Es una falacia afirmar que la recientemente promulgada ley 32108 contra el crimen organizado “ha generado serias dificultades en la lucha contra el crimen organizado”; en principio, porque es una ley que no tiene de vigencia ni 60 días y porque la criminalidad organizada ha crecido de manera exponencial desde el 2018 con el ingreso de organizaciones delictivas transnacionales a las que la ley anterior 30077 vigente desde 2014 poco ha servido para combatir, por tanto, no es posible catalogarla como una ley efectiva sino como una ley que si bien fue útil para perseguir políticos no lo fue para detener el crecimiento de la minería ilegal, la trata de blancas, el narcotráfico y otras actividades conexas al crimen organizado.
Esa es la madre del cordero de la oposición frontal a dicha ley, que el término “organización criminal” no podrá ser usado indiscriminadamente para acallar enemigos políticos como se ha venido haciendo desde 2016 cuando estalló el escándalo Lava Jato; la nueva tipificación que establece la Ley 32108 es precisa en la definición de una organización criminal como “a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, estable, permanente, con roles correlacionados para la comisión de delitos graves”; esta nueva tipificación pone coto a la organización criminal de 3 personas al estilo PPK configurada por el autor del delito, su secretaria y el chofer. No es cierto tampoco que se ha eliminado el factor sorpresa en los allanamientos ni que los fiscales no pueden allanar inmuebles hasta que esté presente la defensa de los investigados, lo que la ley señala es que para levantar el acta de registro de los bienes incautados sí es necesaria la presencia de la defensa pública o privada de los investigados; el Ministerio Público con apoyo de la policía puede tomar posesión del inmueble, de desearlo está habilitado para llevar un defensor de oficio que garantice los derechos de investigados como es en cualquier democracia donde se garantiza, por ejemplo, tiempos razonables de investigación y no la deformación que hemos vivido de prisiones preventivas de 36 meses con posibilidad de prórroga de 36 meses, acusaciones débiles después de 6 o 7 años y sentencias magras. Finalmente, a otros delitos cometidos en el marco de una organización criminal se suman las penas, no es cierto que no se pueda condenar a cadena perpetua, por ejemplo, el secuestro agravado con cercenamiento. Lo que verdaderamente hace crecer la criminalidad no sólo es la falta de liderazgo del Ejecutivo sino la impunidad, esa certeza del delincuente que puede extorsionar, matar, asaltar y si es detenido pronto volver a las calles por la falta de uniformidad en los criterios que aplican los órganos de justicia o por la demora del Ministerio Público para acusar y llevar a juicio a criminales.
En la lucha contra la criminalidad, hay un factor del que poco ha hablado la mandataria en ejercicio y es el factor económico, para exigir resultados no sólo hay que dotar a la Policía Nacional de recursos sino también a la Fiscalía y al Poder Judicial, definitivamente hay que construir penales de alta seguridad para evitar que las cárceles hacinadas sigan siendo centros de planificación de actividades criminales, hay que invertir en Inteligencia y prevención, algo de lo que poco se habla. Resulta, entonces, poco oportuno invertir más de S$ 3,500 millones en la compra de aviones para renovar la flota aérea cuando esa asignación sería de vital importancia para garantizar efectividad en la lucha contra la delincuencia.
El mejor paquete de reformas será un saludo a la bandera si no hay una lectura orgánica de los puntos flacos que hoy le hacen la vida fácil a la criminalidad organizada; si no existe un diagnóstico preciso, una estrategia clara y no se decide una lucha coordinada entre todos los entes encargados de brindar seguridad interna, entes de Inteligencia, órganos de administración de justicia, ministerios, municipalidades, organizaciones sociales, entre otros, seguiremos haciendo más de lo mismo, seguiremos fracasando en el intento de garantizar la seguridad de la población, incentivando la carta libre a la delincuencia con consecuencias impredecibles. Probablemente, es mucho pedirle a la presidenta Dina Boluarte, pero ella está a cargo, si no tiene la claridad para liderar esa lucha, no tiene la generosidad de dar un paso al costado, que tenga por lo menos la voluntad de abrir el horizonte y asesorarse por especialistas de diversas tendencias porque en esta batalla nadie tiene el patrimonio de la verdad absoluta.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.
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