Estuve -y estoy- de acuerdo con el indulto a Alberto Fujimori y que este no puede ni debe revertirse: es cosa juzgada. En todo caso, no entraré a discutir los pormenores de un indulto que fue controvertido en su dación en 2017 y luego en su accidentada aplicación; con un injusto regreso a la cárcel y finalmente con el otorgamiento de la libertad por un Tribunal Constitucional que acertadamente se impuso a una justicia supranacional que sigue insistiendo obcecadamente en la persecución política-judicial al expresidente.
Fujimori abandonó el penal Barbadillo a finales del año pasado visiblemente disminuido y con una precaria salud, los que saludamos su liberación entendimos la naturaleza humanitaria de la decisión. Así, Fujimori recomenzó su vida libre con el beneplácito de su familia, seguidores y con buen ánimo. Todo en orden hasta aquí.
Sin embargo, hace unos días su hija Keiko Fujimori -tres veces candidata presidencial y que enfrenta un interminable e absurdo proceso judicial por el caso Odebrecht- anunció muy feliz y entusiasta que su padre se había inscrito en el partido Fuerza Popular y que se lanzaba como candidato a la presidencia de la república. Fue entonces cuando sonaron todas las alertas por parte de muchos especialistas que, sin ser antifujimoristas, recibieron la noticia con las reticencias del caso.
La Constitución señala en su artículo 34-A que ningún condenado por delito doloso puede postular a cargo por elección popular y el artículo 107° inciso i) de la Ley Orgánica de Elecciones precisa al de presidente de la república, normas que no permiten más interpretaciones que las establecidas. Entonces Fujimori (la disposición alcanza a Antauro Humala también) no puede postular a presidente al tener sentencia condenatoria. No interesa el indulto, el pago de la reparación o la rehabilitación (inclusive con algunos delitos graves). Donde la ley no distingue no cabe distincion, salvo que el Congreso modifique estas disposiciones.
Cuando acabamos de observar a un candidato como el presidente norteamericano Joe Biden de 81 años de edad y evidentemente no apto para afrontar una campaña presidencial renunciar a sus aspiraciones reeleccionistas, no podemos menos que constatar que una persona como Fujimori (a días de cumplir 86 años, un severo cáncer a la lengua, movilizándose con un tanque de oxígeno y que encima acaba de sufrir una caída que le fracturó la cadera enviándolo a cuidados intensivos) NO puede estar al frente de una muy demandante campaña presidencial en un país de la complejidad del Perú.
Por ello, alentar una candidatura de Fujimori en las condiciones descritas es una necedad, una tremenda irresponsabilidad y hasta un acto de crueldad para con un anciano. Los fujimoristas se están disparando a los pies y de paso petardeando un posible acuerdo electoral de la derecha con una candidatura inviable legal y materialmente.
Ricardo León Dueñas
Abogado por la Universidad San Martin de Porres con estudios culminados de Maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, post grado en la Universidad de Piura y diplomado en arbitraje por el Centro de Arbitraje de la PUCP. Ha sido gerente de administración y finanzas de Prom Peru, asesor legal de la SBS, gerente legal de la ONP y consejero en el Estudio Muñiz, gerente general y representante legal de AON Benfield Peru, asesor legal y director de C&J Constructores. Miembro de la Misión de Observación Electoral de la OEA para las elecciones en Guatemala 2007 y candidato a la alcaldía de San Isidro en el 2014. Actualmente se desempeña como abogado, consultor independiente y columnista en diversos medios de prensa.
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