino al diferendo. Colombia envió a su canciller Urdaneta y a los políticos Cano y Valencia. En setiembre de 1933, cuando ya Leticia había retornado a manos colombianas, el Perú designó una delegación presidida por el jurista Víctor M. Maurtúa e integrada por Víctor Andrés Belaunde, quien por ser miembro del congreso constituyente recibió una licencia para ese efecto, Alberto Ulloa Sotomayor y Raúl Porras Barrenechea. La delegación peruana se abocó a la tarea de canjear Leticia por otro territorio, pero la delegación colombiana se negó invocando la consumación del Tratado Salomón-Lozano, con el riesgo implícito de la reanudación de las hostilidades.
El 17 de mayo de 1934, bajo la presidencia de Afranio de Mello Franco, ambas delegaciones suscribieron un Protocolo en virtud del cual acordaron respetar el Tratado Salomón-Lozano, pero con la facultad a favor del Perú de recurrir a la jurisdicción internacional para solicitar la modificación de dicho Tratado. El Protocolo de Rio fue aprobado por el Congreso del Perú, pero rechazado en el colombiano a causa de la oposición liderada por Laureano Gómez, invocando precisamente de la facultad concedida a favor del Perú. A fin de solucionar ese inconveniente, el presidente Benavides designó a Víctor Andrés Belaunde como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Colombia, quien a la postre obtuvo la ratificación del Tratado y la paz definitiva con Colombia. Es bueno recordar que en su testamento hológrafo el Mariscal Benavides señaló como un triunfo su gestión presidencial, “haber librado honrosamente a mi patria de una guerra para la que en lo absoluto estábamos preparados”.
Martín Belaunde Moreyra.
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.
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