¿Quién combate los imparables asesinatos?

Estamos en tiempos espeluznantes. Cada día la delincuencia asesina si no se les entrega dinero a los extorsionadores. En lo que va del 2024 se han cometido 1.493 asesinatos. De continuar así las cosas hasta finales de año, podría rebasarse el récord de 2022, cuando hubo 1.516 personas que perdieron la vida por esta causa. En octubre del 2024, en Lima se reportó al menos 30 muertes violentas, cifra que aumentó con tres casos adicionales al inicio de noviembre, a pesar de que en 14 distritos de Lima y Callao están en estado de emergencia. Esta situación se agrava con los crímenes ocurridos en meses anteriores y en diversas regiones del país, generando un panorama aterrador. En ese marco el sicario, es el último eslabón en la cadena delictiva en Lima donde la delincuencia opera de día y noche, se desplaza en moto, mata por encargo o en venganza; lo hacen con total frialdad. Los medios periodísticos cada día lo informan.

Se conoce que en el Perú se cometen 2 delitos cada 10 minutos que significa 13 delitos por hora, 312 por día y 9.360 por mes. Son delitos de extorción, rapto y contra el patrimonio, la libertad sexual, hurto, robo, lesiones, micro-comercialización de drogas, homicidio doloso, secuestro y fabricación, suministro y posesión o tenencia de armas o explosivos. No puede dejar de señalarse que los feminicidios en Perú aumentaron en el 2024: 121 asesinadas y 4.915 alertas de mujeres desaparecidas. Esta situación revela el estado de la inseguridad ciudadana en que vivimos.
No todos los delincuentes capturados por la Policía Nacional y que son entregados al Fiscal con los atestados correspondientes quedan detenidos. Algunos son puestos en libertad por “decisión” de los magistrados fiscales o por “resolución” del Juez Penal. Tal hecho nos lleva a referir que según informes estadísticos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a junio del 2024 el sistema penitenciario peruano tenía 97.642 detenidos, lo que esta hacinando los centros de reclusión (cárceles) porque sólo tienen capacidad para 41.583 detenidos, lo que revela el crecimiento de la delincuencia en nuestro país. Esa cantidad de detenidos (97.642) es solamente una parte de los delincuentes porque hay miles que están libres y cometiendo diversos delitos.

No obstante, a que se ha aprobado la Ley N° 32.130 (10/10/2024) que devuelve a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de investigar delitos para agilizar los procesos penales y fortalecer la investigación de delitos por parte de la PNP, la nueva Fiscal de la Nación ha expuesto públicamente que demandará esa norma legal por “considerarla” inconstitucional. Observando las acciones de los fiscales, estos en los hechos no investigan debidamente la comisión de delitos y, además, dilatan los procesos investigatorios. Mientras tanto los extorsionadores continúan delinquiendo y, además, no cesan los diarios asesinatos.

Frente a la realidad delincuencial que azota a nuestra población, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial más el Ministerio Público, cada uno dentro de sus facultades constitucionales y deberes, están en la obligación de fortalecer el cotidiano trabajo de la PNP para, no sólo detener a los delincuentes, sino de realizar labores de inteligencia para descubrir a los delincuentes y sus actos delincuenciales. Descubiertos a los delincuentes –individual u organizados en bandas–, con las pruebas correspondientes proceden a detenerlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público. Por otro lado, respaldar a la PNP en sus acciones frente a los actos delincuenciales en calles, establecimientos, vehículos y viviendas. También promulgar disposiciones legales estableciendo la responsabilidad personal administrativa y penal de los magistrados fiscales y jueces que indebidamente dispongan la libertad de delincuentes detenidos infraganti y de los que incumplan los plazos procesales para investigar y procesal penalmente a quienes cometen delitos.

Sin excepción, todas las personas tienen derecho a que se les garantice la seguridad de su sus bienes y vida. Es un derecho constitucional. El Estado es responsable de ello, Por ende, quienes ejercen labores en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial son responsables de adoptar las medidas legales y accionar positivamente –sin excusas o evasiones– para combatir enérgicamente a todos los delincuentes (aunque sean servidores públicos) y debidamente procesados legalmente impedir que vuelvan a la libertad, aunque los centros de reclusión estén saturados.

José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).