La revelación del desbalance patrimonial del mediático fiscal anti-corrupción y de lavado de activos, José Domingo Pérez, es una perla más que abona a la percepción que nuestros órganos de justicia se encuentran en cuidados intensivos por un severo cuadro de septicemia. En menos de un mes tenemos en vitrina a un fiscal que acusa de corrupción a otros al que una pericia fiscal señala que se ha enriquecido ilícitamente, una fiscal de lavado de activos involucrada en recepción de sobornos y otras prebendas, una juez anti-corrupción sindicada por haber aceptado que Andrés Hurtado le remodele el departamento, una presidente de una Corte Superior que registra viajes familiares al extranjero con “Chibolín” y esto sólo es el inicio de un caso que podría ser mucho más grande que el caso “Cuellos Blancos” por las vinculaciones con delitos de alta gama como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico ilegal de oro, la política y la impunidad con el concierto de jueces, fiscales y funcionarios.
Si bien el Poder Judicial ha reaccionado y dispuesto una investigación de las juezas cuestionadas, es preocupante la parálisis de la Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia para sancionar a los fiscales y jueces involucrados, llama la atención que el fiscal que investiga a Pérez haya solicitado a Juan Carlos Villena en agosto pasado iniciarle investigación preparatoria por enriquecimiento ilícito y aún no tenga respuesta, el Fiscal de la Nación está protegiéndolo? se juega el puesto Villena si se atreve a hacer lo que debe aunque tema? iniciar una fase más avanzada implicarían diligencias como allanamientos, levantamiento de secreto bancario y de comunicaciones; autorizar la investigación preparatoria a Pérez podría destapar los secretos mejor guardados del origen de su súbito ascenso económico y revelar quién o quiénes fueron sus benefactores, si provienen de casos Lava Jato, del Club de la Construcción o se trató de aportes desinteresados de alguna ONG.
Mientras las redes identifican a cada nuevo involucrado como rojo, naranja o verde tratando de politizar la corrupción rampante, las cabezas a cargo de impartir justicia, calificar y sancionar a jueces y fiscales permanecen silentes tras haber demostrado que pueden ser muy ágiles para liquidar a algunos cuando se trata de presuntos enemigos, el caso más reciente es el de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides a la que, por mucho menos, se le suspendió y se le destituyó en tiempo récord. Al escuchar las declaraciones de Luis de la Haza todo hace presumir que no se procederá igual y ello sólo reconfirma que es un órgano politizado, que la justicia que ejerce es selectiva, su doble rasero lo descalifica. Preguntémonos que ha pasado después de la caída de Chávarry o de Benavides y de la “campaña de limpieza anti corrupción” en la Fiscalía, acaso no estamos viendo lo mismo y peor? fiscales benevolentes o draconianos según se trate del investigado, los más avezados dispuestos a recibir sobornos contantes y sonantes que los sitúan en un lugar peor que el delincuente mismo. Otras cabezas como el fiscal coordinador de Lavado de Activos tan locuaz para defender a la “reformada” Odebretch ahora está mudo, sobre todo por la acusaciones del aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva que lo sindica de haber negociado el archivamiento de la carpeta fiscal de Camilo Peirano Blondet. A otros que investigan “la corrupción en el poder”, como la fiscal Marita Barreto, la corrupción le ha pasado en su cara y en su propia casa, pero está tan ocupada tratando de apresar a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda que no ha advertido que en la entraña misma del poder fiscal y judicial se negociaban los casos cual mercado persa.
Da vergüenza ajena enterarse que fiscales y magistrados titulares, experimentados, algunos con más de 20 años en la carrera judicial y fiscal hayan vendido su conciencia hasta por un remake dental, cambian los protagonistas y reina la corrupción. En la medida que los fiscales a cargo de las pesquisas no politicen las investigaciones éstas llegarán a buen puerto, el país no necesita cacerías de brujas, necesita investigaciones céleres, imparciales y que se ponga coto a la impunidad. Que las autoridades a cargo sean conscientes que la justicia atraviesa una de sus horas más críticas, la percepción es que está putrefacta; que el caso “Chibolín” no sea sólo una nueva temporada de “Cuellos Blancos”, “Valkiria I o Valkiria II, mucho show y mucha impunidad.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.
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