Son las leyes o son los operadores

La poca objetividad con la que se viene tratando las decenas de casos de corrupción, mala praxis y negligencia en la Policía Nacional y el Ministerio Público impide apreciar profundamente hasta donde están comprometidas estas instituciones fundamentales en la administración de justicia; tal vez debamos de partir que no sólo necesitan más y mejores leyes, necesitamos procesos óptimos en la selección de quiénes serán los operadores de justicia, no están fallando las leyes, están fallando los operadores.

Al lado de las noticias policiales conviven los actos criminales que protagonizan policías, jueces, fiscales, inspectores migratorios a nivel nacional; vivimos de escándalo en escándalo, de allanamiento en allanamiento, de preventiva en preventiva pero de escasas condenas y cuando hay impunidad el incentivo es seguir delinquiendo. La jerarquía importa poco, tenemos fiscales de Lavado de Activos que trafican carpetas fiscales, juezas anti corrupción que se venden por una remodelación o por prebendas, abogados circunstanciales que se ofrecen de intermediarios entre el aspirante a colaborador y la Fiscalía,  congresistas que extorsionan a sus trabajadores; así entonces cómo puede sorprendernos la corrupción revelada en rangos medios y bajos si en los más altos niveles de estas instituciones se advierte putrefacción.

A diario nos enteramos de ilícitos cometidos protagonizados precisamente por aquellos que velan por imponer el orden, persiguen el delito, están a cargo de la seguridad o del control migratorio. Indignante enterarse que un sub oficial de la Policía herido de bala tras perseguir delincuentes fue víctima de robo precisamente por aquellos colegas que lo socorrieron, estos sujetos no sólo le robaron el celular también el dinero aprovechando su vulnerabilidad. En Piura, la semana que pasó tuvimos una fiscal adjunta detenida por robar la mochila de un pasajero, era fiscal  y “carterista”; en San Martín de Porres, uno de los distritos con mayor índice de criminalidad, los policías a cargo de combatir la extorsión fueron detenidos por extorsionar a un pequeño empresario, policías de día y extorsionadores de noche; tenemos controladores de Migraciones que “cobran” a extranjeros por un”exitoso” control.

Casos más graves aún que podrían darnos más luces sobre en manos de quiénes estamos es el de la desaparecida Sheyla Cóndor a manos de un sub oficial, policía de día y depredador sexual de noche; el caso reviste mayor gravedad ya que el sujeto registraba otras denuncias por acoso y violencia sexual, pese a ello no fue separado de institución policial, siguió ejerciendo, se le siguió entregando un arma de reglamento y; si bien uno de los casos fue judicializado, la lenidad fiscal y judicial permitieron también que este enfermo sexual continúe perpetrando crímenes con la aparente complicidad de sus compañeros de la comisaría en la que laboraba quiénes lo habrían alertado de esta nueva denuncia; el cobarde se fue impune. Lamentablemente, la corrupción no es el único mal que aqueja a nuestros órganos de justicia; en las últimas dos semanas se conoció también los asesinatos de una joven de 20 años y de una niña, los familiares refieren que efectuaron las respectivas denuncias por desaparición pero el desgano policial para atender con celeridad estos casos podría haber hecho la diferencia entre la vida y la muerte.

Malas praxis, implementación deficiente de protocolos, lentitud de procesos, “denuncias por operativos armados”, indiferencia ante denuncias por feminicidios son el pan de cada día; no es una institución, son todas, no es sólo una autoridad, son todos los entes comprometidos en la administración de justicia prácticamente acéfalos, distanciados entre sí y con sus propios problemas de corrupción, preocupados de librarla bien, mientras la ciudadanía se encuentra a merced de la delincuencia y la insania mental. La Policía no vencerá a la delincuencia sin el estrecho concurso del Ministerio Público y del Poder Judicial, las tres instituciones cuestionadas  deben realizar una asepsia interna y general, el espíritu de cuerpo bajo el lema “para mis amigos todo y para mis enemigos la ley” sólo los ha conducido al descrédito. Y ya que la señora Dina Boluarte repite incesantemente que gobernará hasta 2026 que se levante del sillón estético y lidere una guerra coordinada contra la criminalidad que permita reducirla, sin discursos y con planes objetivos, que le permita  entregar un país medianamente encaminado.

Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.